Este es el reclamo que en El Salvador hacen diferentes organismos de Derechos Humanos al gobierno que encabeza Najib Bukele.
“Por una navidad sin presos ni presas inocentes, víctimas del régimen de excepción y la persecución política” es la consigna con la que se llevó a cabo esta semana La Caminata convocada en El Salvador que contó con el respaldo de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Por medio de esa manifestación, un conjunto de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y denunció que “en El Salvador de Bukele se violan los Derechos Humanos a toda hora”, ya que “se mantienen a miles de ciudadanos encarcelados por razones políticas o medidas arbitrarias, sin derecho a visita familiar ni de sus abogados, amparados en la vigencia del régimen de excepción por ya más de tres años”.
Por tal motivo, los organismos salvadoreños de Derechos Humanos hicieron público un documento en el que reclaman que se garantice el derecho a la visita familiar y de los abogados a todos los detenidos en cárceles de ese país, también que se haga lo propio con el derecho a saber cómo se encuentran y en cuál lugar están recluidos, así como que se suministre información acerca del estado de salud de los convictos.
Asimismo, demandan que la Dirección General de Centros Penales “cumpla las resoluciones judiciales de otorgamiento de medidas sustitutivas para muchos presos. Libertad inmediata de todas y todos los inocentes, los cuales son más de las ocho mil personas que el presidente reconoció que han sido liberadas hace unos días”.
Y tras hacer hincapié en que es preciso que cese la persecución política “que se utiliza para acusar con delitos fabricados por la institucionalidad estatal y son manejados en forma arbitraria para discriminar a decenas de personas por motivos ideológicos”, puntualizaron que el gobierno que preside Najib Bukele debe restituir los derechos constitucionales que el régimen de excepción limita, tal como lo demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 28 de junio pasado.
