Desde el Frente Amplio se señala que el gobierno tuvo una “reacción tardía” a la hora de implementar medidas para combatir la circulación del Covid-19.
“Se perdió la posibilidad de convocar a un acuerdo nacional, a trabajadores, empresarios, científicos, al personal de salud y a todos los partidos”, señaló el senador por el Partido Comunista, Óscar Andrade, al referirse a la decisión adoptada por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ante el crecimiento de casos de Covid-19 en ese país.
El martes pasado Lacalle Pou anunció la entrada en vigencia de restricciones sanitarias, entre ellas, el cierre de las escuelas y las oficinas públicas, en principio hasta el 12 de abril.
“Cuesta entender cómo ante una situación infinitamente más grave que hace un año las medidas son mucho más tenues”, lamentó Andrade y señaló que se perdió una oportunidad porque en el ejecutivo hay “mucha soberbia”.
Por su parte, también desde el frente Amplio (FA), el ex vicepresidente, Danilo Astori, criticó que el gobierno no avance en el establecimiento de un impuesto al sector privado, esto es “a los grandes capitales y a las mayores ganancias en la actividad privada” para el Fondo Coronavirus.
Por su parte, desde el PIT-CNT se pidió este que el ejecutivo otorgue un “ingreso básico de emergencia” para los trabajadores cuya situación laboral se ve afectada por la pandemia. Y, al respecto, su secretario general, Marcelo Abdala, destacó que “mantenemos las banderas de la importancia de la conexión entre las medidas sanitarias que se adoptan y las medidas económicas” y advirtió que no alcanza con solicitar a los ciudadanos que se mantengan en sus casas “si no tienen para comer”.
Tras lo que fustigó la decisión gubernamental de imponer un impuesto a los trabajadores públicos que perciben salarios más elevados, para el Fondo Coronavirus.
“Se vuelve a insistir con un impuesto a este segmento de los trabajadores mientras que los sectores que no han dejado de acumular una gran riqueza siguen sin aportar nada” denunció Abdala.
Así las cosas, con el abordaje que hace el gobierno presidido por Lacalle Pou, cabe preguntarse quién paga la factura que deja la pandemia en Uruguay.
“Gracias Uruguay”, es el mensaje que hizo público en su cuenta de Twitter el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, al anunciar que lo convocaron para vacunarse contra el Covid-19 en Montevideo, donde se autoexilió hace cerca de un año, porque según titulo en ese momento Infobae “se hartó de la Argentina”.
Durante el Gobierno Cambiemos, Mercado Libre fue una de las pocas empresas que no perdió. Lejos de eso, le fue muy bien ya que supo moverse como pez en el agua dentro de un esquema que fomentaba el emprededurismo y el precariado como paradigma para regir las relaciones laborales.
Su empresa y él fueron usados de ejemplo en reiteradas ocasiones por el propio Mauricio Macri, algo que Galperin supo retribuir cuando fue fiscal de Juntos por el Cambio en las presidenciales de 2019.
Su twit es oportuno, no sólo porque exhibe agradecimiento, sino porque llega en momentos en que de este lado del Río de la Plata, comienza a hacerse pública una resistencia activa que, por la vía judicial, se manifiesta desde el universo del capital contra la Ley 27.605 que prevé el aporte solidario de algo más de doce mil contribuyentes que cuentan con un patrimonio superior a los doscientos millones de pesos ¿Para qué? Para paliar el costo que tiene la adopción de medidas tendientes a paliar los efectos que provoca la pandemia.
