¿Comienza a desandarse la herencia de la dictadura? Desde Argentina, la Célula Gonzalo Valenzuela del PCCh dice lo suyo.
Después de que el Congreso la convirtiera en Ley, Sebastián Piñera promulgó la norma que permite el retiro del diez por ciento de los fondos de pensiones, una medida que de acuerdo a la Presidencia, responde a la necesidad que surge de “la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas”.
Vale recordar que el ejecutivo resistió el proyecto, que sólo fue aceptado cuando la movilización popular lo impuso en la agenda parlamentaria donde fue impulsado, entre otros, por la bancada del Partido Comunista de Chile (PCCh).
La sanción también se presenta como el ariete que permita abrir una discusión profunda, sobre la necesidad de que se avancen en una reforma al sistema de fondos de pensión (AFP), que es uno de los principales legados de la dictadura que, de la mano de Pinochet y Milton Friedman, construyeron el “Milagro Chileno”.
Este modelo que transformó a Chile en uno de los países más desiguales del mundo, tiene uno de sus pilares en las AFP controladas por actores extranjeros y de lo más concentrado de la burguesía local.
Al respecto, un dato elocuente lo brinda un relevamiento que hizo la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Al consultar sobre el uso que se va a hacer del diez por ciento de los fondos de pensiones, un sesenta por ciento de las personas encuestadas, dijo que los utilizará para comprar alimentos y productos de primera necesidad, como medicamentos y artículos de higiene personal. De este segmento, el 38 por ciento señaló que usará una parte para pagar servicios básicos como electricidad, agua y gas.
El veinte por ciento va a financiar el pago de créditos y un once va a emplear estos recursos para pagar servicios de educación como colegios y universidades. Sólo una mínima parte va a poder disponer de una parte para ahorrar o invertir.
Escenario complejo
Un “hilo de dominación en el Chile neoliberal”. Así define a las AFP la Célula Gonzalo Valenzuela del PCCh en Buenos Aires, y recalca que este sistema de capitalización obligatorio para los trabajadores “opera más como una estafa piramidal, que como un sistema que asegure jubilaciones dignas”.
Lo hizo por medio de una declaración en la que se destaca el “camino de presión social que demandaba cambios estructurales, que la pandemia agudiza”.
Asimismo, recuerda que sólo durante 2017, las utilidades netas de las seis AFP se elevaron por sobre los 347 mil millones y que, de ese monto, sus controladores y accionistas se repartieron 256 mil millones en dividendos.
“El grueso de esas millonarias utilidades proviene de las comisiones que se descuentan de la renta imponible de los más de 5,5 millones de trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones”, indica y añade que “los afiliados son más de diez millones, pero esa es la cantidad que cotiza”. Y recalca: “en 2017, los ingresos por comisiones que registraron las AFP fueron de casi 660 mil millones”.
También advierte sobre la oposición del empresariado a la iniciativa que permitirá que se retire el diez por ciento de los fondos.
“Recuerdan quien es, en realidad, el que manda en este país” asevera sobre la postura de las patronales y agrega que “la pandemia viene a mostrarnos mecanismos que se fueron construyendo a lo largo de más de cuarenta años”.
Y hace hincapié en que “los gobiernos civiles de la Concertación no hicieron más que dar legitimidad a las políticas neoliberales, construyendo una sociedad de excluidos, donde la acumulación de las riquezas quedaba en manos en una pequeña elite que se ha encargado de corromper al sistema político con el único objetivo de mantener sus privilegios de clase”.
Tras lo que, sin dudarlo, denuncia que la pandemia “muestra la fragilidad de la sociedad, donde la mayoría de la población vive del día a día, buscando recursos escasos en la precarización de trabajos informales”.
Pero aclara que, si bien el retiro del diez por ciento es una alternativa, “sigue siendo una respuesta individual y no una respuesta colectiva al drama social y, al mismo tiempo, deja excluida a todos los trabajadores informales que no logran cotizar en las AFP”.
Así las cosas, en un contexto adverso que “recuerda los crueles años de la dictadura cívico militar, que sometió la población mediante terror y miseria, vuelve la población a rearticular la memoria colectiva para hacer frente a un gobierno que es fiel representante de los intereses de su clase, y que no escatima esfuerzos en proteger al empresariado y el gran capital”.
Y recalca que, en Chile, “germina un sentido de cambios que tendrá como salida la explosión social, se vivirán tiempos de mayor represión que la vivida desde el estallido social del 18 de octubre del 2019”, tras lo que hizo hincapié en que “la demanda por llevar adelante cambios estructurales que terminen con la herencia pinochetista, no la podrán detener sus herederos”.
