Condenas en la causa Ford

Pedro Müller, Héctor Sibila y Santiago Riveros fueron condenados por el Tribunal Federal de San Martín (TOF) que lo encontró responsables del secuestro y torturas perpetrados contra trabajadores de la planta que Ford pose en la localidad bonaerense de General Pacheco, durante la última dictadura.

Riberos recibió una pena de quince años, para Müller que era jefe de manufactura cuando se cometieron los delitos –entre 1076 y 1977-  la condena es de diez años y para quien estaba a cargo de la seguridad de la fábrica, Sibila, de doce.

En todos los casos las condenas fueron bastante más benévolas que las que pidieron las querellas y la Fiscalía, que coincidieron en solicitar 25 años para los tres imputados.

Vale destacar que el TOF caracterizó a los delitos como de lesa humanidad y que es la primera vez que directivos de una multinacional son condenados por su participación en el genocidio perpetrado por el terrorismo de Estado.

Durante el proceso se analizaron crímenes -secuestros y torturas- contra 24 trabajadores de la planta automotriz, entre marzo de 1976 y el mismo mes de 1977, por los que Müller y Sibilla debieron sentarse en el banquillo junto al represor Riveros.

Ford está implicada en la represión dirigida a los trabajadores: desde sus más altas jerarquías se marcó a los que estaban sindicalizados y entregó listas negras con los nombres de muchos de los que poco después fueron secuestrados.

Además, aportó vehículos para que usaran las bandas que secuestraban y los quinchos de la planta para que funcionara un campo de detención y torturas.

Retraso

Pese a esto pasaron cuatro décadas para que el Poder Judicial comenzara a revisar la pata civil del terrorismo de Estado. En todo ese tiempo murieron impunes personajes altamente comprometidos con aquellos crímenes, como en el caso de Ford quien fuera presidente de la planta durante los años de la dictadura, Nicolás Courad, fallecido en 1989 sin siquiera ser investigado. Por su parte, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga, fue procesado pero falleció en 2016. Pero también fallecieron varios ex empleados que sufrieron la represión en carne propia.

Las demoras son de carácter burocrático, pero no extrañan en la Argentina donde gozan de impunidad muchos de los responsables económicos del último genocidio argentino.

Basta recordar para esto la falta de mérito que la Cámara de Casación IV dictara, en 2015, a favor de Carlos Blaquier y Alberto Lemos, signados responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Noche del Apagón en su carácter de propietario y gerente, respectivamente, del Ingenio Ledesma, empresa que promovió la masacre.

Podríamos sumar a la lista de empresarios impunes al dueño de La Veloz del Norte, Carlos Levín, que había sido condenado por torturas y detención ilegal de los trabajadores de su empresa durante la dictadura, pero a quien en casación se anulara la condena con el voto del juez macrista Carlos Mahiques, puesto a dedo por el propio Mauricio Macri, quien en plena campaña para la presidencia se fotografió con Levín. Quien fuera titular de La Veloz del Norte, había sido el único empresario condenado por su rol en el proceso genocida.

Iris Pereyra de Avellaneda es co-presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), y presenció todas la audiencias de la Causa Ford. “Los acusados van a tener una buena condena”, dijo poco antes de que se diera a conocer la decisión judicial.

Tras lo que recalcó que “es de suma importancia este juicio por todo lo que venimos luchando, por las audiencias que han sido tremendas y, sobre todo, por las veces que nos han puesto palos en la rueda cajoneando la causa”.

Y apuntó contra los responsables civiles de la dictadura, asegurando que “ya era hora de condenar a alguien de la Ford, porque en este como tantos otros casos, hay muchos que están gozando de impunidad”, tras lo que remarcó que “todo aquel que tiene el alma sucia, tarde o temprano la paga”.