El pasado sábado 7 de junio el senador colombiano por el partido de ultraderecha Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un grave atentado en el que recibió tres impactos de bala. Esto ocurrió durante un acto público, mientras pronunciaba un discurso, a plena luz del día en un barrio al occidente de Bogotá. El analista político en Argentina Fernando Torres Padilla, pone en contexto este hecho para Nuestra Propuesta.
En el acto, Miguel Uribe se refirió a su postura en favor del porte legal de armas por parte de los ciudadanos, tan solo minutos antes de ser rodeado, apuntado y gatillado desde la espalda por una de las personas que allí se encontraba.
El Senador cayó inconsciente tras recibir un disparo en el cuerpo y dos en la cabeza. Fue auxiliado por su personal de seguridad y llevado rápidamente en ambulancia a una clínica cercana para ser después trasladado a la Fundación Santa Fe, donde ha recibido múltiples intervenciones quirúrgicas.
Trayectoria política y legado familiar de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay, de 39 años, nació el 28 de enero de 1986 en la ciudad de Bogotá. Es abogado especializado en administración pública. Su carrera política comenzó en las filas del Partido Liberal ocupando una curul en el Concejo de Bogotá entre 2012 y 2015, entidad que además presidió en 2014. En 2016 fué designado secretario de Gobierno de la ciudad por Enrique Peñalosa y desde el 20 de julio de 2022, ejerce como Senador por el Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe.
Miguel Uribe desciende de una familia vinculada a la política tradicional de Colombia. Es nieto del expresidente de la República Julio Cesar Turbay Ayala, liberal que gobernó el país entre 1978 y 1982, época en la que el tráfico de cocaína se convirtió en la principal actividad ilícita en el país.
Según documentos recientemente desclasificados del servicio secreto de Estados Unidos, la campaña a la presidencia de Turbay Ayala recibió dineros provenientes del cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más importantes de las últimas décadas.
Durante la presidencia de Turbay Ayala, en enero de 1980, fue asesinado Fernando Uribe Senior, quien se desempeñaba como director de la Aeronáutica Civil, entidad encargada de regular la actividad aerocomercial en el país. Fernando Uribe murió a manos de narcotraficantes, por negarse a conceder permisos para habilitar las pistas de aterrizaje y las licencias a las aeronaves que el cartel de Medellín requería tanto para llevar la cocaína como para traer los dólares desde y hacia Estados Unidos.
Semanas después del asesinato de Uribe Senior, el expresidente Turbay Ayala, por petición del cartel de Medellín, designó en la dirección de la Aeronáutica Civil a un joven Alvaro Uribe Velez quién, desde su primer cargo público, se encargó de facilitar todas las licencias y permisos que el cartel requería. Esto, y otros factores, permitieron que la empresa del narcotráfico y el poder de algunos capos escalaran a proporciones descomunales.
Paradojicamente, una decada después, fue el cartel de Medellin, en 1991, el responsable del secuestro y posterior asesinato de la periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio Cesar Turbay Ayala y madre de quién hoy se debate entre la vida y la muerte, Miguel Uribe Turbay.
Diana Turbay perdió la vida en medio de un rescate fallido, después de haber sido secuestrada por un grupo de narcotraficantes requeridos por la justicia de Estados Unidos, justamente en un intento por presionar al Gobierno Colombiano para evitar su extradición a los Estados Unidos. Todo esto ocurrió en medio de la llamada guerra contra el narcotráfico, organizada y financiada desde Washington.
En 2019, Miguel Uribe lideró una coalición conformada por los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, el evangelicalismo y otros sectores de la extrema derecha para disputar las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, a pesar de una importante inversión en la campaña, Uribe Turbay sólo consiguió el cuarto lugar, con apenas un poco más del 13% de los votos.
Posterior a esto, en 2021, después del rotundo fracaso electoral de 2019, Miguel Uribe es convocado una vez más por Alvaro Uribe Velez, esta vez para encabezar la lista del Centro Democrático al Senado de 2022. El movimiento uribista de extrema derecha consiguió 13 asientos en el Senado en aquel escrutinio, lo que políticamente significó una resurrección para Miguel Uribe.
