El Tribunal Supremo de España (TSE) condenó a parte del liderazgo independentista. Reacción popular, movilización y huelga general. Una decisión que tiene poco de justicia y mucho de pedagogía.
Al cierre de esta edición, Catalunya era escenario de movilizaciones que partieron desde Berga, Tàrrega, Girona, Vic y Tarragona rumbo a Barcelona donde esperan confluir el viernes, en el contexto de la huelga general que impulsan sindicatos independentistas.
Así se sigue manifestando la respuesta al fallo del Tribunal Supremo de España (TSE), que condenó a parte del liderazgo que organizó –dos años atrás- el referéndum que desembocó en la declaración unilateral de la independencia de Catalunya.
Las condenas fueron duras. El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, recibió pena de trece años, dos más que la ex titular del Parlament, Carmen Forcadell; al tiempo que a los entonces consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa fueron condenados a doce años, en tanto que sobre Josep Rull y Joaquim Forn cayeron penas de diez.
Por su lado, los dirigentes de las organizaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Óminum Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, fueron sentenciados a nueve años por el delito de sedición.
El fallo tomó por sorpresa a la Generalitat que tardó en reaccionar, pero no al movimiento de masas independentista que -otra vez- exhibe capacidad de movilización. Apenas conocida la decisión del TSE, tuvo lugar una fuerte concentración ante la delegación del Gobierno español en Barcelona, hubo marchas multitudinarias en toda Catalunya con bloqueo de vías férreas y autopistas, al tiempo que un piquete impidió que durante casi todo el martes funcionara el Aeropuerto El Prat. Esa jornada se saldó con una brutal represión policial que dejó más de medio centenar de detenidos y algunos heridos.
En este marco, Pedro Sánchez, hizo una convocatoria a fuerzas políticas que actúan en el escenario español, pero aclaró que no está dispuesto a considerar la sugerencia del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien señaló que es preciso que el presidente de Gobierno indulte a los líderes independentistas condenados.
Para reforzar esa idea, el ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos, apuntó contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando denunció que no hace nada por controlar las protestas.
Por su parte, ya en la previa del día en que se iba a conocer el fallo, el Partido Popular y Ciudadanos exigieron que Sánchez activara la Ley de Seguridad Nacional que –entre otras cosas- permitiría que Madrid se hiciera cargo del control de los Mossos d’Escuadra, la policía autonómica de Catalunya.
Algo más extrema fue la propuesta de la expresión de ultraderecha Vox, que pidió que el Congreso aplique el Estado de Excepción en Catalunya.
La resolución del TSE presiona a Sánchez por izquierda y derecha, al tiempo que desnuda algunas de las debilidades de su gobierno, de cara a las elecciones del 10 de noviembre, pero también otras mucho más profundas que presenta el esquema de representación política español que parió los acuerdos que se conocen como Pacto de la Moncloa.
Pedagogía pura
El fallo del TSE es muy elocuente. Ahí se indica que el proceso que desembocó en la declaración unilateral de independencia que –recalca- fue un acto simbólico, no significó un intento de rebelión, que no fue un alzamiento violento tendiente a derrocar el orden constitucional y que tampoco fue un golpe de Estado.
Por eso resulta difícil explicar por qué las condenas por sedición y la consiguiente aplicación de las máximas penas previstas para esta tipificación.
Es que si se sigue al pie de la letra la argumentación del Supremo, lo que hubo fueron sólo episodios de alteración del orden público, algo que desde una perspectiva conservadora, haría cualquier manifestación pública masiva, sea o no independentista. Y, también, una huelga general.
Desde esta perspectiva, el TSE podría entender que cuadra en esta tipificación la convocatoria a una consulta popular para que los españoles decidan si quieren seguir con la Monarquía o avanzar hacia una República, en la que vienen trabajando organizaciones políticas, sindicales y sociales, colectivos, plataformas y espacios unitarios.
En este sentido, las condenas a Sánchez y Cuixart son sumamente elocuentes. Los dos son referentes políticos y sociales sin ninguna responsabilidad institucional a quienes les reconoce una actitud no violenta durante las jornadas de octubre de 2017. Pero a la hora de explicar por qué los condena, el TSE dice textualmente que lo hace por “su discrepancia con el orden legal”.
Aquí vale recordar que, durante aquellos días, desde la Generalitat y los liderazgos no institucionales del independentismo se convocó a la movilización pacífica, que los heridos de relativa gravedad fueron manifestantes y que los actos de violencia los provocó la policía española que envió el gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy.
Queda claro que si entonces el liderazgo independentista catalán quiso tensar la cuerda para forzar una negociación con Madrid, la cosa le salió mal. Pero también que ahora es el sistema político español el que no sabe qué hacer con lo que estalló tras la decisión del TSE, que puso la situación en un terreno mucho más cenagoso de aquel en el que ya estaba.
Así las cosas, desde la derecha se relamen confiados en que la decisión del Supremo salde lo que el sistema político no pudo acomodar, mientras que el Psoe compró un problema por el que puede pagar un precio muy caro.
La decisión del TSE condena el intento independentista, pero no sólo eso. Apunta a blindar el sistema de representación que surgió del Pacto de la Moncloa, pero fundamentalmente, tiene un carácter pedagógico dirigido a desestimar cualquier mirada que cuestione un statu quo basado en instituciones como la Monarquía, la Constitución de 1978 e incluso el diseño productivo, económico-social y el consiguiente ajuste que trae aparejado el papel de España en Europa.
¿Y ahora?
Presos políticos, censura, exiliados –como el ex presidente Carles Puigdemont- y represión son datos de la realidad que entrega hoy la situación de creciente tensión entre Madrid y Catalunya.
¿Qué va a decir al respecto la Comisión Europea de los Derechos Humanos, el órgano de la Unión Europea tan diligente a la hora de opinar e intervenir en casos como Venezuela o Nicaragua?
¿Aceptará felizmente que el gobierno español responda con violencia institucional a la decisión que el pueblo catalán manifestó en las urnas, aunque la convocatoria al referéndum independentista haya sido unilateral?
Como se ve, el resultado está abierto, pero las calles de Catalunya se vuelven a vestir con La Estelada. Ahí, la bandera catalana flamea multiplicada por un movimiento de masas que enfrenta algunas de las consecuencias del diseño del sistema político español, que se aferra a la Constitución que -en 1978- alumbró el régimen franquista, junto a la burguesía borbónica y aquella que se formó durante la dictadura.
Una Constitución confeccionada como exigencia y a medida de los intereses que EE.UU. y la Otan tienen en Europa.
Y, con este final abierto, lo que sigue pasando en Catalunya exhibe los signos de agotamiento del modelo que se dio en llamar “la transición”, que no es otra cosa que el heredero de los que destruyeron a la Segunda República, mientras sostienen a la monarquía.
Los mismos que se niegan la posibilidad de avanzar hacia una Constituyente que, en toda España, permita que sea la voluntad popular la que debata y decida si quiere seguir así o avanzar hacia un diseño que permita autonomías reales, un esquema que no podría ser otra cosa que la Tercera República.
