¿Y entonces quién tiene la culpa?

“No creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Quien dijo esto no hace mucho es el fundador de PayPal Holdings, Inc., Peter Theil, quien además en tanto fuerte inversor en empresas que están instaladas en nuestra cotidianeidad como Uber, Facebook, Spotify o Airbnb, es un tipo muy influyente a escala global y también es uno de los ideólogos de la nueva extrema derecha que tiene una de sus ramificaciones instalada en La Rosada. 

Lo que dijo Theil, pudo haberlo dicho Steve Bannon o el propio Javier Milei quien, en plena campaña presidencial, sólo atinó a balbucear incongruencias cuando un periodista le preguntó si cree en la democracia. Y este es un dato que vale tener en cuenta a la hora de intentar comprender de qué y hacia dónde va todo este rollo del DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus, que si reciben luz verde del Congreso van a poner patas para arriba buena parte del contrato social que, al menos formalmente, se plasma en la Constitución.

Pero lo cierto es que si las iniciativas son frenadas en el Parlamento, se abrirá la puerta a medidas más drásticas de agresión al pueblo y a los sectores productivos en general, tal como coincidieron en amenazar Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el propio Milei. Queda claro entonces que para el actual gobierno la cosa es “palos porquebogas, palos porque no bogas” y que quienes desde esa mirada deben recibirlos son los trabajadores y sectores de medios de la sociedad.

En buena medida, esto explica la historia de idas y vueltas que atravesó toda la semana pasada, hasta que el viernes Caputo anunciara que el Gobierno Nacional retiraba el capítulo fiscal del Proyecto de Ley Ómnibus. Pero, pese a esto, durante el fin de semana desde la propia cartera de Economía, se hizo saber que se prepara un recorte del gasto más drástico para compensar la marcha atrás que el ejecutivo tuvo que dar con el paquete fiscal previsto originalmente en la iniciativa. 

La caída de este capítulo es una derrota más que simbólica para el gobierno. Por un lado ahora debe poner la lupa sobre partidas cuyo retoque implica necesariamente provocar más tensión social en un contexto en el que, aunque quiera negarlo, La Rosada sintió el golpe que significó la contundente jornada de paro y movilización del miércoles pasado. Y esto es así porque para continuar con el camino elegido, la Presidencia Milei va a apuntar a profundizar el recorte de los haberes jubilatorios, todo lo vinculado a transferencias a las provincias y las tarifas. Es que detrás de las metas fiscales que se propone, el gobierno juega la palabra que comprometió con el FMI, al que en un acto temerario le prometió que va a cumplir con el objetivo de déficit financiero cero, esto es, más de lo que el propio Fondo exigió.

Esta bravuconada fue tomada al pie de la letra por este organismo cuyo negocio no es cobrar, sino refinanciar deuda: y del cumplimiento o no de esta meta puede depender en qué condiciones se hace el desembolso por 4.700 millones que el Directorio del FMI debe tratar el jueves venidero, perotambién las condiciones en que la Presidencia Milei va a sentarse con el Fondo para volver a renegociar la deuda, algo que a todas luces va a tener que hacer en el corto o mediano plazo.

El anuncio de Caputo puso en el freezer, al menos por ahora, al blanqueo, la moratoria que alcanzaba a obligaciones tributarias, los capítulos de la seguridadsocial y aduanera, la modificación sobre el impuesto a los bienes personales, el dedicado a retenciones y el inherente a la ley de movilidad jubilatoria que de todos modos viene con trampa ya que la norma vigente establecía una actualización trimestral, pero cuando llegue la próxima actualización en abril, va a comenzar a regir el nuevo criterio de acuerdo al IPC calculado por el Indec, que no incluirá a la inflación de enero que -todo lo indica- va a ser muy fuerte. Así, el gobierno le va a comer a los jubilados un mes de actualización por IPC, lo que aportará a que los haberes del sector se retrasen todavía más respecto a la inflación.

Con este telón de fondo es prudente preguntar si el anuncio del viernes pasado representa realmente una marcha atrás o simplemente es un ardid por el que se busca satisfacer las necesidades formales que poseen los bloques de oposición friendly, para dar el paso que les falta para ceder sus votos y que así la Presidencia Milei pueda tener su primera victoria en Diputados.

