Derechos Humanos

Sonia López y Federico Nanzer son querellantes en una denuncia contra Javier Milei, a raíz de diversas declaraciones en las que el Presidente ataca y denuesta al Partido Comunista. “Cuando agreden derechos conquistados por los trabajadores, también se golpea al comunismo, al marxismo, el socialismo y la revolución y, en particular, al PC”, puntualizó el titular del PC de Córdoba.

Con el patrocinio del abogado Duilio Ramírez, la presidenta del PC de Corrientes y el titular del Partido en Córdoba, Sonia López y Federico Nanzer, hicieron una presentación ante el Juzgado Federal 8 de Comodoro Py a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, en la que se constituyen como querellantes en la denuncia contra Javier Milei caratulada como coacción, incitación a la violencia colectiva, injurias y por infringir el artículo 2 de la Ley 23.592, que condena los “actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. 

La denuncia se basa en diferentes episodios en los que Milei atacó al Partido Comunista, su acervo cultural y su simbología. “Básicamente hay una saga que comienza con una carta documento, sigue con una denuncia y, posteriormente, nos constituimos como querellantes”, recordó Nanzer y añadió que los hechos en cuestión “son intervenciones públicas del presidente, hechas en diferentes lugares como el Foro de Davos, en la escuela donde realizó su secundaria y entrevistas periodísticas en las que reiteradamente señala a la cultura comunista, a la ideología marxista, al PC y sus símbolos como si fuéramos un proyecto antidemocrático, antilegítimo, antinación con lo que busca ponernos al borde de la ilegalidad como fuerza política”.

Uno de los detonantes de esta denuncia es un posteo que realizó el Presidente en la red social X, donde se puede ver el dibujo de un león violentando con una maza a los elementos simbólicos de la identidad del PC, lo que hizo que en enero pasado, Sonia López lo intimara a que “ratifique o rectifique” si tuvo algún tipo de vínculo con la autoría de tal publicación (Ver Intiman a Milei).

“Por eso es que nos constituimos como querellantes dejando en claro que somos una fuerza política de la democracia argentina, tenemos personería jurídica electoral, participamos abiertamente de los comicios locales, provinciales y nacionales, tenemos una vida política prolífica con participación democrática en organizaciones sociales, sindicales y populares desde hace 106 años”, recalcó Nanzer.

Pero también puntualizó que “hemos sido parte de la construcción de la cultura democrática del pueblo argentino y de su historia”, por lo que “no vamos a permitir que se nos estigmatice, se nos persiga ideológicamente y mucho menos que se nos ilegalice” ya que, advirtió, “cada vez que se intentó ilegalizar, estigmatizar o macartizar al comunismo, se lo hizo de la mano de ataques furibundos contra el pueblo y su calidad de vida”.

Entonces, “cuando atacan los derechos conquistados por los trabajadores y el pueblo al que se golpea cotidianamente, también se golpea al comunismo, al marxismo, el socialismo y la revolución y, en particular, al PC”.

La denuncia alerta que Milei “atenta de manera violenta y agresiva contra nuestros derechos civiles, políticos y partidarios”, tras lo que puntualiza que “se encuentran violentados nuestros derechos con arreglo a los art. 18, 19, 37, 38 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional”, de ahí que se “intenta criminalizar, estigmatizar y perseguir a los ciudadanos y ciudadanas argentinas que se consideren comunistas”.

En este sentido, es clara cuando indica que “quieren volver a usar a nuestra identidad política como el chivo expiatorio, para perseguir y detener a todos los opositores” y recuerda que “el discurso anticomunista fue la ideología del genocidio en la República Argentina”, por eso es que “nuestro partido fue aceptado en numerosos Juicios de Lesa Humanidad como parte querellante, ya que fuimos víctimas sistemáticas de la detención y desaparición de personas”.

