“La situación carcelaria es una deuda pendiente”, aseveró la abogada Claudia Cesaroni al referirse a los datos alarmantes que aporta el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos.
La semana pasada, en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, se presentó el informe 2018 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos que confirma que 1.621 personas privadas de la libertad de todo el país, denunciaron 6.300 hechos de tortura y malos tratos por parte de agentes penitenciarios y efectivos policiales.
Las cifras corresponden a un nuevo informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura, que realizan la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA.
Los datos que aporta este trabajo alarman, ya que da cuenta de mil denuncias más que las recibidas durante 2017. Pero asimismo, es correlato inmediato del aumento de la tasa de prisionización y, por lo tanto, el sobreencarcelamiento y el agravamiento de las condiciones de detención.
La profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de aquellas destinadas a la prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad. Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado.
También organismos internacionales de Derechos Humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación. Estas graves violaciones de Derechos Humanos, son parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado.
En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura, más del setenta por ciento corresponden a personas menores de 35 años.
El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud, son las prácticas más denunciadas. Además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo.
Zona de riesgo
En este sentido, la abogada y Magister en Criminología, Claudia Cesaroni, denunciaó que “las cárceles están desbordadas” y apuntó contra la “desfederalización de la lucha contra el narcotráfico”, estrategia del Gobierno Cambiemos a la que se sumaron varias provincias que “persigue el delito a pequeña escala, lo que ha multiplicado el número de presos”.
Por lo que Cesaroni,-que es fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos- fue contundente cuando enfatizó en que “el nuevo gobierno va a tener que trabajar fuertemente en la situación carcelaria” y esto es imprescindible “porque el sistema está superpoblado”, pero también porque “este tipo de leyes punitivistas no hacen más que agravar la situación”.
Y recalcó que “las cárceles siguen siendo controladas por esa matriz represiva que ha perdurado desde la dictadura”, tras lo que hizo hincapié en que, “mientras haya que convivir con este sistema, lo que hay que tratar de cambiar es esa lógica punitivista que no respeta la Constitución Nacional que dictamina que las cárceles deben tener una lógica de resocialización y no de represión”.
