El juez federal, Sebastián Casanello pone la lupa sobre el manual de instrucciones de las fuerzas represivas que comanda Patricia Bullrich.
El Ministerio de Seguridad respondió el pedido de informes que oportunamente hiciera el juez federal, Sebastián Casanello, a instancias de una presentación que hizo la legisladora Celeste Fierro, en la que se solicita que el Protocolo Bullrich sea declarado inconstitucional, por lo que hace tres días, el magistrado instó a que “en las próximas 72 horas”, esa cartera informe los “fundamentos jurídicos” de su aplicación y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos y organizaciones que atienden esa problemática en el orden nacional e internacional.
En su respuesta, Bullrich dijo que la resolución fue dictada de acuerdo “a la normativa” y aseveró que se adoptó porque imperaba “desorden en la vía pública” que representaba una “situación insoportable”, tras lo que cuestionó a la legisladora Fierro que, según sostiene, no está habilitaba para encabezar una demanda de este tipo. Casanello es titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 y reclama que el ministerio que encabeza Bullrich, informe si desde que se puso en vigencia el protocolo “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.
En el mismo contexto, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una denuncia realizada por la Asociación de Reporteros Gráficos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, en la que se pide que ese organismo proteja a quienes se manifiestan y a los trabajadores de prensa que realizan coberturas periodísticas de las movilizaciones.
El detonante de esta solicitud fue la brutal represión que, el viernes pasado, fue perpetrada por personal policial federal, de Gendarmería y Prefectura en las inmediaciones del Congreso Nacional, contra personas que se movilizaron para rechazar el proyecto de Ley Ómnibus, lo que dejó un saldo de más de una veintena de detenidos y varios manifestantes heridos.
Esta vez el Protocolo Bullrich profundizó el uso de prácticas de ataque importadas desde Israel, donde fueron desarrolladas por las fuerzas de ocupación contra el pueblo palestino. Son las mismas que empleó el Escuadrón Móvil Antidisturbios con que Iván Duque intentó frenar la pueblada de mayo de 2021 en Colombia, pero también las que se vieron en Chile durante el ocaso dem la presidencia Piñera y no hace mucho en Jujuy de la mano del gobierno que encabezaba Gerardo Morales.
En la práctica, el Protocolo Bullrich habilitó a que fuerzas federales actúen dentro de Ciudad de Buenos Aires que es un distrito en el que no tienen jurisdicción, lo que vuelve su accionar abiertamente ilegal. Y también lleva a cabo cambios normativos que fomentan brutalidad represiva, al tiempo que favorecen el uso de la intimación económica y la amenaza pública como herramienta de disciplinamiento por parte del Estado.
En este sentido la cosa toma características sumamente rocambolescas, lo que no las vuelve menos trágicas: hace dos días, públicamente, Patricia Bullrich dijo que va a pasar la factura del operativo represivo del viernes pasado a las “organizaciones presentes” en la manifestación que tuvo lugar ante el Congreso y anticipó que el monto de las multas ascendería a 134 millones de pesos.
Pero fundamentalmente, el Protocolo Bullrich empoderar a fuerzas policiales que, por formación y convicción, tienen una clara vocación represiva y se autoperciben como una suerte de cancerbero de la clase capitalista que actúa en el país. Entonces a nadie debe sorprender, cuando un informe recientemente presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, advierte que el Protocolo favorece condiciones para que se perpetren casos de violencia institucional, en tanto que fomenta su impunidad. Y da cuenta que desde la asunción presidencial de Javier Milei, en Argentina la policía ultimó a cuarenta personas, esto es, un promedio de una por día.