“Empeora lo que ya estaba”, definió el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, al referirse a esta decisión de la Presidencia Milei. También advirtió que “le dan más discrecionalidad al Ministerio de Seguridad” , lo que puede derivar en que Patricia Bullrich disponga de una suerte de “policía secreta y fuerzas de choque” a su servicio.
Al filo que de finalice el plazo de vigencia de las facultades delegadas otorgadas al ejecutivo nacional por la Ley Bases, el gobierno que encabeza Javier Milei utilizó decretos para realizar una reforma integral que alcanza a todas las fuerzas de seguridad, por medio de modificaciones que actualizan leyes orgánicas, estructuras y competencias de Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Esta reforma integral, que de esta manera eludió pasar por el Congreso, alcanza a cuatro de las cinco fuerzas federales de seguridad que, a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial del 8 de julio, van a tener noventa días para la presentación de proyectos de reglamentación que permitan adecuarlas a la nuevas disposiciones.
“Salieron varios decretos en el último día que les quedaba para publicar las medidas que van en la dirección de la destrucción de algunos aspectos del Estado y del fortalecimiento de otros, que ratifican lo que ya dijimos varias veces: que Milei vino a destruir todo aquello del Estado que pueda servir al bien común y a los derechos de las personas y a fortalecer las áreas que sirven para la represión y el control de la población”, recalcó al respecto el vicepresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh).
En este sentido, enumeró que “se elimina Vialidad Nacional, los controles a los transportes, el Fondo Nacional de Lucha contra el Fuego que pasa a un fondo general del Ministerio de Seguridad Nacional, entre otras tantas áreas que tienen que ver con la defensa real de los intereses de quienes vivimos en Argentina”, mientras que por medio de cuatro decretos, se modificaron las normativas de Prefectura, Gendarmería, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “Tal como ya lo habían hecho con la Policía Federal ahora se modifican las estructuras de todas las fuerzas de seguridad”, graficó Etcheverry.
Por otra parte, el vicepresidente de la Ladh puntualizó que estos decretos les brindan a las fuerzas “mayores facultades para realizar investigaciones directas y digitales, incluso sin control de la Ley de Inteligencia”, pero asimismo le otorga más atribuciones a la cartera que preside Patricia Bullrich “para manejar a las fuerzas a su antojo”, ya que varias de estas normas indican que “además de las tareas que se les dan con estas modificaciones, deben cumplir con cualquier orden directa que les dé el Ministerio de Seguridad Nacional”.
Este marco “deja en claro que quieren que estas fuerzas sean utilizadas como fuerza de choque, algo que se ve con claridad en el caso de la Prefectura, por ejemplo, cuando el Ministerio de Seguridad le da atribuciones para ‘mantener el orden público’”.
¿Pero más allá de las atribuciones que el Congreso delegó en el Ejecutivo Nacional por la Ley Bases, puede cuestionarse la constitucionalidad de este paquete de medidas? “Ningún decreto puede autorizar a realizar tareas de inteligencia” recalcó Etcheverry y añadió que “por eso es que esta iniciativa del gobierno ya aparece a simple vista como claramente inconstitucional”, no obstante “hay muchas otras cosas incluidas en estos decretos que también son inconstitucionales”.
Por lo tanto, y para finalizar, el vicepresidente de la LADH hizo hincapié en que los decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, “empeoran lo que ya estaba”, entre otras cosas “porque le dan más discrecionalidad, que es una forma elegante de decir arbitrariedad, al Ministerio de Seguridad Nacional”, ya que esto convierte a las fuerzas de seguridad en una suerte de “policía secreta y fuerzas de choque” al servicio de la cartera que actualmente preside Patricia Bullrich.
