Fue en Rosario donde hace poco más de un mes una integrante de Hijos fue brutalmente atacada por dos hombres en su propia vivienda, de donde sólo se llevaron carpetas vinculadas a su militancia en la agrupación, al tiempo que dejaron estampada en una de las paredes el acrónimo “VLLC”.
Nuevamente Rosario fue escenario de un acto de violencia hacia una militante de Derechos Humanos, que se suma a una verdadera escalada que se viene perpetrando desde que Javier Milei es Presidente. Esta vez las amenazas son contra Natalia Moyano, quien es abogada querellante en causas iniciadas por la comisión de delitos de lesa humanidad que fueron perpetrados durante la última dictadura, quien hacia fines de marzo recibió en su casa una nota dirigida a su nombre, en la que se la insta a “rajarse a tiempo”.
La misiva anónima también le dice que deje de participar en ese tipo de causas y le advierte que hay “un sicario pago para ella y su familia”, por lo que por medio de un comunicado conjunto, las filiales rosarinas de Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos denunciaron este “nuevo hecho de violencia contra una militante de derechos humanos, perteneciente a nuestras organizaciones”, lo que se hizo ante la Fiscalía Federal 1 que está a cargo de María Virginia Sosa.
Este caso se suma al que fue perpetrado durante el anochecer del 5 de marzo, cuando una militante de Hijos, resultó brutalmente atacada por dos hombres que encontró al entrar en su departamento, tras volver de su trabajo. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso”, le dijeron entonces los agresores que después de atarla, golpearla y abusar sexualmente de su víctima, se llevaron sólo carpetas vinculadas a su militancia en la agrupación de Derechos Humanos, al tiempo que dejaron estampada en una de las paredes las letras “VLLC”, lo que se parece mucho al acrónimo “Viva La Libertad Carajo” que es la frase que hizo popular Milei durante la campaña electoral que lo llevó hasta La Rosada.
Por su parte, el intento de intimidar a Natalia Moyano, tuvo lugar pocos días después de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, públicamente desestimara escuchar los reclamos que se hicieron desde organismos de Derechos Humanos, ante la versión que indica que está estudiando beneficiar con indultos a ex policías juzgados y condenados penalmente porque se los encontró culpables de haber perpetrado crímenes gravísimos.
Con este telón de fondo, en esta provincia “integramos el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, desde donde nos hemos solidarizado con Natalia Moyano y nos sumamos al repudio que todos los organismos han realizado contra esta mecánica de amenazar y actuar contra militantes de Derechos Humanos”, recalcó la responsable del área de Derechos Humanos del Partido Comunista santafecino, Graciela Paccot.
Y tras señalar que se está organizando el Encuentro Provincial de Derechos Humanos, hizo hincapié en que todos los organismos que actúan en el territorio santafecino “nos pusimos de acuerdo para actuar de conjunto ante semejantes aprietes y medidas intimidatorias contra los compañeros”.
Por otra parte, hizo público el repudio a los dichos de Pullaro. “Se lo hicimos saber al director de Derechos Humanos, Emilio Jatón, porque es incomprensible que en esta provincia, con la represión que ha habido durante la dictadura y todo lo que hemos podido avanzar para conseguir Memoria, Verdad y Justicia, haya semejantes declaraciones del gobernador”.
Pero no sorprende que el mandatario provincial haga este tipo de declaraciones cuando, públicamente, exhibe un importante nivel de afinidad con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y los métodos represivos que se imponen desde esa cartera.
“Últimamente, además, Pullaro ha manifestado su intención de que se avance en la baja de la edad de imputabilidad de las personas, de dieciséis a catorce e incluso hasta doce años, algo que estamos combatiendo”, resaltó Gracciela Paccot y añadió que “por eso no nos sorprende en absoluto lo que dijo, porque todo lo que hace va en la misma línea que es atacar derechos y disminuir todos los avances que hemos tenido los organismo de Derechos Humanos”.
Y, asimismo, fustigó al gobierno provincial por “los cambios en el régimen procesal penal que su mayoría automática impuso en la Legislatura” algo que, advirtió, “va en contra de avances que hemos tenido para defender los Derechos Humanos en las cárceles y en situaciones de detención”.