Uno de los efectos del DNU 70/2023 que se hace sentir en lo cotidiano es el vinculado a la derogación de la Ley de Alquileres. Precios por las nubes y condiciones leoninas son la nueva postal que desafía a quienes quieren conseguir una vivienda.
Después de lo que pasó el viernes en la Asamblea Legislativa, queda claro que resulta imperioso que los senadores y diputados de las bancadas no oficialistas, actúen decididamente y volteen el DNU 70/2023 que aunque acumula algunas decisiones judiciales en su contra, continúa vigente y sigue haciendo estragos.
Como se recordará, a pesar de los reiterados pedidos de inconstitucionalidad presentados en su contra, está vigente buena parte del núcleo duro de esta herramienta, mientras que sobre el resto pesan medidas cautelares que es probable que acaben teniendo que ser consideradas por una Corte Suprema que hasta ahora decidió dejar que sea la dinámica de la política la que acomode el escenario.
Fundamentalmente lo que está vigente del DNU es la derogación de las leyes de Alquileres, de Abastecimiento, de Góndolas, de Tierras y la que impedía la política de cielos abiertos, pero también sus capítulos que permiten que el gobierno a avance en la desregulación de muchos sectores de la economía y la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas.
Y uno de los aspectos donde el DNU 70/2023 se hace más palpable, pero a la vez lacerante, es en lo inherente al derecho que todos tenemos a vivir en un lugar digno, ya que con la desregulación que impuso la derogación de la Ley de Alquileres, se estableció una suerte de ley de la selva que si bien ya existía, ahora está amparada por una norma que tiene peso legal, por lo menos hasta que el Congreso o el Poder Judicial decida dejarla sin efecto.
Pero quienes tenían expectativas de que sea el Poder Judicial quien lo haga, sufrieron una decepción cuando la semana pasada el titular del Juzgado Civil 53, Damián Ventura, rechazó dos medidas cautelares contra la derogación de la Ley de Alquileres, que fueron presentadas por la organización Inquilinos Agrupados y la Asociación Civil por un Hogar en Argentina.
Para el juez Ventura, el apartado del DNU que suspende la aplicación de la ley de alquileres, no plantea conflicto ni afecta particularmente a nadie, por lo que “no hay nadque la Justicia tenga que hacer al respecto”.
Pero más allá del punto de vista del magistrado, lo cierto es que los efectos del DNU son devastadores para el universo de personas que se ven obligadas a alquilar el sitio que habitan, pero también representa un costo extra para los que lo hacen para ejercer el comercio, por lo que en tanto costo fijo, el precio de la renta se convierte en un factor netamente inflacionario.
Es verdad que ya existía una situación previa compleja, pero lejos de solucionarla con algún criterio de justicia, la desregulación la agrava en tanto deja desprotegida a la parte más vulnerable que es el locatario, mientras que favorece condiciones para que el universo locador se vuelva cada vez más concentrado.
Así, desde la eliminación de la Ley de Alquileres, se verifica que cada vez más las nuevas locaciones se rigen por medio de plazos de duración, precio y moneda de pago que son determinados de forma arbitraria por el locador.
Asimismo, tal como lo señala Inquilinos Agrupados, a partir de la entrada en vigencia del DNU, se produjo una brusca caída de la oferta de inmuebles destinados a alquiler, así como una drástica suba de precios determinada, entre otras cosas, por la escasez de oferta.
Y esto se ve favorecido por la creciente concentración que se verifica en el sector locador donde desde hace varios años se asiste a un cambio de perfil: cada vez hay menos particulares que poseen una o dos viviendas que alquilan para reforzar sus ingresos, y cada vez aparecen más conglomerados empresariales con fuerte ramificación en el negocio inmobiliario que van copando el mercado.
Para ello, en Ciudad de Buenos Aires, estos conglomerados vienen contando con un formidable aliado que es la Gestión PRO que, sólo durante los últimos cinco años, remató casi quinientos inmuebles de herencia vacante, tal como lo revela un reciente informe de Inquilinos Agrupados que se basa en datos recabados de las subastas públicas que hace el Banco Ciudad.
Esto equivale a alrededor de sesenta mil metros cuadrados que se pudieron utilizar para que el Estado de esta jurisdicción tuviera una formidable herramienta de intervención en el mercado inmobiliario a partir del diseño de planes de alquiler temporario y acceso a la vivienda, tal como se hace en ciudades de Francia, Países Bajos o Alemania.
Pero, tal como suele ocurrir en cada decisión que toman quienes prometen una Argentina parecida a ese “primer mundo” que miran obnubilados, lo que hacen es adoptar soluciones típicas de una republiqueta bananera. Porque a la hora de actuar sobre realidad, lo que hicieron fue generar las condiciones para que esos inmuebles queden en manos de los dueños del negocio inmobiliario, que crece en la Ciudad de la mano de la gentrificación, mientras que cada vez son más los que no pueden acceder a una vivienda digna.