Y en esto, el hecho de que Milei se deba correr -aunque sea un poco- de su lógica de todo o nada, puede ser leído como una derrota política. Pero vale recordar que la génesis misma de la Presidencia Milei, está construida sobre varias claudicaciones entre las que se encuentran los retrocesos en chancletas que dio después de barbaridades descalificatorias que apenas anteayer, el ahora presidente vomitó contra Patricia Bullrich, Luis Caputo, Mauricio Macri y Federico Sturzenegger, por sólo recordar algunas.

Nada de esto generó cuestionamientos dentro del sector de la sociedad que apoya a Milei ¿podrá pasar lo contrario ahora? Pero más allá de todo esto e incluso si se acepta que lo que se explora con este cambio de postura, es la posibilidad de avanzar hacia la construcción de una nueva coalición parlamentaria que apuntale al Gobierno Milei, dentro del paquetazo persisten puntos que tienen demasiado olor a podrido como para dejarlos pasar. Y esto es lo que hace que, al cierre de esta edición, todavía esté en veremos la realización de la sesión que extraoficialmente se anuncia para mañana martes.

El fundamental es la delegación de facultades que, aunque sea por un año con la posibilidad de un año más de prórroga, como se estaba rosqueando ayer domingo por la noche, resulta sumamente peligroso cuando el depositario de este beneficio es el mismo que pocas horas antes en un reportaje concedido a The Wall Street Journal, al referirse al proyecto de Ley Ómnibus, no dudó en aseverar que “no hay Plan B”, al tiempo que ratificó su intención de dolarizar la economía y acelerar el camino de la privatización de empresas públicas.

Y si de privatizar va la cosa, los capítulos referidos a la Ley de Tierras que contempla el DNU 70/2023 y la privatización de empresas que, si prospera, va a habilitar el por ahora proyecto de Ley Ómnibus, constituyen la parte del león para el núcleo más concentrado de la clase capitalista que actúa en el país, que es el mismo que tras bambalinas viene trabajando para que finalmente haya acuerdo entre el ejecutivo y el universo parlamentario que va desde la centroderecha hasta el PRO y La Libertad Avanza.

Una carrera alocada

La carrera alocada hacia el déficit cero que intenta imponer Milei, tiene ganadores y perdedores, pero también herramientas que poseen claros autores intelectuales. Cada segmento del DNU y del proyecto de Ley Ómnibus tiene un beneficiario (Ver La calle y el palacio) y detrás de cada uno de sus capítulos aparece la redacción de una corporación de la clase capitalista, tal como es el caso de la Unión Industrial Argentina. Pero también es evidente que si se quiere bajar el déficit fiscal, la de Milei no es la única hoja de ruta en la que se hubiera podido avanzar, incluso dentro de los límites que impone la dinámica liberal burguesa. Y, al respecto, ahí está la separata del Presupuesto 2024 que enviara oportunamente Sergio Massa al Congreso, donde se postulaba un abordaje tendiente a sostener el crecimiento económico que se registraba hace algunos meses y, en simultáneo, lograr un superávit primario del uno por ciento.

Sin pretender entrar en pormenores, vale señalar que lo que en ese texto se indicaba era la necesidad de eliminar una serie de beneficios impositivos y fiscales distorsivos y hasta ridículos de que goza un sector económicamente muy concentrado, con la finalidad de poder alcanzar el superávit fiscal.

La propuesta de Massa ya es historia, pero sirve para ayudar a comprender que la decisión de ajustar es política y, todavía más lo es la de decidir dónde y a quiénes ajustar. Y, fundamentalmente, ayuda a poner en negro sobre blanco que si no se cobra impuestos a los ricos ni se frena la evasión, y si encima se destruye el aparato productivo y el Estado reniega de la potestad de controlar herramientas básicas como el comercio exterior, la logística interna y los recursos energéticos, va a ser muy difícil avanzar hacia un equilibrio fiscal por más ajuste sobre ajuste con que se castigue al pueblo.

