Así lo recalcó la Liga Argentina por los Derechos Humanos y alertó que “nos encontramos ante un gobierno que explícitamente busca la destrucción de los derechos de nuestro pueblo y propone volver a mediados del siglo 19, reivindica el terrorismo de Estado y banaliza el sufrimiento de sus víctimas”.
“Comer es un derecho humano”, recalcó la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), al fustigar la actitud del gobierno nacional que finalmente anoche tuvo que retroceder ante la requisitoria judicial de Sebastián Casanello, que derivó en que el gobierno se vea obligado a anunciar la distribución parcial de los alimentos que acopia desde hace más de cinco meses, algo que ya tuvo consecuencias políticas con el despido del secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre.
Desde que fue revelado por una investigación periodística, el tema fue escalando con una fuerte respuesta de los movimientos sociales y hasta de la Iglesia que por medio del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, dio a conocer un video donde el prelado dice: “nos hemos enterado que existen dos depósitos de alimentos en el ministerio de Desarrollo Social, que tienen cinco millones de toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión y rápidamente tienen que ser entregados”.
Con este telón de fondo, la Ladh destacó que esto se suma a la persecución gubernamental contra las organizaciones sociales que hacen funcionar a los comedores, tras lo que recordó que además de no entregar la comida a quienes la necesitan, la primera reacción de la Presidencia Milei fue negarse a cumplir lo dispuesto por el juez Casanello, “como si pudiera haber alguna justificación para no repartir la comida cuando millones de personas de nuestro país están pasando hambre”.
Por otra parte, hizo hincapié en que el derecho a la alimentación está reconocido expresamente en la Carta Magna que por medio del artículo 75, brinda jerarquía constitucional al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se refiere a este derecho. “Pero podría considerarse ya implícito en el artículo 33 de la Constitución, ya que sin la alimentación las personas no sobreviven y, por lo tanto, no pueden gozar de ningún otro derecho”, remarcó la Ladh.
Tras lo que puntualizó que “cuando hay cinco mil toneladas de alimentos disponibles de manera inmediata, la única justificación para no entregarlos es la crueldad de quienes insisten en no reconocer los derechos de nuestro pueblo sin importarles las consecuencias”.
Y alertó que “nos encontramos ante un gobierno que explícitamente busca la destrucción de los derechos de nuestro pueblo y propone volver a mediados del siglo 19”, al tiempo que “reivindica el terrorismo de Estado y banaliza el sufrimiento de sus víctimas” pero también “niega las desigualdades estructurales que todavía existen entre nuestra sociedad entre hombres y mujeres y desprecia a los grupos Lgtbq+”.
