Pese a tener estatus de refugiado ante la ONU, en tándem con el gobierno nacional, la Corte Suprema decidió dar luz verde al procedimiento que puede acabar entregándolo a Italia.
En diciembre del año pasado el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el abogado Gerardo Etcheverry, advertía sobre el peligroso escenario que se dibujaba a raíz del avance del Ministerio de Seguridad sobre la Comisión Nacional para los Refugiados (CoNaRe), algo que por esos días se verificaba en una reforma que transformó “el refugio que debe ser una herramienta humanitaria de amplio uso en Nuestra América, en un nuevo espacio de aplicación de las políticas imperiales”.
En tal sentido, explicaba que en adelante el gobierno argentino “concederá refugio a los amigos de EE.UU. o de la derecha internacional y lo negará a quienes no lo sean” y alertaba que ya por esos días ese camino se estaba transitando con la detención del italiano Leonardo Bertulazzi. Ya en abril, en ese contexto, calificaba como algo gravísimo que se estuviera revisando la situación de una cantidad de refugiados, entre ellas “algunas personas con decenas de años el país como Leonardo Bertulazzi”, al tiempo que denunciaba que “la posición del gobierno nacional es expulsar y quitar la condición de refugiadas a todas aquellas personas que no tengan una línea parecida a la de EE.UU. que es la que sigue al pie de la letra este gobierno”.
Pasaron dos meses y aquello sobre lo que alertaba Etcheverry pasa a ser una realidad con la decisión adoptada por la Corte Suprema, que avaló la extradición a Italia de Leonardo Bertulazzi, quien desde la semana pasada quedó detenido en su vivienda por orden de la jueza federal María Servini.
Bertulazzi integró durante la década del 70 del siglo pasado las Brigadas Rojas y, desde 2004, está radicado en Buenos Aires porque el Estado argentino le concedió el estatus de refugiado político, algo que ahora y con una nueva composición a medida del gobierno que encabeza Javier Milei, la CoNaRe revocó lo que pone a Bertulazzi a las puertas de ser deportado a la Italia que gobierna Giorgia Meloni. Ahí lo espera una condena a 27 años de prisión, sentencia que se le dictó en ausencia.
En este punto, cabe hacer hincapié en que sobre fines de agosto de 2024, la Presidencia Milei echó mano a las facultades delegadas por la Ley Bases para incluir por decreto a un integrante del Ministerio de Seguridad en la CoNaRe. Y lo hizo para que se ocupe el puesto correspondiente al Inadi, que quedó vacante después de que el gobierno nacional resolviera la disolución de este organismo.
En este marco, el abogado que representa a Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, presentó un hábeas corpus correctivo con el que intenta poner freno a la extradición, recalcando que su defendido posee estatus de refugiado ante la ONU.
Bertulazzi tiene actualmente 73 años, trabaja como lutier y diseñador gráfico y en diciembre de 2024 sufrió un ACV, pese a lo cual el tribunal que interviene en su caso no lo autorizó para realizar caminatas en zonas próximas a su domicilio, tal como lo recomendaron los médicos que lo asisten.
