Crece la represión en la región chilena de Biobío, mientras Sebastián Piñera pretende extender el Estado de Excepción que lo autoriza a que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior.
Al cierre de esta edición la situación seguía siendo confusa en lo inherente a la cantidad de personas que resultaron asesinadas durante la represión desatada durante los últimos días en una zona ubicada entre Cañete y Tirúa, en la Región del Biobío.
Pero lo cierto es que integrantes de la Armada y Carabineros dispararon contra miembros de una comunidad indígena y que, como resultado de esto, fue ultimado un joven de 23 años, Yordan Liempi Machacán.
Mientras tanto el presidente, Sebastián Piñera, dijo que su intención es prolongar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en diversas provincias de la Macrozona Sur. Y también habló de extender a otras regiones esta medida que le permite al ejecutivo desplegar fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, al tiempo que volvió a homologar la protesta social con el narcotráfico y otras formas de delincuencia.
Con este telón de fondo, legisladores, académicos, convencionales constituyentes, dirigentes sociales y representantes de organizaciones de la comunidad mapuche, exigieron que se esclarezcan los hechos de Biobío, se identifique a los responsables y haya un proceso judicial transparente.
La demanda tiene poco de antojadiza, ya que la historia reciente de Chile está plagada de episodios en los que integrantes de la comunidad mapuche, fueron asesinados por carabineros en hechos los que se los pretendió hacer pasar como muertos en enfrentamientos.
Postura
Por su parte, el Partido Comunista de Chile (PCCh), repudió y denunció la responsabilidad gubernamental por “los hechos de brutal represión y violencia ocurridos hoy en las localidades de Cañete y Tirúa, Región del Biobío” que, recalcó, “constituye en una evidente violación a los derechos humanos”.
Al respecto, advierte que testigos presenciales denuncian que fuerzas policiales y de la Armada “abrieron fuego indiscriminadamente, dejando a pasajeros, conductores y transeúntes heridos, en un escenario alejado totalmente de cualquier conflicto o enfrentamiento armado, como lo están señalando falsamente medios de prensa, autoridades de gobierno y la Armada, con total impunidad”.
Tras lo que añade que la situación que atraviesa la región “requiere de una solución política”, por lo que “mantener el Estado de Excepción sólo agudiza las tensiones y no permite avanzar en una solución integral de la relación entre el Estado y el Pueblo Nación Mapuche”.
Y fue claro al denunciar que “en Chile se implementa un Terrorismo de Estado, desde el primer día del gobierno de Sebastián Piñera y a través de acciones de extrema violencia, prácticas colonialistas, racistas y discriminatorias contra los pueblos originarios, y con un ensañamiento feroz contra el Pueblo Mapuche, y su legítima lucha por autonomía y recuperación territorial”.
Por lo que, “este sistemático escenario violento que se está dando Chile solo refuerza la urgencia de que en la nueva Constitución, los derechos de los pueblos indígenas estén plenamente garantizados y sean respetados”.
Asimismo, exigió que el Congreso rechace la prórroga del Estado de Excepción solicitada por Piñera y se solidarizó con las familias atacadas, en tanto “demandamos el pronto esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia”.