Asimismo subraya que, en varias ocasiones, el presidente “desarrolla un discurso de odio necesario para el resurgir de la violencia política en la Argentina”, por lo cual Nanzer resalta que “con esta presentación decimos que con nosotros no, ponemos un límite y en este caso lo hacemos solicitándole a la Justicia que le impida al Presidente hablar sobre el PC y el comunismo de la manera en lo que viene haciendo”.

Pero también “para impedir que pueda mancillar nuestros símbolos, como hicieron con la imagen del león aplastando una bandera roja con un martillo y una hoz que pertenece nuestra historia”, al tiempo que “es el símbolo aprobado por la Justicia Electoral al darle la personería electoral al PC”.

Esto es “que la Justicia impida al presidente nombrarnos, bastardearnos, estigmatizarnos y utilizar nuestros símbolos, identidad y bandera para hacer propaganda política para su proyecto ideológico y partidario”.

 


Con lucha, sin pacto

 


Así las cosas, la vía judicial, sale al cruce de dichos y acciones concretas que son un correlato de las barbaridades que viene perpetrando desde la gestión presidencial Javier Milei. “El Comité Central del PC estableció una línea de confrontación frontal con el proyecto libertario de la ultraderecha anarcocapitalista en Argentina”, recordó Nanzer y señaló que por eso “decimos ni un minuto de tregua’”.

Esto, puntualizó, es preciso ante un gobierno que lleva a cabo “una agresión en toda las líneas, como nunca fue visto en la historia reciente del país”.

Y añadió que “ni el macrismo o la dictadura se animó a tanto y tan rápido, pese a que la dictadura tuvo un componente extra en los asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas de personas a las que nuestro pueblo acaba de responder contundentemente diciendo que no olvidamos, pero tampoco perdonamos y seguimos diciendo que fue una dictadura militar que desapareció 30 mil personas”.

Con este telón de fondo, el titular del PC de Córdoba advirtió que “la agresión del gobierno libertario de ultraderecha, va contra de cada una de las conquistas que ha tenido nuestro pueblo durante los últimos ochenta años”, por lo que “los comunistas hemos dicho que no vamos a permitirlo y llamamos a todas las fuerzas políticas populares, a las dos CTA, a la CGT, la Utep y los movimientos sociales a que vayamos elaborando una programática y una confrontación callejera coherente con la magnitud del ataque que padece nuestro pueblo”.

Y tras sostener que “los comunistas estamos muy preocupados porque ante semejante agresión las respuestas que damos las organizaciones del pueblo siguen siendo tenues e insuficientes”, recordó que “en estos días van a salir cerca de veinte mil telegramas de despido para trabajadores del Estado y dicen que hay cincuenta mil contratos más en estudio para ser rescindidos”.

En este contexto, Nanzer dijo que es preciso recordar que durante los últimos veinte años no se avanzó en el pase a planta permanente de decenas de miles de trabajadores
estatales, “lo que le facilita al actual gobierno rescindir los contratos de miles de laburantes”.

Pero también “la universidad no tiene presupuesto para funcionar después de mayo, el Conicet carece de presupuesto para renovar a sus becarios y en cada una de las políticas de gestión del Estado vemos un desmantelamiento furibundo” ya que “este proyecto quiere desmantelar y pulverizar al propio Estado”.

Por eso insistió en que no es tiempo de respuestas moderadas y convocó “a construir las condiciones en el movimiento popular, para poder encontrar un punto de radicalización de la lucha”, ya que “si no logramos radicalizarla, el plan del gobierno se va a acabar de consumar con el genocidio económico y cultural que viene sufriendo nuestro pueblo”.

Entonces consideró pertinente la presentación judicial que lleva su firma, pero asimismo “las posiciones públicas que ha tenido el Comité Central del PC, en un año en el que el Partido va a discutir profundamente su táctica, su estrategia y programa, y realizará un congreso nacional para establecer mejores y más eficaces herramientas, para no permitir que el proyecto que encarna el gobierno avance, golpearlo todo el tiempo poniéndole la mayor cantidad de obstáculos posibles, porque no queremos que
a Milei le vaya bien, porque si le va bien le va a ir pésimo es al pueblo”.

