Sus plataformas, Gotham, Foundry y AIP, son hoy infraestructura crítica del Pentágono, de ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.), de la OTAN, del NHS británico y de múltiples servicios de inteligencia occidentales.

Pero Palantir también tiene algo que pocas corporaciones se atreven a exhibir con tanta crudeza: una ideología. En abril de 2026, la empresa publicó en su cuenta oficial de X un manifiesto de 22 tesis titulado “The Technological Republic, in brief”, síntesis del libro homónimo de su CEO Alex Karp.

El texto no es un documento comercial ni una hoja de ruta técnica: es un programa político que aspira a redefinir la relación entre el poder, la tecnología y la democracia en Occidente. Y ese programa tiene un nombre preciso: tecnofascismo.

Quiénes son y qué piensan los fundadores de Palantir, cuáles son los peligros concretos que su expansión plantea para las democracias, y por qué la Argentina del gobierno de Javier Milei se ha convertido en un escenario de alto riesgo para la soberanía digital, la privacidad ciudadana y la integridad electoral.

Javier Milei recibió, junto al canciller Pablo Quirno, a Peter Thiel, el fundador de Palantir.

Los ideólogos: Thiel, Karp y la antipolítica como doctrina

Peter Thiel es, entre los grandes magnates tecnológicos, quizás el que sostiene la visión más sistemáticamente antidemocrática. Se declara “libertario”, pero su fortuna se construyó sobre contratos con el Estado: la CIA, el Pentágono, el ICE. Vinculado al movimiento neorreaccionario (NRx), Thiel ha argumentado que las democracias liberales de Occidente son “una experiencia fallida” y que deben ser reemplazadas por formas más autoritarias o tecnocráticas de gobierno.

Llegó incluso a proponer algún tipo de “neomonarquía” y señaló el sufragio femenino como una de las causas de la supuesta decadencia occidental.

Alex Karp, doctor en filosofía con filiación declarada en Jürgen Habermas y la Escuela de Fráncfort, mantiene un registro aparentemente más moderado. En público reivindica el vocabulario republicano. Pero, como señalan los analistas de Le Grand Continent que comentaron el manifiesto, Karp opera con una estrategia straussiana: en el nivel exotérico mantiene el lenguaje de la democracia, mientras que en el nivel esotérico, el de los efectos reales de sus plataformas, despliega una voluntad de reforma completa del Estado que vacía la soberanía de su dimensión democrática.

Karp declaró públicamente que disfruta de “matar a sus enemigos” y defendió abiertamente el uso de sus plataformas en operaciones que derivaron en crímenes de guerra. Thiel, por su parte, llama “Anticristo” a quienes abogan por una gobernanza ética de la inteligencia artificial, y sostiene que esas decisiones no deben ser objeto de debate público sino que deben quedar en manos de una élite tecnocrática.

Lo que distingue a estos actores de otros empresarios poderosos con ideas conservadoras es que no se limitan a financiar política: construyen infraestructura.

Y cuando la infraestructura que construyen es la que el Estado usa para ver, clasificar, anticipar y decidir sobre sus ciudadanos, deja de ser un lobbysta para convertirte en un poder fáctico sin mandato democrático.

El manifiesto de Palantir: un programa para la dominación tecnocrática

El documento de 22 puntos publicado por Palantir en abril de 2026 es, en palabras de sus propios analistas, “el plan para forjar un Occidente tecnofascista”. Sus tesis más relevantes revelan una cosmovisión coherente y peligrosa:

• Silicon Valley tiene una “deuda moral” con Estados Unidos y la industria del software debe convertirse en un brazo decisivo del poder duro militar.
• “El hard power de este siglo se basará en el software”: las plataformas de Palantir se presentan como la infraestructura de un nuevo orden estratégico global.
• Cualquier debate democrático sobre IA militar queda descalificado de antemano: discutirlo es hacerle el juego a “los adversarios”.
• La burocracia pública es ineficaz y debe ser reemplazada, Palantir actúa como parásito que se vuelve más indispensable para el Estado que sus propios servicios.
• Alemania y Japón deben remilitarizarse, lo que implicaría deshacer uno de los pilares del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. La motivación es, al menos en parte, comercial: representan enormes mercados nuevos para el software de defensa.
• “Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas”: una jerarquía cultural que funciona, en el contexto de la derecha estadounidense, como perdigón para la superioridad de la cultura blanca europea.

