Movilizados por los Derechos Humanos

“Por un Paraguay donde los derechos humanos de todos sean la prioridad“, es la consigna que movilizó a miles de personas hacia la Plaza de los Desaparecidos, en Asunción, convocados por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia.
Ahí se protestó contra la impunidad que gozan militares, políticos, empresarios y narcotraficantes que se apropiaron ilegalmente de alrededor de ocho millones de hectáreas de tierras, durante el stronismo y el post-stronismo.
Pero también para denunciar que el gobierno que preside Mario Abdo Benítez, profundizó “las prácticas stronistas”, al tiempo que “endeuda ferozmente al país, mientras el pueblo trabajador pasa todo tipo de penurias económicas”.
Entre quienes se movilizaron estuvo el Partido Comunista Paraguayo (PCP), que repudió “los desalojos y la violencia contra los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y los asentamientos urbanos”, pero asimismo “la precarización creciente de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la ciudad y del campo”.
El PCP hizo hincapié en que, durante 2020, el Estado paraguayo acentuó su carácter autoritario con niveles extremos de represión. “Desde el ejecutivo y el Ministerio Público se pretende impedir el ejercicio de manifestaciones y protestas, criminalizando a activistas sociales y de derechos humanos por ejercer sus derechos de expresión y manifestación”, recalcó el PCP y recordó el caso de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, las niñas asesinadas por el Ejército de Paraguay, en agosto de este año.
Así las cosas, el PCP propuso un programa que fija prioridad en la recuperación de las tierras malhabidas “para su adjudicación a las familias campesinas sin tierra y las comunidades indígenas, poniendo un freno al poder latifundista y al extractivismo, para avanzar en la reforma agraria integral y lograr un desarrollo inclusivo, sostenible, con soberanía alimentaria”.
Para ello exige que el Congreso creé una Comisión Nacional que analice mecanismos que viabilicen la recuperación de estas tierras que fueron identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, elaborado durante 2008.
Por otra parte, señala que es preciso que se avance en el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad y apropiación de bienes públicos perpetrados durante la dictadura encabezada por Alfreso Stroessner. Y que alcance a aquellos que se siguen perpetrando.
Para el PCP es prioritario acabar con la violencia que se perpetra contra los integrantes de comunidades indígenas, pero también “conquistar políticas reales que garanticen todos sus derechos colectivos, incluyendo sus derechos territoriales, su derecho a la autodeterminación y su participación plena para la construcción de un Estado verdaderamente intercultural”.
En este contexto, reclama que se ponga fin a los desalojos forzosos que se llevan a cabo en comunidades rurales, en especial, “terminar con los desalojos fiscales que son absolutamente ilegales y deben estar prohibidos y penalizados”.
Tras lo que resalta que para que se pueda implementar un programa que incluya estas demandas, “precisaremos de toda la creatividad, constancia y unidad en la diversidad del campo social y popular”.