La derogación de la Ley de Alquileres ya hace sentir sus nefastas consecuencias. Una decisión a medida de fondos de inversión, bancos e inmobiliarias que conforman una cadena de generación de valor asociada a procesos de gentrificación y la voracidad de un negocio hecho sobre la necesidad básica de tener un techo.
Mientras en el Senado la vicepresidenta Victoria Villarruel echa mano a todas las artimañas propia de “la casta” para bloquear el tratamiento del DNU 70/2023, su entrada en vigencia de facto ya hace sentir sus consecuencias negativas para diferentes sectores. Entre ellos están las personas que se ven afectadas por la derogación de la Ley Nacional de Alquileres que, entre otras cosas, aceleró la desregulación el mercado inmobiliario.
Al respecto los datos que aporta la Encuesta Nacional Inquilina que hizo durante enero la Federación de Inquilinos Nacional, no deja ningún lugar para las dudas. De ahí se desprende que el 87,3 por ciento de quienes alquilan viviendas para habitar, sufrió ajustes en el precio del alquiler y uno de cada cuatro contratos nuevos o de renovación se hace por sólo seis meses, pero también los que se sustancian por menos tiempo pasaron de ser el cinco al veinticinco por ciento del total. Y todo esto en un contexto en el que la depreciación del salario que provocó la devaluación del 119 por ciento hace que, en promedio, los trabajadores que se ven obligados a alquilar, deban utilizar el 42 por ciento de sus ingresos para el pago de la vivienda que habitan, esto es, diez puntos más que antes de la desregulación.
Por otra parte, con la desregulación que impone el DNU 70/2023, dejó de existir un índice oficial que sirva de referencia para calcular el porcentaje de ajuste del precio y el tiempo por el que se extiende cada contrato de alquiler, al tiempo que de forma creciente se exige que los pagos se hagan efectivos en dólares billete.
Y a esto se le suma la espiralización de la inflación incentivada por la megadevaluación y un Estado que abandonó cualquier política de control de precios, lo que impulsó un crecimiento del endeudamiento familiar con el fin de poder pagar el alquiler: hoy el 56 por ciento de quienes alquilan padecen esta situación, lo que representa un crecimiento de seis puntos respecto al día previo a la asunción presidencial de Javier Milei.
Entonces, se profundizó aquello de que poder acceder a una vivienda más o menos digna para construir un hogar y sustentar proyectos de vida, representa gastos tremendos y endeudamiento. Es que esta desregulación descalabra la vida de cualquier familia y es un acto que provoca incertidumbre para las más de diez millones de argentinos, esto es, una de cada cuatro personas que viven en el país. Por eso a nadie puede sorprender que al ser consultados por cómo va a ser este año, casi el 93 por ciento de los encuestados respondió que 2024 será peor que el año pasado.
¿Quién pierde con esto?
La cosa es clara, tal como lo dice el texto del DNU cuando sostiene que “deviene imprescindible la derogación de la nefasta Ley de Alquileres 27.551” que de acuerdo al propio Milei busca “corregir” una norma que “ha hecho el daño al mercado inmobiliario”.
Esa definición explica todo, porque desde la mirada del actual gobierno, la vivienda no es un derecho ni un lugar desde donde construir la vida, sino una mercancía, un eslabón del mercado inmobiliario y de la cadena de financierización, ya que merced a los cambios en el Código Civil y Comercial, queda habilitada la posibilidad de que los contratos sean pactados “en cualquier moneda”, algo que contribuye drásticamente al profundizar el proceso de dolarización de la vivienda y del resto de la economía, que desde hace bastante se lleva a cabo en Argentina.
Y todo en un contexto en el que es creciente la cantidad de viviendas vacías que son objeto de la especulación de uno de los mercados más rentables que hoy tiene el país, pero también y sin lugar a dudas uno de los más parasitarios. Este proceso de mercantilización parece decidido a deglutir hasta el último metro cuadrado del espacio físico, sobre todo en las grandes ciudades del país. Y por eso es aquí donde también aparece con claridad el carácter antagónico que tiene el proyecto que la clase capitalista que, ahora y aquí, actúa por medio de la Presidencia Milei, con cualquier perspectiva humanista que comprenda que la vivienda es el sitio desde el que las personas construimos relaciones y proyectos de vida.
En la práctica e incluso teniendo en cuenta todas las imperfecciones que la norma tenía, la derogación de la Ley de Alquileres es un acto de gobierno tomado a la medida de un tándem compuesto por fondos de inversión, bancos e inmobiliarias que constituyen una cadena de generación de valor asociada a los procesos de gentrificación y la voracidad de un negocio hecho sobre la necesidad básica del acceso a un techo digno.