A un año de integrantes de la Fuerza Tareas Conjunta de este país asesinara a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, el ejecutivo de ese país continúa poniendo obstáculos a cualquier investigación independiente. Y aún nada se sabe sobre el paradero de Lichita.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina hizo pública su “profunda preocupación” por el estado de estancamiento en que se encuentra la investigación que debería establecer quiénes son los responsables de los asesinatos de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de los que ayer se cumplió un año.
Como se recordará, estas niñas argentinas de once años de edad, fueron ultimadas durante un operativo llevado a cabo en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EEP), por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que integran la Policía y el Ejército de Paraguay, en el que fue vista por última vez otra niña llamada Carmen Elizabeth, Lichita, que desde entonces permanece desaparecida.
El operativo tuvo lugar en la zona de Yby Yaú, un pequeño poblado del departamento de Concepción, hasta donde el mismo de los hechos, día fue el presidente Mario Abdo Benítez para sacarse fotos con militares y, sin la presencia de ningún funcionario judicial, anunciar que se había realizado “un exitoso operativo” y que tras “un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado (el EPP) han sido abatidos”.
Los abatidos fueron las dos pibas de once años, sobre cuyos cadáveres se impidió hacer ningún tipo de autopsia ni pericia judicial. Tampoco se permitió la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, pese a que diferentes organizaciones de Derechos Humanos y el propio Gobierno Argentino así lo solicitó.
Así las cosas, por medio de un comunicado del Palacio San Martín y a un año del doble infanticidio, el ejecutivo nacional, recordó que viene solicitando que, “en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas”.
Por lo que insistió con su solicitud de que su par paraguayo “facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se ha negado sistemáticamente”.
Y recordó que nuestro país quiere “acompañar con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente, objetiva e imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que éstas fueron asesinadas”.
Pero asimismo, para que se verifique “el proceder posterior adoptado por las agencias del Estado paraguayo y las responsabilidades que le caben a cada una de ellas en el marco de lo normado por la Convención sobre los Derechos del Niño”.