Mientras tanto, los trabajos de las principales consultoras anticipan que el IPC de enero va a estar en un rango similar o superior al de diciembre, lo que corroboraría la idea de que pese a la brutal recesión en curso, la inflación tiende a amesetarse en un nivel demasiado elevado y esto a pesar la fuerte retracción que se verifica en el consumo.

Y mientras tanto los salarios de trabajadores activos y jubilados están congelados. Hincar el cuchillo a hueso Es evidente que la libertad, tal como la entienden Theil, Bannon o el propio Milei, no es algo compatible con la democracia política y menos aún con la democracia económica. Y lo que queda entonces es la imposición de un discurso basado casi exclusivamente en la fe, que apuntala argumentos que señalan al sistema económico como una suerte de mecanismo que sería capaz autorregularse para tender por sí mismo a un equilibrio.

Pero que también denuncia que cuando -como era sensato esperar- esto no sucede, las conmociones y crisis que se producen no son atribuibles al comportamiento “del mercado”, sino a actitudes inadecuadas de determinados agentes económicos. Por eso es que desde esta perspectiva la culpa la tiene la intervención del Estado y la actitud que pueda tener el universo del trabajo por medio de sus sindicatos y, por supuesto, todos aquellos actores que “no la ven”.

Aquí, entonces, la pregunta es cuánto puede tensar una situación social que ya es alarmante, un gobierno que aparece encasillado en una postura ideológica de este tipo. Pero también desde dónde se puede construir una hoja de ruta que trascienda la etapa de necesaria resistencia, para ser capaz de presentar un programa que confronte realmente con aquel que, hay que reconocerlo, fue votado favorablemente por casi el 56 por ciento de la sociedad hace poco más de un mes.

Es que sería volver a tropezar con la misma piedra buscar soluciones en perspectivas keynesianas o neokeynesianas, o en otras formas de reformismos que plantean que existe un “capitalismo bueno” y que, por eso, la crisis se debe un comportamiento equivocado de banqueros y otros actores de la industria del crédito y las finanzas que por algún motivo se habrían deschavetado.

¿Acaso en un escenario como el actual alcanza con tener con rienda corta al universo de las finanzas, con la esperanza de que vuelva a ponerse al servicio de la economía real y productiva? ¿Alguien puede pensar que hoy existe en Argentina una burguesía nacional al estilo de la que actuó durante la segunda mitad del siglo 20? Como se ve, en este caso también se trata de un discurso basado en la fe.

Con este telón de fondo resulta preciso tener en claro que la contradicción fundamental sigue siendo la que existe entre los universos del trabajo y el capital, pero también que sin perder esta mirada estratégica, la tarea que impone la hora es construir táctica adecuada que permita actuar sobre una coyuntura que requiere de la articulación de

todo el creciente sujeto social que es agredido por las condiciones que vehiculiza el actual gobierno. Pero fundamentalmente hay que tener en claro que, también la situación de crisis que estalla ahora mismo en Argentina, responde a la dinámica propia del capitalismo, que nace de las contradicciones inherentes al propio proceso de acumulación del sistema y que se explica por los propios fundamentos del capital.

Estas crisis periódicas que tocan recurrentemente a una formación estatal capitalista de segundo orden como es Argentina, se vinculan a sus propias circunstancias históricas, pero que principalmente son inherentes al propio sistema tal como lo son las de larga duración. Y de ahí que sea preciso estar muy atentos para evitar volver a actuar bajo automatismos a los que se suele apelar a modo de reacción política, desde una mirada reformista que en forma creciente resulta insuficiente.

Ya que para poder comprender de qué va esto de la crisis, se requiere hincar el cuchillo a hueso para evitar la distracción que plantean factores exógenos que intervienen sobre la dinámica económica y así poder analizarla desde la dinámica propia del capital. Entonces, lo que va a quedar en evidencia es que el problema no es si “libertad y la democracia” son o no compatibles, sino que el asunto pasa por advertir que la democracia política es incompleta si no es también económica. Y fundamentalmente que el verdadero problema es que lo ciertamente incompatible con la democracia, es el sistema capitalista.