Más de mil firmantes, entre ellos el Partido Comunista, denunciaron que con esta iniciativa se busca vaciar a las políticas de niñez y adolescencia, pero también a las que apuntan a asistir, promover y proteger los derechos de los más vulnerables.
El Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos son algunas de las organizaciones que suscribieron un documento en el que, más de mil firmantes, se pronunciaron contra el proyecto por el que se pretende bajar la edad de imputabilidad penal a trece años que, como se recordará, fue presentado por el ejecutivo nacional y actualmente está en consideración del Congreso.
“Nos dirigimos a la sociedad en su conjunto para alertar sobre el grave daño que implicaría para los y las adolescentes de nuestro país el proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a los trece años”, sostiene el documento que entre otros también firmaron la CTA de los Trabajadores, la Asociación Taxistas de Capital, la Corriente Nacional Agustín Tosco, la Agrupación Docente La Rayuela-Lista Violeta UTE y la Lista Violeta en Ctera donde además se hace hincapié es que aunque es preciso que se sancione un régimen penal para adolescentes, porque la ley que rige fue promulgada por la última dictadura, pero se aclara que eso no debe implicar modificar la edad de punibilidad.
Y tras alertar que desde el gobierno y su esquema massmediático se machaca con que es necesario bajar la edad de punibilidad dando a entender que adolescentes y niños son responsables de buena parte de los delitos que se comenten, asevera que “este argumento es falso y demagógico, ya que la información estadística existente muestra lo contrario”.
Por otra parte, sostiene que el proyecto pretende que se de por tierra con las medidas que apuntan a priorizar lo socioeducativo, porque no explicita que la privación de libertad deber ser la “última ratio” y no se aplica lo que debe ser un Sistema Penal para Adolescentes, sino que lo equipara al de los adultos con lo que desoye lo estipulado por el Comité de los Derechos del Niño que promueve la mínima intervención penal.
Y añade que “es sabido que este tipo de medidas, lejos de producir cambios subjetivos positivos y que faciliten la integración social de los adolescentes, los sumergen en ambientes carcelarios que consolidan en ellos identidades y hábitos cada vez más violentos”.
Asimismo denuncia que con esta iniciativa, se busca vaciar las políticas de niñez y adolescencia, como así las que apuntan a asistir, promover y proteger los derechos de los más vulnerables. “Desde hace ocho meses, el gobierno de Milei produce una profunda crisis en la administración pública con despidos masivos, reducciones presupuestarias de hasta 75 por ciento como en el caso de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la falta de ejecución de un ya recortado presupuesto” a lo que se suma la falta de asistencia alimentaria tanto a niños como adolescentes, en un país donde siete de cada diez pibes son pobres lo que constituye “un acto criminal”.
También recalca que se quiere plantear una ley que va a requerir ampliación de recursos presupuestarios, creación de organismos y aumento de personal, mientras los datos muestran que los jóvenes infractores son muy pocos, ya que, según los datos nacionales de 2022, la cantidad de adolescentes entre trece y diecisiete años es de 3,51 millones, mientras que la cantidad de adolescentes comprendido en ese segmento que cumplen una medida penal es de 1991.