Reacciones políticas y mediáticas tras el atentado: Acusaciones, injerencia y el impacto en las redes sociales
Tan pronto Miguel Uribe fue trasladado a la Fundación Santa Fe, el desfile de políticos, periodistas, candidatos y demás personas ajenas a la familia del senador no se hizo esperar. La oposición aprovechó la oportunidad frente a las cámaras para intentar responsabilizar al Gobierno y acusar a Gustavo Petro de incitar a la violencia.
Agustín Laje, reconocido por el propio movimiento libertario argentino como uno de sus principales ideólogos y pensadores, publicó horas después del atentado a través de su cuenta de X “No odiamos lo suficiente a Gustavo Petro”, posteriormente escribió en la misma red social “No son conciudadanos: son enemigos. Es hora de asumirlo.”, refiriéndose a las personas que ideológicamente se ubican a la izquierda, publicación que fue compartida por la cuenta de Javier Milei.
Por su parte, la embajada de EEUU en Bogotá, se hizo eco de una publicación del Secretario de Estado de su país Marcos Rubio, en la que afirma que “El presidente Petro debe moderar la retórica incendiaria y proteger a los funcionarios colombianos.”, lo que constituye un claro acto de injerencia en la política colombiana.
Varios mandatarios de diferentes países se pronunciaron al respecto y ofrecieron su apoyo a la familia de Miguel Uribe. El líder del ente sionista que Gobierna Israel, Benjamín Netanyahu, publicó también un comunicado en el que afirmó “Esta violencia despreciable socava la democracia en todas partes”. Lo cual contrasta con las 55 mil víctimas palestinas que han sido asesinadas en medio del actual genocidio en Gaza.
El tema del atentado se convirtió rápidamente en tendencia en las plataformas digitales, algunos datos personales supuestamente relacionados con la identidad del atacante, comenzaron a circular por la plataforma X. La información fue publicada por cuentas vinculadas con asociaciones de militares retirados. Los medios tradicionales y otros perfiles asociados a la derecha, replicaron rápidamente esta información sin importar que esto pudiese llegar a entorpecer la investigación o a influir en las declaraciones del atacante.
El atacante: Un joven de 14 años, una misión criminal y el misterio detrás del arma utilizada
El atentado fue cometido por un joven de 14 años que, al momento de su captura, declaró haberlo hecho por dinero para su familia. Al parecer, el menor habría sido contratado por una organización criminal relacionada con el narcotráfico, la cual le habría ofrecido una suma de dinero cercana a los 5 mil dólares por atentar contra Miguel Uribe.
También se conoció que el joven, que resultó herido en medio de la fuga, no vive con sus padres. Su madre falleció y, según información que circula en distintos medios, su padre estaría en Polonia buscando trabajar como mercenario para las fuerzas armadas de Ucrania.
El arma usada para atentar contra Miguel Uribe es una Glock 9 milímetros que según confirmó la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF, fue adquirida legalmente en una tienda de armas en Mesa Arizona en agosto de 2020. Las autoridades aún desconocen de qué forma esta arma ingresó al país y llegó a manos del menor.
La captura del joven se produjo mientras corría tras haberse dado a la fuga, después de haber sido herido por uno de los escoltas de Miguel Uribe. Esto hace presumir a las autoridades que el menor no contaba con un plan de escape posterior al atentado. Lo cuál contrasta con las afirmaciones de algunos líderes de opinión de la derecha, como Pedro Medellín, quien afirmó en medios que el atentado fue planificado con mucho cálculo y anticipación.
La interna del Centro Democrático: Rivalidades, disputas y el aislamiento de Miguel Uribe
Al interior de su partido, Centro Democrático, Miguel Uribe se encuentra en disputa con otros 4 precandidatos, a la espera de ser elegido como candidato de esa agrupación política con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Debido a que las listas y los candidatos de ese movimiento son designados por Alvaro Uribe, ya que este no posee mecanismos de democracia interna.
Varios comentarios y publicaciones de miembros de su fuerza política dejan entrever que el ambiente no era el mejor al interior de ese espacio. Juan José Lafaurie, hijo de la también precandidata uribista María Fernanda Cabal, en una publicación en la plataforma X señaló días antes contra Miguel Uribe por el elevado gasto de su campaña y los pocos resultados en las encuestas, y le reprocha además porque “llegó en paracaídas al partido y, sin mérito alguno”.
En los días previos al atentado también se vieron en distintos eventos y medios de comunicación reuniones de miembros y precandidatos del Centro Democrático a las que no fue invitado el Senador Miguel Uribe.
