La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana pasó a ser una víctima más del lawfare imperialista en la región, que la derecha ecuatoriana viene utilizando sistemáticamente para restringir cada vez más la democracia en su país. “La falta de transparencia del operativo y las denuncias de maltrato contra la dirigente evidencian que no estamos ante un proceso legal confiable, sino ante un montaje que debe ser revisado integralmente”, advirtió el Partido Comunista del Ecuador.
El Partido Comunista del Ecuador (PCE) hizo pública su condena “de manera categórica” a la detención de la excandidata presidencial por Revolución Ciudadana en 2023 y 2025, Luisa González, en un operativo policial ordenado el jueves pasado. La Fiscalía General del Ecuador dictó la orden de detención contra la dirigente correísta y fue trasladada por la Policía Nacional desde su vivienda de la provincia de Manabí al Cuartel Modelo de Guayaquil. Allí permanece alojada bajo la figura de “prisión preventiva”, a la espera de que se especifique qué cargos son los que se le imputan en el marco de una investigación amañada en la que se la acusa por presunto lavado de activos para el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
Lo cierto es que resulta imposible soslayar en qué contexto tiene lugar esta detención, ya que se da en medio del afianzamiento del vínculo entre el gobierno de Daniel Noboa y la administración de Donald Trump. Desde marzo de este año hay presencia de militares yanquis patrullando las calles ecuatorianas y oficiando de facto de supervisores de unas fuerzas armadas locales que vienen cumpliendo funciones de policía. Asimismo, como parte de las acciones acordadas en el marco del Escudo de las Américas, el Comando Sur ya ha hundido este año varios botes pesqueros con la acusación nunca probada de estar combatiendo al narcotráfico, lo que ha dejado un saldo de ocho personas desaparecidas en altamar. Tampoco resulta casual que este nuevo caso de persecución política-judicial ocurra a poco más de un mes de la fecha fijada para la celebración de las elecciones seccionales para elegir alcaldes y prefectos.
Otro dato a tener en cuenta es que González fue encarcelada unos días después de que las principales ciudades ecuatorianas fueran escenario de masivas manifestaciones estudiantiles que tuvieron un factor común en el fuerte repudio que provocan las políticas del gobierno ultraderechista de Noboa, donde el ajuste y la represión escalan de la mano y la sumisión a los Estados Unidos no deja de profundizarse. Estas manifestaciones multitudinarias irrumpieron en una democracia sumamente tutelada y restringida, donde vienen sucediéndose toques de queda en varias ciudades desde marzo.
Ese es el telón de fondo que tiene este arresto que encuentra antecedentes inmediatos en las detenciones de quien fuera vicepresidente de Rafael Correa entre 2013 y 2017, Jorge Glas, secuestrado por la policía de la embajada de México en Quito en 2024, con lo que se consumó además un acto de violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía del país azteca, y de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, apresado en febrero de este año. Se trata en ambos casos también de dirigentes correístas que fueron encarcelados y condenados en otras causas armadas durante la gestión de Noboa, similares a la que ahora se inició contra González. Estos procedimientos, tal como denuncian diferentes organismos de Derechos Humanos, estuvieron viciados de nulidad. Al igual que lo estuvo el emblemático caso de lawfare en la región que significó la orden de captura contra el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra exiliado en Bélgica desde 2017.
En su repudio a la detención de la excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, el PCE subrayó que la misma se produjo “dentro de un contexto de irregularidades judiciales conocidas en el país, donde jueces destituidos, sentencias cuestionadas y decisiones que desnaturalizan las medidas cautelares han convertido la justicia en un instrumento de persecución política”. A esto se le suma “la falta de transparencia del operativo y las denuncias de maltrato contra la dirigente, que evidencian que no estamos ante un proceso legal confiable, sino ante un montaje que debe ser revisado integralmente”. Por lo que el PC del Ecuador exigió “su libertad inmediata y la revisión de todo el proceso”.
En tal sentido, el PCE hizo hincapié en que esta detención “sirve a los fines electorales del gobierno de Noboa y busca tapar la pésima gestión que ha desarrollado durante todo su mandato”, ya que, a pocas semanas de las elecciones regionales, el oficialismo “pretende distraer la atención pública con un show mediático de ‘justicia’ mientras consolida su proyecto de perpetuación en el poder y elimina a la oposición de la contienda”.
Además del repudio manifestado, los comunistas ecuatorianos convocaron “al pueblo trabajador, a los jóvenes, las mujeres, los pueblos y nacionalidades indígenas y a todas las fuerzas democráticas a prepararse para la lucha y a organizarse contra la dictadura política que se ha instaurado”. La Presidencia Noboa, cuyo mandato constitucional en principio debería extenderse hasta 2029, “ha demostrado que no respeta la Constitución, ni la ley, ni la voluntad popular, y mantiene un monopolio del poder político, judicial y económico que afecta gravemente los principios democráticos del Estado de derecho”, recalcó el Partido Comunista del Ecuador.
Es por eso que, enfatizó el PCE, ahora “es momento de frenar a este gobierno autoritario y de ejercer el derecho a la resistencia en las calles, de manera organizada y pacífica, a movilizarnos por la libertad de Luisa González y de todos los presos políticos, y a construir un frente amplio que enfrente la dictadura y su modelo de muerte y despojo”.
