La jornada del miércoles produjo un cimbronazo en La Rosada. Javier Milei echó a un ministro y al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, para reemplazarlo por un ex gerente de Osde. Mientras tanto el despacho por la Ley Ómnibus, cada vez tiene más olor a podrido.
La contundencia de la jornada de paro y movilización del miércoles pasado impactó bajo la línea de flotación de un gobierno que, en su cabeza, tiene a un personaje proclive a actuar intempestivamente. En medio de las sospechas de que el proyecto de Ley Ómnibus tuvo despacho de comisiones merced al apriete y la compra de votos, el futuro que pueda correr la iniciativa en el debate de Diputados, aparece cada vez más incierto y del mismo modo se presenta el que pueda tener el DNU 70/2023.
De todos modos, en una semana que le fue difícil como la que está acabando, el gobierno puede mirar con satisfacción que el multiverso peronista sigue exhibiendo muchas de las fragilidades que en poco más de una década lo llevaron de pretender encabezar un proyecto hegemónico, a la foto de Cristina Fernández de Kirchner tomando juramento presidencial a Javier Milei.
Sobre esto habla con elocuencia la panquequeada del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y los diputados que le responden, algo que desde La Rosada esperan que sea sólo el inicio de otras fugas hacia “las fuerzas del cielo”, por supuesto, previo paso por la suite de Martín Menem en el Hotel Savoy o por el misterioso departamento de Recoleta. Y como para propiciar ese escenario, es que Milei amenazó con “dejar sin un peso” a los gobernadores que no intercedan ante sus legisladores para que acompañen el proyecto de Ley Ómnibus y, paso cañazo, el DNU.
Los dichos de Milei que rápidamente se hicieron públicos, le costaron el cargo a quien hasta ayer fue ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, a quien en La Rosada apuntan de haber sido quien los difundió. Pero no distan mucho de los que públicamente repitió durante los últimos días el titular de la cartera económica, Luis Caputo, quien desde su cuenta de la red social X, advirtió que si los mandatarios provinciales no hacen lo que quiere el gobierno, habrá recortes a los fondos provinciales.
Y en esto la cosa es clara. El gobierno nacional puede demorar los fondos coparticipables y sólo con hacerlo es capaz de complicar el pago de salarios y otros aspectos clave del funcionamiento administrativo de varias provincias. Esta es la carta que el gobierno espera jugar con éxito para poder someter el proyecto de Ley Ómnibus a una sesión que esperaba que sea inmediatamente tras el dictado del despacho comisiones, pero que hasta ahora se le sigue negando. Pero aunque haya dado cuenta del golpe recibido el miércoles, la Presidencia Milei parece dispuesta a seguir corriendo hacia delante y, entonces, además de echar a Ferraro, también se cargó al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Enrique Rodríguez Chiantore, para poner en su reemplazo a quien hasta no hace mucho era gerente de Osde, Gabriel Oriolo, en lo que significa el abierto desembarco en el Gobierno de las empresas privadas que prestan servicios de medicina. Y, para peor, en un ente clave para el universo sindical, porque es el regula las obras sociales y prepagas.
Cabe recordar que amparadas en la aplicación del DNU 70/2023, las prepagas exhibieron impúdicamente su cartelización y anunciaron drásticos aumentos que como suelen hacer, justificaron en que venían con un retraso en los precios de las cuotas. Esto pese a que durante 2023 fueron aumentadas en más de un 135,7 por ciento.
Depredadores
Los trabajadores argentinos formamos parte de los alrededor de quinientos millones de personas que todavía tenemos acceso a un sistema sanitario de base universal. Y esto es algo que no está de más decirlo, porque se trata de algo que está cambiando aceleradamente en buena parte del planeta y también aquí.
Uno de esos lugares donde la cosa se viene modificando son los países nórdicos, principalmente Suecia que es el país que últimamente se pone como ejemplo en pos de elaborar un discurso que justifique este afán privatizador del sistema de salud público, universal y gratuito que pretende avanzar en nuestro país.
Ahí se vienen llevando a cabo recortes de prestaciones, al tiempo que se habilitó y se fomenta la entrada en el sistema de empresas privadas con ánimo de lucro que lo vienen desmantelando para quedarse con las partes rentables del sistema sanitario, dejando el resto en manos del Estado.
¿Pero por qué? Se trata lisa y llanamente de un diseño que responde a las necesidades que actualmente tiene el sistema capitalista que, a diferencia de lo que pasaba hace algunas décadas en buena parte del planeta y también en Argentina, ya no considera necesario garantizar que toda la población tenga acceso a una asistencia sanitaria de calidad.
Para sintetizarlo. Tal como sus pares Previsional y Educativo, el sistema público, universal y gratuito de Salud surgió durante la segunda mitad del siglo 20, porque la Europa capitalista necesitaba pleno empleo para recuperar su aparato productivo devastado por la guerra y, para eso, precisaba de trabajadores sanos, educados y con la expectativa de que con los años tendrían asegurada una jubilación que les permitiera vivir bien. Y, fundamentalmente, porque del otro lado, esto era algo que garantizaban las experiencias de vías hacia el socialismo que por esos años experimentaban formaciones estatales de Europa oriental al influjo de la Unión Soviética.
Pero en la actual etapa de desarrollo de la Segunda Crisis de Larga Duración Capitalista, el pleno empleo es cosa del pasado y lo que el sistema impone es el precariado, un diseño para el que el capitalismo no necesita garantizar una asistencia sanitaria de calidad y por eso desmantela el sistema público, universal y gratuito. Y eso quizás funcione cuando todavía puede provocar que, sobre todo las clases medias, vivan la ilusión de que realizando esfuerzos económicos pueden acceder al sistema de salud gestionado por el sector privado.
Pero en una vuelta de rosca más, que exhibe con crudeza el nivel de deterioro sistémico del capitalismo del que la Presidencia Milei es un índice, aquí y ahora se avanza aceleradamente en la destrucción del sistema público lo que incentiva a que sectores de ingresos medios busquen afiliarse a prepagas. Pero con los tarifazos que autorizan a las prepagas, hacen que a esos mismos sectores les resulte imposible pagar las cuotas por lo que, más temprano que tarde, volverán al sistema público, universal y gratuito o a aquel que se gestiona mediante las obras sociales sindicales que el gobierno también busca desfinanciar.
Entonces, lo que queda claro es que más allá de las aparentes o reales discrepancias que pueda haber entre Federico Sturzenegger y Luis Caputo, incluso por encima de las intrigas palaciegas que desbordan La Rosada favoreciendo filtraciones que deschavetan todavía más al Presidente, un esquema de negocios confeccionado para favorecer a lo más concentrado de la clase capitalista que actúa en Argentina es el único programa de gobierno que tiene la Presidencia Milei.
Porque, una vez más, queda demostrado que para la clase capitalista y más allá de cualquier contradicción segundaria por seria que pueda ser, lo que prevalece es el espíritu depredador de clase que poseen sus actores. Y el factor ordenador que ejerce su núcleo duro que sabe que, quizás como pocas veces antes, está ante una formidable posibilidad de hacer verdad en Argentina aquella frase del multimillonario y gurú de las finanzas globales, Warren Buffett, que una década atrás y sin pudor reconoció que “hay una guerra de clases, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando”.