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Jue, Ago

Derechos Humanos

Desde el NOA, organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Liga, hicieron público su repudio a las recientes declaraciones del designado embajador yanqui que constituyen “una inaceptable intromisión en los asuntos internos de nuestro país”. En el mismo sentido se pronunció el Partido Comunista de La Pampa.

El Partido Comunista de La Pampa hizo público su repudio a las recientes declaraciones del designado embajador estadounidense ante Argentina, Peter Lamelas, al tiempo que celebró que el gobernador Sergio Ziliotto se haya pronunciado en idéntica dirección. “Cada vez que Estados Unidos ‘salva’ a un pueblo, lo deja convertido en un manicomio o un cementerio”, sostuvo el PC pampeano al hacer propias las palabras del escritor Eduardo Galeano y recordó que el mandatario provincial fue claro al fustigar “la intromisión del designado embajador de EE.UU. en los asuntos internos de las provincias”.
Al respecto, el Partido Comunista de esta provincia recordó que la Constitución Nacional “otorga derechos económicos y soberanía política a cada una de las provincias” y también que los acuerdos comerciales “serán refrendados por los poderes del Estado elegidos democráticamente por el voto popular”, en alusión a la relación comercial que La Pampa tiene con China, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que mencionó Lamelas cuando aseveró que trabajará en contra de las relaciones comerciales y sociales que tienen con las provincias argentinas. Al respecto, aseveró que “estamos ante la presencia de un representante de EE.UU. que está viviendo sus últimos días de potencia hegemónica y en esa decadencia se vuelve más violento hacia los pueblos”.

Por otra parte, desde el NOA, organismos de Derechos Humanos hicieron público su enérgico rechazo a la actitud adoptada por Lamelas, que constituye “una inaceptable intromisión en los asuntos internos de nuestro país”, al tiempo que sus dichos “contradicen el principio de no intervención consagrado por el derecho internacional, particularmente en el artículo 2, inciso 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro”.

En esta declaración  que, entre otros organismos de DDHH, suscribe la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), se remarca que las declaraciones de Lamelas “vulneran el espíritu del Tratado de Tlatelolco, que refuerza la autonomía de América Latina en decisiones soberanas y del Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce el derecho de los pueblos a determinar libremente su sistema político”.

Asimismo, los organismos puntualizan que estas declaraciones afectan directamente el artículo 1° de la Constitución Nacional que establece que nuestro país adopta “una forma de gobierno representativa, republicana y federal”, además del artículo 75, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos que amparan la autodeterminación de los pueblos.

Por todo esto, los organismos de Derechos Humanos rechazaron “toda forma de subordinación política”, al tiempo que exigieron que Lamelas se rectifique públicamente, así como que las autoridades argentinas tengan “una postura firme y clara en defensa de nuestra soberanía” que debe traducirse en el rechazo institucional de su designación “hasta tanto se respete el principio de no intervención y el pleno reconocimiento de nuestra autodeterminación como nación libre y soberana”.

Junto a la de la Ladh se suman las firmas de la Casa de la Memoria Catamarca, Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet e Hijos de Salta, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Asociación de Ex Presos Políticos de La Rioja, la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo y Ex Presos políticos regional Ledesma, entre otros espacios adherentes.

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La denuncia alcanza al personal policial de la comisaría de Ulapes. “Si aquí no termina alguien castigado por la ley, es porque no existe la ley”, advirtió el Secretario Político del Partido Comunista de La Rioja, Rogelio de Leonardi, ante este hecho que calificó como “un retroceso inadmisible para la vida democrática del país”.

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Fue lo que el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos José Luis Legarreta, consideró que representa la resolución del juicio PC 2 que recientemente acabó con la condena de dos ex gendarmes en Concepción del Uruguay por los crímenes de secuestros, allanamientos y tormentos contra siete militantes del Partido Comunista y sus familias.

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La líder de la Tupa Amaru continúa internada en La Plata y la Liga Argentina por los Derechos Humanos manifestó su solidaridad con ella, como lo hizo a lo largo de los diez años y medio que lleva como presa política. “Hago responsable al Poder Judicial por el acoso al que es sometida” señaló por su parte Jorge Rachid, médico personal de Milagro.

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De esta manera categórica, la magistrada Alicia Vence dictó ayer sentencia en el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de José León Suárez. Si no hubiera ganado la impunidad biológica, Aramburu y Rojas hoy irían presos. “Es el reconocimiento a la lucha y resistencia de los sobrevivientes y sus familiares”, recalcó al celebrar esta conquista Víctor Hugo Gómez, dirigente del PC y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de San Martín, quien fue testigo por la querella.

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Se llevó a cabo en la sede de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, para recordar y homenajear a este militante comunista asesinado por la Triple A. Se contó con la presencia de representantes del PC y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, encabezados por su presidenta Iris Pereyra de Avellaneda.

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Se prevé que en breve se dicte una sentencia que devele la responsabilidad histórica del Estado en aquellos fusilamientos a miembros de la resistencia peronista cometidos hace setenta años. Entre quienes integran la querella está la Comisión por la Memoria de San Martín y, en ese marco, uno de los testigos fue el  dirigente del Partido Comunista bonaerense y ex preso político Víctor Hugo Gómez.

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Comenzó el martes el juicio que pone en el banquillo de los acusados a quienes se imputa de haber participado, dos años atrás, en la desaparición de Loan Peña a sus cinco años de edad. Previo al inicio, en la capital de Corrientes hubo una marcha en la que se dirigió a los presentes la presidenta del Partido Comunista provincial, Sonia López.

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