Esta semana y por tercera vez volvió a pegar el faltazo el ex titular de esa obra social, Aldo Tonón.
El encuentro de esta semana de la Comisión de Juicio Político que desde 26 de enero viene llevando a cabo la investigación sobre diferentes casos que involucran a los integrantes de la Corte Suprema, se caracterizó por dos ausencias. Una fue la de Héctor Marchi quien en ese momento debía declarar ante el juez federal Ariel Lijo en una causa abierta por el manejo de los fondos de la obra social de la Corte y la otra fue la del ex titular de esa obra social, Aldo Tonón, quien pegó el faltazo por tercera vez. Ante esto la Comisión aprobó que va a recurrir a “la fuerza pública” para citarlo.
Lo de Tonón es sólo una más de las maniobras dilatorias que viene sufriendo esta investigación que pone en el ojo del huracán a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pero que también va exponiendo con crudeza las distintas imbricaciones que buena parte del Poder Judicial tiene con el universo del capital y su bloque de representación política.
Así las cosas, prosigue la tarea de la Comisión que fundamentalmente avanzó bastante en exhibir irregularidades y delitos en el caso de la obra social, pero también respecto al intento que los cortesanos hicieron por imponer el 2x1 en los casos de crímenes de lesa humanidad y la connivencia con el PRO alrededor de la presentación que hizo Horacio Rodríguez Larreta por la decisión que adoptó el gobierno nacional en torno a la Ley de Coparticipación. Y, asimismo, en el caso del tráfico de influencias en lo inherente al Consejo de la Magistratura.
“Una clave para pensar el proceso de juicio político a los miembros de la Corte, es que de fondo desentraña la necesidad poner discusión acerca de las problemáticas estructurales de Argentina”, reflexionó desde el Partido Comunista de Tandil, Matías Valdez Irazábal, y añadió que es preciso “desentrañar cuál es la forma en que se entrelazan los intereses de empresas y el Poder Judicial, pero también con una parte de la política, para poder avanzar en una verdadera democratización del Poder Judicial”.
Tras lo que, a la hora de hablar de las deficiencias que presenta el Poder judicial, recordó el caso de Florencia Gómez Pouillastrou. Y en la misma dirección se pronunció desde el MTL, Chavela Miño, quien hizo hincapié en que es necesario que se avance en una reforma judicial que tenga en cuenta la perspectiva de género. “Ante la falta de respuesta judicial, hay que visibilizar la complicidad de los actores judiciales y la ausencia e ineficacia del Estado en el caso del femicidio de Florencia y en otros casos en los que no permiten el avance de esclarecimiento y muestran su falta de compromiso por la lucha contra la violencia de género”, advirtió.