A más de un mes de que la movilización popular volviera a ganar las calles de Colombia, el ejecutivo dinamita cualquier acercamiento con las posiciones del Comando Nacional Unitario.
Se espera que hoy vuelvan a reunirse representantes del Gobierno y el Comité del Paro, después de que ayer se viviera otra jornada de movilizaciones y brutal represión por parte de fuerzas policiales cada vez más militarizadas.
Vale recordar que hace un mes y una semana, la movilización popular comenzó a ganar las calles de las principales ciudades de Colombia, de la mano del paro convocado por el Comando Nacional Unitario (CNU) que integran las centrales sindicales, para enfrentar la imposición de un paquete de medidas, con el que el ejecutivo pretendía que sectores medios y los más empobrecidos, paguen el costo de la crisis que ya existía y que se profundizó con la pandemia (Ver Paro contra el ajuste de Duque).
La reforma tributaria regresiva que quiso imponer Iván Duque fue el detonante de un proceso que viene de lejos y que tuvo hitos como los que señalaron los paros nacionales con jornadas de intensa movilización de 2019 y 2020.
Por eso es que de nada sirvió que, cuando la cosa se escapó de sus manos, el Gobierno intentara descomprimir retirando el proyecto. Ya era tarde, porque el proceso que comenzó con una demanda puntual, había ganado volumen político. Y, en su propia dinámica, iba sumando a diversos sectores sociales agredidos y afectados por décadas de un modelo socioeconómico, pero también político que se quiso imponer como ejemplo para toda la región.
Así las cosas, lo que estalla en Colombia, es el esquema político diseñado para las formaciones estatales capitalistas de segunda línea, que se caracteriza por una constante y brutal transferencia de riqueza desde las mayoría de la población a una minoría muy concentrada de personas. Y este modelo donde la democracia económica está ausente, sólo puede imponerse mediante la sustitución de la democracia formal e incluso la política, por formas cada vez más autoritarias.
Por eso a nadie puede sorprender que un gobierno que desde hace un mes está lleno de dudas, tenga al ejercicio brutal de la represión como única certeza. Desde que comenzó este capítulo de represión, los asesinados se cuentan por decenas, los heridos por miles y las personas desaparecidas por centenares.
Mientras tanto cada vez que el Comité del Paro acerca posiciones que puedan descomprimir la situación, el ejecutivo corre el arco. Nada de esto es casual: desde el Palacio de Nariño se busca dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo y sólo pretende ganar tiempo.
¿Acaso alguien puede imaginar que Duque pueda tomar alguna medida disonante con la postura pública de jefe político, Alvaro Uribe, quien reclama que la solución sea más militarización de la represión al conflicto social? ¿Puede pensarse en que Duque actúe contra la postura de los mandos de las Fuerzas Armadas y policiales que son uno de los principales arietes de las posiciones de EE.UU. en la región?
Zona de riesgo
Una de las claves para comprender todo esto la aporta el secretario general del Partido Comunista de Colombia (PCC), Jaime Caycedo, quien recalca que “el movimiento que lleva a cabo el paro no se opone a soluciones, por el contrario, las quiere e hizo propuestas al respecto”.
Pero hace hincapié en que, “la actitud intransigente proviene del gobierno y, aparentemente de sectores de las Fuerzas Armadas que estarían presionando para que se declare el estado de conmoción interna en todo el país”.
Esto permitiría que el Gobierno avanzara en la aplicación de todavía más restrictivas de las libertades públicas. “Inclusive se habla de la idea de un golpe de Estado por parte de militares o un autogolpe propiciado desde el propio partido Centro Democrático de Alvaro Uribe”, advirtió el titular del PCP.
Y añadió que, entre otras cosas, así se buscaría justificar la imposición de medidas más drásticas, “incluida la posibilidad de suspender la s elecciones generales previstas para 2022”.
Con este telón de fondo, Caycedo recordó que su país “atraviesa una gran crisis en el marco de la crisis del capitalismo y de su agudización por la pandemia” y destacó que “la solución no puede ser militar ni de exterminio contra las fuerzas populares que se manifiestan democráticamente”.
