Tarde pero seguro

Vicente Massot continúa impune. A casi seis años de la última vez que pisó los tribunales bahienses, la causa que lo investiga por delitos de lesa humanidad prácticamente no avanzó. En parte, gracias a las maniobras de los cómplices de Massot en el Poder Judicial, que lograron destituir de su cargo al juez Álvaro Coleffi, que fue el único magistrado que en cuarenta años se animó a indagar al exdueño del diario Nueva Provincia.
Pero no fue solo eso. Luego de destituirlo, la corporación judicial de Bahía Blanca armó una causa en contra del exmagistrado, a quien se acusó de “filtrar” escuchas de la causa. Ahora, tarde pero seguro, Coleffi fue absuelto luego de que el fiscal de la causa en su contra, Gabriel González Da Silva, desestimara la querella por falta de pruebas.
“Lo que se hizo contra Coleffi fue un despropósito contra su persona, pero cumplió con el objetivo de los cómplices civiles de la dictadura: garantizar la impunidad de Massot y la Iglesia Católica en el juicio en que se investiga el rol que tuvieron durante la última dictadura militar”, afirmó Guillermina Larrea, militante del Partido Comunista de Bahía Blanca y referente de derechos humanos en la ciudad.
En la mañana del martes 18 de marzo de 2014, Massot ingresó a los tribunales de Bahía para declarar ante Coleffi, acusado de integrar una asociación ilícita junto con las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.
Massot ese día presentó sus descargos tras la acusación realizada por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani sobre su responsabilidad en la desaparición de dos obreros gráficos —Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola— y en los secuestros, torturas y homicidios de otras 35 personas. En la causa, además de Massot, estuvo implicado el exsecretario de redacción y “corresponsal naval” del diario, Mario Hipólito Gabrielli.
Según reconstruyeron los fiscales del caso en un pormenorizado estudio, Massot y Gabrielli estaban acusados de integrar “junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, para lo cual habrían contribuido desde el multimedio actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales”.
José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani lograron reconstruir cómo Massot y a Gabrielli habían “formado parte de una asociación criminal, desde cuyo seno, se dispusieron, planificaron, organizaron y controlaron los medios, recursos y factores esenciales para el emprendimiento de actividades y el cumplimiento de funciones –consistente en operativos y medios de acción psicológica- indispensables para la ejecución del plan criminal, el aseguramiento de la eficacia del mismo y la impunidad de los individuos involucrados en su realización”.
Sin embargo, tras la indagatoria y por presiones del poder judicial bahiense, la causa no pudo continuar. Luego, con el cambio de gobierno y la llegada de Mauricio Macri a la Rosada, desde la que se buscó, con la nueva Corte Suprema, favorecer a los cómplices civiles de la última dictadura, la causa se estancó definitivamente.

¿Justicia?

Las maniobras estuvieron a cargo del por entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y de su secretario Mario Augusto Fernández Moreno. Así lo constató el fiscal González Da Silva, que desistió de acusar por falta de pruebas a Coleffi y demostró en su alegato que Martínez direccionó la causa contra el ahora exmagistrado.
Pero la acción de la justicia llegó tarde: en 2018 Martínez había sido recompensado por sus servicios con el cargo de Fiscal Federal de Bahía Blanca, pese a la impugnación realizada por organismos de derechos humanos debido a que, según consideraban, Martínez “tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.
Antes de su nombramiento como Fiscal Federal, Ulpiano Martínez había logrado su cometido: que la justicia bahiense dictara la falta de mérito de Massot. En contra de esta decisión, Palazzani y Nebbia presentaron un recurso para que el máximo tribunal penal revierta el fallo de la Cámara Federal. La falta de mérito fue declarada en marzo de 2016; pocos meses después, en julio, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, declaró “inadmisible” la queja interpuesta contra la decisión que favorecía a Massot. De esta manera, el poder judicial bahiense frenó, en dos años, una causa que investigaba al exdueño de la Nueva Provincia por delitos de lesa humanidad contra 37 personas.
Sin más, los responsables civiles de la dictadura militar como Massot, contra quien las pruebas reunidas por la fiscalía eran irrefutables, lograron mantener la impunidad gracias al accionar del único poder del Estado que no rinde cuentas a nadie, que no se somete al escrutinio popular y que goza de privilegios propios de la antigua nobleza medieval, como la eximición de impuestos y cargos vitalicios.
Todo esto con la complicidad, a su tiempo, del poder legislativo y ejecutivo que sigue titubeando en avanzar con una verdadera reforma judicial, más que necesaria para terminar con la impunidad del poder económico y para avanzar en políticas que, como la expropiación de Vicentín, se vuelven fundamentales para atravesar la difícil situación que vive el país, provocada por la política económica neoliberal del macrismo y profundizada por la pandemia.