El método de expansión de Palantir, denominado internamente “land and expand”, consiste en penetrar en una organización mediante un contrato inicial modesto, instalar a sus ingenieros en la agencia cliente e imponer su ontología propietaria como estructura de datos hasta hacer técnicamente imposible cualquier salida (vendor lock-in).

Lo que Palantir le vende a un Estado no es software: es dependencia.

Tecnofascismo: cuando el poder migra de los Estados a las plataformas

El concepto de tecnofascismo no es una hipérbole retórica. Describe con precisión un fenómeno nuevo: la concentración de capacidades de vigilancia, procesamiento de datos e inteligencia artificial en manos de corporaciones privadas que luego proyectan influencia política directa sobre los Estados, sin mediar ningún proceso democrático.

Este fenómeno se define también como tecnocesarismo: el modelo donde los llamados “tecnogarcas”, Thiel, Musk, Karp, Zuckerberg, concentran infraestructura crítica, datos y capacidades de IA y desde allí intervienen en la política sin necesidad de ganar una elección. La soberanía deja de ser exclusivamente territorial para volverse también algorítmica y cognitiva.

Palantir no llega a los gobiernos ofreciendo una herramienta. Llega con una cosmovisión completa: así funciona el mundo, estos son sus enemigos, esta es la razón por la que no puede permitirse el debate público y este es nuestro contrato.

El senador nacional Guillermo Andrada lo sintetizó con claridad: el algoritmo deja de aparecer como herramienta neutral y comienza a erigirse como una nueva forma de tutela. La democracia seguirá teniendo urnas, campañas y representantes electos. Pero si las condiciones reales en que se forma la percepción pública están administradas por sistemas opacos y privados, la libertad política se vacía desde adentro.

Palantir como cómplice de crímenes contra la humanidad

La trayectoria operacional de Palantir no es abstracta. Sus sistemas han sido utilizados en contextos que derivaron en crímenes de guerra documentados:

Vigilancia predictiva: sistemas que analizan patrones de comportamiento para anticipar conductas, utilizados por ICE para la persecución de trabajadores hispanos, por la policía de Nueva York y por las fuerzas armadas de EE.UU., Israel y Ucrania.

Automatización de la selección de blancos: sistemas de IA que priorizan objetivos sin intervención humana directa. En la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, la lista de blancos confeccionada con participación de Palantir incluyó la escuela de Minab, donde fueron asesinadas 168 niñas.

Internalización del control: como en el panóptico de Bentham, la mera existencia de la plataforma modifica conductas, aun sin activación constante. El efecto de vigilancia opera sobre la población entera.

Estos no son efectos colaterales de una tecnología neutral: son el producto de plataformas diseñadas para producirlos. Y sus creadores los defienden públicamente.

El DNU 941/2025 y el desembarco en Argentina

En enero de 2026, el gobierno de Javier Milei promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia Nacional. El decreto crea la Agencia Federal de Ciberinteligencia, centraliza el cruce de bases de datos personales entre entes estatales y adopta un enfoque de “contrainteligencia preventiva” para anticipar amenazas.

El encaje es casi perfecto: el DNU 941/2025 diseña un ecosistema normativo que requiere exactamente lo que Palantir vende. Integración masiva de datos de ANSES, AFIP, RENAPER y sistemas de salud; análisis predictivo mediante IA; automatización de la decisión de blancos. Las plataformas Gotham y AIP de Palantir encajan en esa arquitectura como una llave en su cerradura.

El trasfondo político de este alineamiento es conocido: el presidente Milei y su asesor Santiago Caputo mantuvieron reuniones con Peter Thiel. La entonces ministra Patricia Bullrich gestionó activamente la firma de un contrato con Palantir a través de la Agencia de Migraciones. Según el ingeniero Ariel Garbarz, Thiel le ofreció a Milei en noviembre de 2024 sus servicios para “gobernar con datos cruzados”, el mismo modelo que funciona con la administración Trump en EE.UU., donde se entregaron las bases de datos de 26 reparticiones públicas, incluida la CIA, a redes integradas con herramientas de Palantir.

El contrato no se firmó en los términos originales, se dice que la intervención de Karina Milei lo abortó, pero el marco normativo del DNU 941/2025 permanece vigente. Y, como advirtió Garbarz, ese decreto “es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico”.

Existe además un riesgo adicional de soberanía y seguridad nacional frecuentemente subestimado: ¿qué garantiza que Palantir, empresa norteamericana con mandato explícito de servir al interés de EE.UU., informe al Estado argentino sobre acciones de la CIA o la NSA contra nuestro país? Un Estado que subcontrata su evaluación de amenazas a una empresa con agenda ideológica explícita no está recopilando inteligencia: está suscribiéndose a la propaganda de otro poder.

