Se fue Merino y entró Sagasti. Otro “Milagro” de la derecha que hace agua. Una crisis económica y político-institucional que permitió maximizar tasa de rentabilidad para muy pocos y pobreza para muchos.
Francisco Sagasti juró ayer como presidente de Perú, elegido por sus pares del Congreso para completar el proceso que debería desembocar en las Presidenciales convocadas para el domingo 11 de abril de 2021.
Sagasti integra el del Partido Morado y asumió tras la renuncia de Manuel Merino, quien estuvo a cargo del ejecutivo entre el 10 y el 15 de noviembre, después de que fuera destituido Martín Vizcarra y hasta que una movilización popular lo dejara sin margen de maniobra para seguir en al frente de la Presidencia.
Otra de las claves para comprender por qué se fue Merino, hay que buscarla en la presión de los principales grupos de poder económico-financiero que le soltaron la mano cuando, a poco de asumir, exhibió incapacidad para calmar las aguas, algo que esas élites exigen para garantizar “un buen clima de negocios”, tal como lo explicó la principal cámara empresaria de Perú.
Así las cosas, tras cinco días en la Casa de Pizarro, Merino se fue denunciado penalmente junto a sus ministros, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones. La denuncia penal sobre la que la fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar, alcanza también a los jefes de la Policía Nacional.
En este contexto, desde el poder real y el débil sistema político que hegemoniza la institucionalidad de Perú, con la designación de Sagasti se pretende corregir el proyecto fallido que significó la irrupción de Merino en la Presidencia. Y quieren hacerlo corriendo el eje, desde la derecha recalcitrante hacia un centro derecha de cara más amable, como para pasar el chubasco.
De 2002 a 2013, la economía de Perú creció a un promedio próximo al seis por ciento anual, mientras que su déficit fiscal e inflación se sostenían bajos.
Pero en un escenario de gobiernos de élites locales cooptados por tecnócratas formados en las aulas del sistema financiero transnacional, a nadie debería sorprender que ese desempeño macroeconómico tuviera su contracara en el crecimiento de la desigualdad y la pobreza.
Y todo esto se profundizó, más aún, cuando a partir de 2014 comenzó a ralentizarse el crecimiento del PIB, al tiempo que se desmoronaba el esquema de representación política.
Estos son algunos datos que ayudan a comprender que es lo que pasa, ahora mismo, en Perú. Pero también que es lo que puede pasar.
Es que en medio de todo esto, la pandemia golpea duro y el PIB va a caer este año un trece por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y todo en un marco en el que, a diferencia de otras formaciones estatales de la región, con el achique del Estado en Perú se destruyeron casi todas las herramientas aptas para construir una estrategia de contención social.
Por otro lado, la reprimarización de la economía llevó a que los ingresos de divisas de Perú se expliquen casi exclusivamente por la actividad minera e hidrocarburífera, dos sectores sujetos a la volatilidad de los precios internacionales y que generan escaso valor agregado.
De todo esto va entonces el Milagro Peruano que la derecha que actúa en nuestro país intentó poner como paradigma. Un “milagro” que construyó crisis económica y político-institucional, permitió maximizar tasa de rentabilidad para muy pocos y pobreza para muchos.
Postura
En este contexto, el Partido Comunista de Perú (PCP) volvió a reclamar que es preciso que se avance en un proceso que desemboque en una Asamblea Constituyente.
Al respecto, el PCP denunció que Perú “se encuentra sumida en el peor caos y desgobierno producto de la crisis económica, sanitaria y moral ocasionada por el neoliberalismo, sus representantes políticos los partidos tradicionales que gobernaron los últimos 40 años al servicio del gran capital”.
Tras lo que recalcó que “el país en su conjunto, no puede aceptar la muerte innecesaria de jóvenes ciudadanos y los cientos de heridos en las protestas por ser violatorias a los Derechos Humanos y una expresión de la criminalización de la protesta” y añadió que Merino, Flores Araoz y Rodríguez “deben ser denunciados por crímenes de lesa humanidad”.