Así, después de instar a presionar para que Diputados declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 y que evite que prospere cualquier intento de revivir el proyecto de Ley Ómnibus, anticipó que “si finalmente intentan hacer el Pacto de Mayo, en mi provincia vamos a convocar una contracumbre como fue la Cumbre de los Pueblos que hicimos en Mar del Plata, allá por 2005, cuando entre todos le dijimos ‘Alca…al carajo’”.

Y recalcó que, “con ese mismo espíritu haremos una contracumbre del pueblo que impida que se concrete este nuevo pacto que pretende ser refundacional de la república burguesa para el siglo 21”.

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A partir de mañana César Albarracín, Rubén Escobar, Patricio Finnen y Julio Casanova Ferro se van a sentar en el banquillo de los acusados para responder por los crímenes que cometieron en los Centros Clandestinos operados por la SIDE y la patota de Aníbal Gordon. Estos represores son algunos de los responsables del secuestro y desaparición de los militantes del PC Carmen Román, Luis Cervera Novo, Isidro Gómez y Juan Arano. 

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La hicieron pública la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista ante las amenazas del “Gordo Dan” contra esta abogada que representa a Pablo Grillo y es una reconocida activista del “No a la baja”.

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Organismos de Derechos Humanos pidieron que Rogelio Frigerio los reciba para plantearle su “profunda preocupación” por el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad,  que viene siendo vaciado por las políticas del mandatario provincial, en sintonía con el ajuste y el negacionismo del gobierno nacional.

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“Son perversos”. Así definió Iris Pereyra de Avellaneda a la diputada Lilia Lemoine y los mileístas que se burlaron públicamente de las víctimas de los Vuelos de la Muerte. Familiares de víctimas pidieron, con la adhesión de organismos de Derechos Humanos, que Lemoine sea expulsada del Congreso y la denunciaron por el delito de apología del terrorismo de Estado.

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El juez Federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en marcha, hace dos años, la entonces ministra de Seguridad. “El Protocolo es una señal política que dice que ‘está bien’ reprimir a los manifestante  y esta resolución judicial va en sentido contrario a ese criterio”, reflexionó el vicepresidente de la Liga, el abogado Gerardo Etcheverry.

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En la continuidad de lo que fue el celebrado en Concepción del Uruguay, esta vez la cita fue en la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde organismos de Derechos Humanos de ambos márgenes del Río de la Plata, reflexionaron sobre el Plan Cóndor su impacto y vigencia.

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Dieciséis represores fueron sentenciados a cadena perpetua en el contexto de la Megacausa del Comando V del Éjercito por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. “La justicia tarda en llegar y el reloj corre a favor de estos genocidas, por eso es muy importante lo de este juicio”, dijo desde el PC bahienese Guillermo Colantuono, quien sostuvo además que “para que lo de Memoria, Verdad y Justicia sea una realidad plena es necesario construir una estrategia de poder popular”. Por su parte, el diario La Nueva Provincia deberá rectificar lo publicado entonces en sus páginas, cuando presentara a estas víctimas del secuestro y la desaparición como “ultimadas en enfrentamientos en la vía pública”.

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua impuesta al ex gendarme Eduardo Abelardo Britos por el homicidio del campesino Wenceslao Pedernera, cometido en 1976 durante la última dictadura militar en La Rioja.

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“2025 fue un año de lucha en el que no tuvimos la fuerza suficiente para frenar todas las iniciativas del gobierno, pero nunca dejamos de luchar y continuaremos haciéndolo”, recalcó en la ocasión Gerardo Etcheverry, el vicepresidente de la LADH. En tanto que su presidenta, Iris Pereyra de Avellaneda, destacó las condenas que en el cierre de este año obtuvieron los responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo y la resistencia contra los cierres de los sitios por la Memoria, como la que ella misma protagoniza desde la Comisión de Campo de Mayo.