La amenaza electoral: democracia tutelada por algoritmos

Quizás el riesgo más grave y menos visible que plantea Palantir es el que afecta directamente a la integridad de los procesos electorales. Los vectores de amenaza son múltiples y están documentados:

Construcción de perfiles políticos: la integración de datos de agencias federales con bases comerciales y electorales permite identificar individuos, mapear sus redes y clasificarlos según objetivos políticos. En EE.UU., personal vinculado al DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) firmó acuerdos para compartir datos con grupos que trabajaban para revertir resultados electorales. Palantir fue la plataforma que fusionó esos registros.

Microtargeting electoral: durante la campaña presidencial estadounidense de 2016 se produjeron entre 50.000 y 60.000 versiones diferentes de anuncios políticos por día. Esta fragmentación extrema hace imposible el debate público: cuando cada votante recibe mensajes personalizados diseñados para manipular sus preferencias específicas, desaparece la posibilidad de un intercambio racional de ideas. Como señaló Ann Ravel, ex miembro de la Comisión Federal Electoral de EE.UU.: “Con el microtargeting, la democracia robusta no está sucediendo”.

El antecedente Cambridge Analytica: el escándalo reveló que un empleado de Palantir trabajó en la extracción de datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook con fines de manipulación electoral. El denunciante Christopher Wylie declaró ante el Parlamento británico que había empleados senior de Palantir involucrados en los datos de Facebook.

Supresión de votantes: la mera existencia de capacidades de vigilancia masiva vinculadas al Estado genera un efecto paralizante sobre sectores vulnerables de la población. En EE.UU., operativos de ICE cerca de lugares de votación fueron documentados como estrategia de intimidación. No se requiere la ejecución masiva de arrestos; basta la amenaza implícita para suprimir la participación política.

En el contexto argentino, el DNU 941/2025 habilita exactamente esta infraestructura. Construir perfiles políticos con datos del ANSES, la AFIP y el RENAPER; implementar microtargeting que fragmente el espacio público; ejercer presiones selectivas sobre segmentos de la población; conferir ventajas electorales estructurales a los sectores alineados con los intereses de Palantir. La conclusión es inapelable: un país que no controla sus datos no controla sus elecciones.

Soberanía digital o control corporativo: la decisión estratégica

Lo que está en juego no es la adopción de una herramienta tecnológica más o menos sofisticada. Es la decisión sobre quién gobierna realmente: los representantes electos por la ciudadanía o los algoritmos de una corporación privada, confesa admiradora del supremacismo y enemiga de la democracia deliberativa.

La nueva opacidad del poder ya no se teje en los pasillos del Congreso ni en los despachos del Ejecutivo, sino en los algoritmos. Cuando un Estado externaliza el procesamiento de sus datos estratégicos a plataformas opacas, no está incorporando tecnología: está resignando poder. Y ese poder, una vez cedido, es extremadamente difícil de recuperar. El vendor lock-in tecnológico produce dependencias que convierten la remoción de Palantir en un problema casi irresoluble.

La salida no es el rechazo tecnológico. Es la construcción de una soberanía digital activa: desarrollo de capacidades propias en infraestructura digital, gobernanza de datos con control democrático efectivo y marcos normativos que aseguren que la tecnología fortalezca, y no debilite, el contrato social. La soberanía electoral es inseparable de la soberanía digital. Y ambas requieren que los ciudadanos, no los algoritmos, sean los árbitros finales de la política.

El futuro de la democracia en peligro

Palantir no es una empresa que vende software. Es una empresa que vende una cosmovisión: un orden mundial donde la deliberación democrática es una ingenuidad, donde las decisiones fundamentales sobre quién es una amenaza deben quedar en manos de una élite tecnocrática no electa, y donde los Estados que no se suborinen a esa lógica quedan expuestos a sus enemigos.

Peter Thiel y Alex Karp no son solo empresarios. Son ideólogos que han construido infraestructura para materializar su ideología. Y esa infraestructura está tocando la puerta de la Argentina, respaldada por un decreto presidencial que crea el ecosistema normativo perfecto para recibirla.

La pregunta que deben hacerse los argentinos, y sus representantes, no es si Palantir ofrece servicios eficientes. La pregunta es a qué precio. Y la respuesta, cuando se leen el manifiesto y se examina el historial operacional de la empresa, es inequívoca: el precio es la democracia.

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