Fernando Torres Padilla, analista político, suma su opinión sobre lo que implica la condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe. “En un momento de profunda inestabilidad social, política y económica a nivel mundial, y a menos de un año de las elecciones que determinarán la continuidad o no del proyecto político que gobierna actualmente el país, la condena contra Uribe sienta un precedente trascendental para la región”, destaca Torres en el siguiente artículo para Nuestra Propuesta.
El pasado lunes 28 de julio, en un hecho sin precedentes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en el marco del juicio por manipulación de testigos llevado en su contra. El viernes de la misma semana fue confirmada la condena de 12 años de prisión domiciliaria que convierte a Uribe Vélez en el primer exmandatario condenado en la historia de Colombia.
En una audiencia de más de 10 horas, Sandra Heredia, jueza 44 del circuito penal de Bogotá, indicó que “Álvaro Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar”, y puso fin a un trascendental juicio, de más de 13 años, que había iniciado por causa de una demanda interpuesta por el propio Uribe Vélez, pero quién tras un inesperado giro terminó sentado en el banquillo de los acusados.
En 2012, el Senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, luego de señalar públicamente en múltiples ocasiones las relaciones de Álvaro Uribe con el paramilitarismo y su rol en la conformación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, fue denunciado por este ante la Corte Suprema de Justicia. El expresidente acusó a Cepeda de manipulación de testigos, por haber, supuestamente, visitado a exparamilitares en distintas cárceles del país, para conseguir que, por medio de ofrecimientos, testificaran en su contra con el fin de incriminarlo.
Cabe aclarar que, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, las AUC, o paramilitares, no son solo la parte responsable de la mayor cantidad de crímenes y violaciones de derechos humanos en el marco del reciente conflicto armado de Colombia, son el brazo armado de un tramado narcocriminal, político y paraestatal, concebido por empresarios y latifundistas, locales y extranjeros, con el objetivo principal de facilitar el despojo y la acumulación de tierras, la apropiación de recursos estratégicos y el control de rutas de narcotráfico en todo el país.
Por su parte, el Senador Iván Cepeda Castro es también hijo del asesinado congresista por la Unión Patriotica UP y dirigente del Partido Comunista Colombiano PCC, Manuel Cepeda Castro, quien fue asesinado en agosto de 1994 victima de un ataque en la ciudad de Bogotá, en el marco del genocidio en contra de la UP, partido aliado del PCC. Dicho genocidio fue un intento de exterminio político, llevado a cabo por la fuerza pública del Estado y grupos paramilitares entre 1984 y 2002, en el que, según informes del CNMH, mas de 6200 personas, entre dirigentes, candidatos y militantes, fueron asesinados.
La acusación de Cepeda contra Uribe se apoyaba principalmente en el testimonio clave de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar desmovilizado en 2005 del mencionado bloque Metro de las AUC, quien declaró haber sido testigo de la conformación de dicho escuadrón por parte de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez en 1995.
Seis años después de iniciado el juicio, en 2018, gracias al material probatorio presentado, la corte no solo archivó la denuncia tras determinar que Iván Cepeda era inocente, sino que descubrió que era Uribe Vélez quién había implicado a otros exparamilitares ofreciéndoles beneficios a cambio de testificar en contra del Senador Cepeda y pidió investigar al expresidente por esto.
Tras dos años de dilaciones, Uribe renunció a la curul que ostentaba en el Senado en ese momento, con el objetivo de perder su fuero político y provocar que el caso fuera trasladado a la justicia ordinaria, confiando en que la presencia de Francisco Barbosa, cercano al exmandatario, en la dirección general de la Fiscalía, bloquearía el avance del proceso. Lo cual funcionó hasta marzo de 2022 cuando finalizó el periodo de Barbosa y la Corte Suprema de Justicia nombró una nueva Fiscal General que dio celeridad al proceso.
Una vez allí, con Uribe como acusado, Ivan Cepeda junto a Marlene Orjuela Rodríguez, fiscal delegada en el caso, presentaron evidencias para demostrar la sistematicidad con la que la defensa de Uribe se valió de distintos emisarios para intentar persuadir a Juan Guillermo Monsalve de retractarse de su testimonio.
La fiscalía logró demostrar también la manera en que, tras la imposibilidad de convencer a monsalve de retractarse, la defensa de Uribe se acercó a exparamilitares y personas del entorno de Monsalve con el fin de convencerlos de contradecir el testimonio de este, y además, testificar que había sido Cepeda quien les había contactado y ofrecido beneficios para incriminar al expresidente.
La jueza del caso, tras validar la veracidad y la importancia de la evidencia, declaró que la defensa de Uribe se había enfocado en deslegitimar el testimonio de Monsalve y estableció la relación entre Uribe y los implicados mediante grabaciones e interceptaciones realizadas a estos. En dichas grabaciones no solo se escucha con claridad la voz del expresidente, también queda en evidencia que era él quién daba las órdenes.
Si bien la defensa del expresidente indicó que apelará la condena, es importante resaltar que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, que vinculan a Uribe Vélez con la constitución del bloque Metro de las AUC, son ahora de público conocimiento. Estos testimonios podrían ser retomados por la fiscalía para iniciar un nuevo proceso en contra del exmandatario, lo que permitiría que este sea juzgado por los múltiples señalamientos que lo relacionan con acciones ilícitas como paramilitarismo, narcotráfico, despojo de tierras, ejecuciones extrajudiciales, entre otras.
En un momento de profunda inestabilidad social, política y económica a nivel mundial, y a menos de un año de las elecciones que determinarán la continuidad o no del proyecto político que gobierna actualmente el país, la condena contra Uribe sienta un precedente trascendental para la región, ya que ubica a la Justicia y al Estado Social de Derecho por encima de los intereses y alcances del político más poderoso en la historia reciente de Colombia. Sin importar lo que pueda ocurrir tras la apelación, en esta oportunidad, como declaró la jueza Heredia en la histórica audiencia del 28 de julio, la justicia no se arrodilla ante el poder.
