Se lleva a cabo hoy jueves. “La respuesta de Boluarte es “meter bala y salir a matar”, dijo el titular de la Confederación General de Trabajadores de Perú, Gustavo Minaya, y advirtió que en su país se instaló “una dictadura cívico-militar-empresarial de corte fascista”.
“En Perú vivimos una dictadura cívico-militar-empresarial de corte fascista”, denunció el titular de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CgtP), Gustavo Minaya, tras lo que advirtió que “las protestas no frenan y van a crecer”, ante un gobierno que como el que encabeza Dina Boluarte, sólo tiene por respuesta “meter bala y salir a matar”.
En este sentido, el también integrante de la Dirección del Partido Comunista Peruano, reflexionó que “las fuerzas democráticas nos estamos replegado estratégicamente”, ya que “nadie puede aguantar tres meses manifestando”, pero desde hoy jueves 16 de marzo “volvemos a salir a la calle con una jornada nacional de protesta”.
Se trata de una jornada que tiene lugar al cierre de esta edición y es masiva. Su epicentro es Lima y cuenta con la participación de sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales en el orden nacional, como en cada provincia donde también hay movilizaciones, porque “entendemos que la lucha contra esta dictadura no es sólo de los trabajadores, sino de todos los peruanos”, remarcó Minaya.
Así las cosas, mientras tanto, el martes pasado el Congreso volvió a rechazar -por quinta vez- un proyecto por el que se buscaba adelantar para diciembre las elecciones presidenciales y parlamentarias. La iniciativa también pretendía fijar para abril de 2024 el traspaso de mando.
De este modo, la clase capitalista que actúa en Perú, vuelve a negar la posibilidad de una salida institucional a una crisis política que lleva varios años, pero que se intensificó con el golpe de Estado que se cargó al Gobierno que encabezaba Pedro Castillo. A partir de ese momento, la feroz represión dejó un saldo de más de setenta personas asesinadas por fuerzas policiales.
Pero también un creciente avance sobre distintos derechos de ciudadanía. Una imagen clara de esto es la presencia que desde hace dos meses tienen tanquetas de la Armada Peruana frente a la sede central de la CgtP, cuyo titular reconoce que con Castillo, “hubo ciertos cambios para mejorar la calidad de vida de los pobres de nuestro país y de las masas que necesitaban que sus derechos fueran reivindicados”.
Pese a esto, recordó que “tenemos una Constitución que viene de la década de 1990, de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos”, lo que representa “toda una estructura legal que sigue vigente con leyes que precarizan a los trabajadores”. Por eso es que entre las principales demandas de quienes manifiestan hace tres meses, figura la convocatoria a una asamblea constituyente que construya una nueva Carta Magna.
Pero esta idea es sistemáticamente rechazada por un sistema político partidario hegemonizado por la derecha y una clase capitalista que amparada por la Constitución fujimorista y un sistema tributario que la beneficia, es cada vez más rica, algo que no se condice con la generación de puestos de trabajo de calidad, tal como lo destaca un relevamiento del Programa de la ONU para el Desarrollo que fue publicado a mediados de 2022 por Forbes.
En ese informe se advierte que la mayoría de este crecimiento patrimonial se concentra en los sectores financiero, extractivista, telecomunicaciones, medios digitales pagos y salud prepaga. Mientras tanto, el sistema de representación política y la institucionalidad liberal burguesa continúan degradándose y, prueba de ello, es que durante los últimos cuatro años la Casa de Pizarro haya visto jurar a seis presidentes.
¿Entonces será tan así esto del boom de la economía peruana, que muestran como ejemplo varios de los personajes que la industria massmediática exhibe como portadores de verdades canónicas? “En la post pandemia la informalidad llega al ochenta por ciento”, alertó Minaya y señaló que la lógica consecuencia de esto es que “cada vez hay más pobres, muchos trabajadores viven al día y estamos atrasadísimos respecto al resto de la región”, ya que “la situación es muy precaria y la esclavitud laboral que se legalizó con la Constitución fujimorista, defiende los intereses de los poderosos”.
