Se trata de Domingo Mazzoni, ex fiscal que colaboró con los torturadores y Pablo Carrasco un ex torturador del Servicio Federal en la cárcel de resistencia, quienes fueron condenados a once años de prisión.
“Estos dos genocidas torturadores van a estar donde tiene que estar y esto se logró gracias a la lucha, que nunca claudicó, de los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones populares”, celebró Raúl Toto Galván, secretario del PC de Chaco y adjunto de la CTA Roque Sáenz Peña.
El ex fiscal federal chaqueño, Domingo José Mazzoni, se convirtió en el duodécimo ex integrante del Poder Judicial condenado por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia le impuso una pena de once años de prisión por la “omisión deliberada, generalizada y sistemática” de investigar los secuestros, torturas y homicidios del terrorismo de Estado.
Además, se le aplicó la misma pena a Pablo Casco, un ex torturador del Servicio Penitenciario Federal, que durante esos años actuó en la cárcel de Resistencia.
Como se recordará, por los mismos delitos estaban acusados el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, que murieron antes de que comenzara el juicio oral.
Ya en 1984 la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del Chaco recibió denuncias sobre la participación de Mazzoni en torturas físicas y psicológicas, pero nada le impidió seguir en carrera. Ocho años después, el gobierno de Carlos Menem lo promovió como fiscal general.
En 2003, cuando se anularon las leyes de impunidad y se reabrieron las causas, el Cels e Hijos Chaco pidieron su apartamiento del Ministerio Público Fiscal, que el procurador Esteban Righi ordenó cuatro años después, tras un largo sumario administrativo. Pero para evitar ser sometido a un jury de enjuiciamiento, Mazzoni renunció al cargo a fines de 2007.
En el otro caso, la fiscalía describió a Casco como “obsesivamente cruel, un torturador” y recordó que tenía a su cargo la denominada “guardia dura” de la Unidad Penal 7 (U7), que dirigía en persona las requisas en las que se despojaba a los presos hasta de papel y lápiz. Y destacó que fue Casco quien aplicó la orden de suspender la correspondencia y las visitas familiares en 1976.
En este sentido, Galván recalcó que “estas condenas son fruto de muchísimos años de lucha del movimiento popular y las organizaciones de Derechos Humanos.
A su vez, dejó en claro que la condena del ex fiscal Mazzoni “desenmascara, cada vez más, el apoyo civil que ha tenido la dictadura por parte de las instituciones como el Poder Judicial” y se refirió al ex fiscal como “alguien que puso el Poder Judicial a servicio de la dictadura para encubrir las torturas”. Y fue claro al criticar la “impunidad con la que se venían manejando”.
Para finalizar, el secretario del PC de Chaco fue contundente cuando dijo que “el gobierno del Frente de Todos, debe devolver al país a la senda de los Derechos Humanos, porque todavía hay muchos de los cómplices civiles que tienen que pasar por el banquillo y a quienes el gobierno de Mauricio Macri les garantizó mucha impunidad”.
