La monarquía al banquillo

Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE), volvieron a pedir al Tribunal Supremo (TS) que investigue al rey emérito Juan Carlos I, por la comisión de varios delitos que están incluidos en una querella que ambos partidos presentaron durante 2018 y que ese tribunal archivó.
Lo hicieron después de que la Audiencia Nacional acordara la reapertura del caso que reveló grabaciones de conversaciones que la pareja de Juan Carlos I, Corinna Larsen, mantuvo con el ex comisario José Villarejo, en las que se hablaba de cuentas pertenecientes al rey emérito en Suiza.
Ante esto, el IU y el PCE solicitan que el TS investigue al anterior jefe del Estado, así como a Larsen, Villarejo y tres empresarios a quienes imputan de delitos de constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho contra la hacienda pública, administración desleal, fraude y tráfico de influencias.
Pero el TS se sigue negando a imputar a Juan Carlos de Borbón, el Estado español continúa ocultando su paradero y el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que el rey emérito “no huyó” y aclara que “aquí no se está juzgando a instituciones, se está juzgando a personas”.
Vale citar que, días atrás, Juan Carlos se fue de España cuando se hizo inocultable una trama de corrupción que lo tiene como principal protagonista.
Se trata de investigaciones abiertas en España y Suiza por sobornos pagados por la monarquía saudita, en 2008, a cambio del lobby realizado por Juan Carlos en favor de la adjudicación a empresas españolas de las obras de construcción del tren de alta velocidad La Meca-Medina.
A la defensa de la monarquía salió el Partido Popular, que aprovechó para fustigar a Sánchez por “no defender al rey de los ataques de sus socios de gobierno”.
Mientras que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insistió con que es preciso avanzar hacia un referendo sobre la continuidad de la Corona y recalcó que la situación provoca “vergüenza ajena e indignación”. Esta ciudad viene siendo epicentro de ruidazos y otras manifestaciones que demandan que Juan Carlos I “devuelva lo robado”.
Por su lado, el titular de la Generalitat catalana, Quim Torra, dijo que Sánchez encubre “la huida” del rey emérito y exigió que abdique Felipe VI.

Un céntimo por barril

¿Pero acaso será que esto del lobby es algo nuevo para la monarquía española? Nada más alejado.
Los negocios compartidos por Juan Carlos I y Hassan II, continuados por Felipe VI y Mohamed VI, explican en gran medida por qué España sigue haciendo la vista gorda ante la represión perpetrada por Marruecos contra el pueblo saharaui. Todo pese a que según el Acuerdo de Madrid de 1975, España es Potencia Administradora del Territorio saharaui.
Y, si para muestra no alcanzara con un par de botones, sólo hay que recordar el papel protagónico que Juan Carlos tuvo en nuestro país y región, donde operó como lobista de multinacionales como Repsol y Telefónica, fundamentalmente durante la última década del siglo 20.
Pero tampoco nada de nuevo hay en esto de las comisiones petroleras que recibe Juan Carlos. Durante 1973, en plena crisis petrolera, a instancias de Francisco Franco, el entonces príncipe hizo una gestión ante su amigo, el monarca saudí Fáisal bin Abdulaziz.
El resultado fue bueno, ya que garantizó que a España no le faltara petróleo durante la crisis, pero a cambio, la dictadura franquista autorizo a que Juan Carlos recibiera un céntimo por cada barril de crudo que entraba en el país.
El negocio fue redondo y siguió, ya que el acuerdo continuó siendo respetado por los gobiernos que se sucedieron tras la muerte de Franco.
Por eso es que nadie debería sorprenderse ahora cuando se sabe que, entre 2008 y 2012, Juan Carlos retiró cien mil euros al mes en billetes de la cuenta suiza utilizada para esconder 64,8 millones de euros provenientes de los pagos que hizo la monarquía saudí.
En este contexto, la Comisión de Enlace del Encuentro Estatal por la República, hizo hincapié en que “la situación de la monarquía española es insostenible”, ante “la huida de Juan Carlos de Borbón para intentar eludir sus responsabilidades políticas y judiciales”.
Este colectivo en el que integra el PCE entre otras fuerzas políticas, sociales y sindicales, viene propiciando desde hace tiempo la realización de un referendo que consulte a la sociedad si quiere seguir con la monarquía.
Por medio de una declaración, recalca que Juan Carlos se fue “con toda la fortuna acumulada por años de corrupciones y privilegios” y que lo hizo “de acuerdo con su hijo Felipe de Borbón, corresponsable de muchos años de conocimiento y de disfrutar de los desmanes de su padre y de ocultar sus corrupciones”.
Tras lo que hace hincapié en que “el problema no son los reyes, el problema es la monarquía. Una institución antidemocrática, machista y arcaica, basada en privilegios medievales de sangre, por los que la Jefatura del Estado se hereda dentro de una familia” que, en el caso de España, además fue “designada por un dictador fascista y con una Constitución que proclama su inviolabilidad”.

Pacto

Así las cosas, el Psoe y la derecha del PP y Vox, cierran filas para defender a la monarquía y frenar la crisis constitucional que supone la fuga de Juan Carlos. Y lo hacen aludiendo al “pacto constitucional” que permitió la salida que devino en la Constitución de 1978.
¿Pero existió tal pacto o más bien se trató de la sanción, por parte de las Cortes de entonces, de un diseño impuesto por Franco que restituyó a la monarquía?
Queda claro que habría algo de injusticia, si hoy y con el diario del lunes sobre la mesa, se quisiera evaluar –asépticamente- lo hecho en aquellos días.
Pero lo cierto es que hay mucho que cuestionar y repasar, sobre los resultados concretos de aquel pacto que le dio a España algunos años de cierta estabilidad y prosperidad, pero que también la empujó a estar en el ojo del huracán del estallido de la crisis capitalista de 2009.
Es que fue un acuerdo diseñado por las élites que cuando tuvieron que hacerlo -en la primera década del siglo 21- se cargaron de un plumazo buena parte del esquema productivo y social de tipo keynesiano que implementó la propia dictadura franquista.
También es el que llevó a España a la Otan y a la delegación de soberanía hacia una instancia supranacional gobernada por la troika de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Europeo.
Por eso no sorprendió cuando esta España de las élites, se asoció con las de nuestra región, para avanzar en un nuevo capítulo de neocolonialismo protagonizado por multinacionales que rapiñaron a empresas estatales de Latinoamérica.
Aunque es verdad que todo esto no es responsabilidad absoluta de la monarquía, no deja de ser cierto que sus integrantes son jugadores fuertes de esta historia. Y que, como institución, la monarquía es un paraguas de protección que garantiza impunidad a las élites españolas.
Por eso la pertinencia del reclamo de acabar con esta institución. Y de hacerlo a partir de la participación popular en un referendo, pero también en el diseño de una Constitución que reemplace a aquella surgida de los pactos de la élite.