La investigación en curso: Pistas, sospechosos y las incógnitas del atentado
La investigación que es adelantada por la Fiscalía continúa bajo reserva para garantizar la seguridad del proceso. Sin embargo se conoce que hasta el momento han sido capturadas 4 personas, el atacante, una segunda persona, Carlos Eduardo Mora, quién ya fue imputado por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en delitos. Además de Katerine Martinez, a quien se acusa por el pago del servicio de moto en el que llegó el atacante al lugar del crimen, y William Fernando González Cruz, alias “el costeño”, supuesto encargado de organizar el atentado.
Existen elementos que han llamado la atención por parte de los investigadores, el primero es que el esquema de seguridad del Senador debía estar conformado por 7 personas, 4 policías y 3 miembros de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sin embargo, ese día se encontraba acompañado sólamente por los 3 miembros de la UNP.
Otros elementos que despiertan sospecha son que el arma del atacante habría sido modificada para poder disparar en ráfaga y que las balas parecen haber sido recubiertas con plata y latón, algo que suelen hacer los delincuentes con el fin de incrementar la letalidad de los proyectiles. También, se encontraron vainillas en la escena del crimen que no se corresponden con el arma del menor ni con las de los miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe, lo que abre la posibilidad de un segundo tirador o de un intento por alterar la escena.
Con base en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, la fiscalía ha podido identificar al menos a 5 personas que habrían participado en el atentado, pero aún se desconocen los autores intelectuales. A pesar de esto, en declaraciones dadas por el Gobierno, afirman que los responsables son una organización transnacional dedicada al narcotráfico con base en Dubai conocida como la junta del narcotráfico.
El atentado y sus consecuencias: Crisis de seguridad, polarización política y un año electoral convulsionado
Estos hechos ocurren en medio de un año electoral y en días de agitación política por cuenta del rechazo en el Congreso de la consulta popular, mecanismo plebiscitario con el que el Gobierno pretendía que los colombianos fueran a las urnas a decidir sobre mejoras en las condiciones de los trabajadores, luego de que el mismo Congreso, de mayorías opositoras, rechazara una reforma laboral presentada previamente por el ejecutivo.
Días antes del atentado, un fallo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, determinó que la sesión del Senado en la que se rechazó la consulta popular había incurrido en vicios procedimentales. Lo que habilitaba al Presidente de la República a llamar a la consulta por decreto. Sin embargo, el mismo día en que el Congreso rechazó la consulta, también se aprobó la apelación al acto que meses atrás archivó la reforma laboral, la misma cuyo rechazo motivó la consulta popular.
Posteriormente, debido a la posibilidad del vencimiento de los términos para el trámite de la recién resucitada reforma y con base en el fallo de la justicia, el Presidente Gustavo Petro anunció, un día antes del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, que la consulta popular saldría por decreto, también se conoció que el anuncio sería en el marco de un evento masivo en la ciudad de Cali, bastión del petrismo.
Lo que ocurrió posteriormente trajo a la memoria de los colombianos la peor época de la violencia política y el narcoterrorismo. El atentado contra Miguel Uribe fue seguido por múltiples ataques con explosivos instalados en vehículos, la mayoría en la ciudad de Cali y algunos otros en municipios aledaños de la región suroccidente del país. Estos atentados provocaron al menos 8 muertos además de varios heridos y fueron atribuidos a agrupaciones armadas dedicadas al narcotráfico, posiblemente relacionadas con la junta del narcotráfico de Dubai, según indicó el Gobierno.
A pesar de la crisis de seguridad generada, el Presidente Gustavo Petro se mantuvo firme en su decisión y el pasado miércoles, en medio de una plaza llena en la ciudad de Cali, firmó el decreto de la consulta popular. Este decreto fue posteriormente suspendido por el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Sin embargo la arrolladora movilización popular sirvió para enviar un mensaje claro y contundente al Congreso, el cual tomó nota y aprobó la reforma laboral. Lo que confirmó una vez más que los derechos de los trabajadores se conquistan en la calle.
En cuanto al estado de salud de Miguel Uribe, aunque en días anteriores se conoció que tuvo una mejoría por cuenta de una “leve disminución de su presión intracraneana”. El último parte médico de la Fundación Santa Fe indica que “continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado”.