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Militares e integrantes de distintas fuerzas de seguridad que actuaron en Comodoro Rivadavia desde principios del año 1976 en el centro clandestino Las Casitas y en otros escenarios, como la sede de Prefectura y de la Policía provincial, fueron condenados por sus crímenes en la dictadura. 

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Así lo recalcó la secretaria de Géneros de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, Analía Fonzalida, al reflexionar sobre la campaña nacional con la que Ctera pide que se lleve a juicio a los responsables del asesinato de los hermanos Arancibia. “Isauro fue el maestro que no sólo enseñó una asignatura, sino también a pensar”, definió.

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Ante un nuevo aniversario de este caso emblemático, Nuestra Propuesta dialogó con uno de los abogados querellantes que tuvo la causa, Duilio Ramírez, quien reflexionó sobre las enseñanzas que deja el proceso que llevó a las condenas de nueve de los responsables de la Masacre; un ejercicio indispensable en momentos en los que desde el gobierno nacional se pretende borrar todo lo vinculado a la lucha por los Derechos Humanos.

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Diciembre es, en la Argentina y en todo el continente, un mes de lucha y de memoria. En ese marco, se realizó en Buenos Aires un nuevo foro latinoamericano por la libertad de los presos del Imperio en el continente, junto con diversas actividades y comunicados conmemorativos a cuarenta años de la sentencia dictada por el tribunal que llevó adelante el Juicio a las Juntas.

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Desde La Violeta en Suteba, Alba Werenchuk, hizo hincapié en la pertinencia que tiene la campaña llevada a cabo por Ctera para sumar firmas en apoyo al pedido de inicio del juicio oral por los asesinatos de Isauro y Arturo Arancibia.

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Los dos principales responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo recibieron penas de veinticinco años. “Fue una verdadera masacre”, señaló Iris Avellaneda, quien en ese momento, como presa política, estaba alojada a pocos metros del sitio de la matanza. Y puntualizó que “para que ningún genocida quede fuera del alcance de la ley, hay que seguir luchando y resistiendo, siempre por Memoria, Verdad y Justicia”.

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Con epicentro en Plaza de Mayo ayer jueves se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este contexto, el vicepresidente de la Liga, Gerardo Etcheverry, fustigó la designación de Joaquín Mogaburu como subsecretario de DDHH, ya que “es una persona que justifica lo hecho por la dictadura con el argumento falaz de ‘la historia completa’”.

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Así lo definió desde Agmer el integrante de la CoNaT, Leandro Pozzi, al referirse a la campaña lanzada por Cetra para exigir que se juzgue a los responsables del crimen de los hermanos Arancibia. Y añadió que “estos delitos son imprescriptibles por ser de lesa humanidad”.

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En Quilmes, militantes del Partido Comunista y la Corriente Nacional Lohana Berkins restauraron un mural que honra la memoria de Florencia Gómez.  Y coincidieron en afirmar que, a través del arte y el muralismo “renovamos nuestro compromiso de seguir exigiendo verdad y justicia por Flor”.

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Fue en Avellaneda,  donde se pintó un mural y se festejó el cumpleaños del fotorreportero herido de gravedad en marzo pasado por la gendarmería al mando de Patricia Bullrich en el marco de una protesta de jubilados. Mientras continúa con su recuperación, Pablo envió un saludo a quienes estuvieron presentes en la jornada, en la que participaron el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.  

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La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada. 

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Ayer 7 de diciembre recibimos la dolorosa noticia del fallecimiento de Oscar Castelnovo, un militante por los Derechos Humanos que tendió siempre su mano solidaria a los presos políticos sin importar su ideología o filiación partidaria. Periodista y escritor, hizo de su oficio una tribuna para la defensa encendida de los luchadores perseguidos por el mismo sistema que los marginaba y para amplificar el ideal de una sociedad con garantías y derechos universales consagrados en la realidad concreta de los pueblos. Apasionado por sus convicciones, vivió para entregarse sin especulaciones a las causas justas. Militó en el PC y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Fue redactor del Diario Sur y de Nuestra Propuesta allá por la década neoliberal del 90´. Ya en este siglo, fundó la Agencia Rodolfo Walsh y la Agencia para la Libertad. Y a cada artículo, cada libro y cada palabra escrita a lo largo de su vida les puso siempre el cuerpo.

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El próximo jueves por la tarde la Plaza de Mayo va a volver a ser el escenario de una jornada convocada “con los Pañuelos Blancos como bandera” en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

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“Como decimos siempre, a donde vayan los iremos a buscar, tengan la edad que tengan”, dijo desde La Violeta, Julieta Alonso, al celebrar que Ctera lleve a cabo la campaña nacional para exigir que se juzgue a los acusados del asesinato de Isauro y Arturo Arancibia.

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray por el secuestro y desparición del abogado y militante boliviano Gustavo Medina Ortíz y llamó a dictar una nueva pena, en una decisión que cuestiona el alcance que tuvo el Plan Cóndor.

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El jueves 11, Plaza de Mayo va a volver a pintarse de resistencia para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. “La idea es reforzar el proceso de construcción de Memoria, Verdad y Justicia y reafirmar el compromiso que hemos hecho durante las últimas cuatro décadas”, puntualizó Malena Silveira desde la Liga.

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Fue en Tafí Viejo, Tucumán, en un nuevo aniversario del fallecimiento de este joven militante de la Fede, baleado por una patota de Antonio Domingo Bussi en 1987. Ante su tumba, integrantes del Partido Comunista y familiares lo recordaron, exigiendo justicia y reafirmando el compromiso de seguir levantando sus banderas.

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Se sustanció en Resistencia un nuevo Juicio por la Verdad. En este caso se pudo establecer qué pasó con el militante misionero Carlos Tereszecuk. “Estos procesos son un aporte contrario a la corriente de crueldad que parece imperar, porque si por el poder fuera, nombres como los de Tereszecuk y tantos otros seguirían en el olvido”, sostuvo el abogado querellante, Duilio Jorge Ramírez.

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Un docente de bioquímica fue sancionado por reivindicar el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Índice de Abuelidad, instrumentos científicos que han hecho un aporte clave para devolverles su identidad a decenas de Nietes recuperados por Abuelas. Contundente reacción solidaria por parte de organizaciones de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el Partido Comunista.

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Un represor organiza una marcha hacia Plaza de Mayo para pedir que larguen a los genocidas condenados. Por primera vez desde 1983 un militar va a estar al frente del Ministerio de Defensa y el subsecretario de Derechos Humanos defiende en la ONU el “Protocolo Antipiquetes” y la “memoria completa”.

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Por Alexia Massholder (*) 

Lo  que aconteció esta madrugada con el brutal ataque de los EEUU a la República Bolivariana de Venezuela deja una vez más en evidencia que los discursos sobre la democracia, los DDHH, el narcotráfico y el terrorismo sólo se utilizan cuando los intereses del imperialismo así lo consideran. 

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Desde diferentes puntos del planeta se multiplican las expresiones de rechazo al feroz bombardeo estadounidense durante esta madrugada contra la República Bolivariana de Venezuela. 

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Es lo que recalcaron los organismos de Derechos Humanos de nuestro país ante “el brutal ataque del gobierno de Estados Unidos contra la soberana República Bolivariana”. También se pronunció la Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas.

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Por medio de una declaración de su Secretariado Nacional exigió “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, secuestrados por las fuerzas estadounidenses en un acto que constituye una violación flagrante del derecho internacional”. 

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Estos dos colectivos regionales coincidieron en denunciar la peligrosidad que tiene el ataque de hoy de Estados Unidos en Caracas y otros puntos de Venezuela.

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La Avenida Paulista fue el epicentro de una fuerte concentración de manifestantes que, en Brasil, se dieron cita para rechazar la agresión estadounidense contra la República Bolivariana. En el marco de las múltiples movilizaciones en la región también se movilizó en Ecuador y en las principales ciudades uruguayas.

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