Las empresas distribuidoras de energía eléctrica, Edenor y Edesur, vuelven a colocarse en el centro de los cuestionamientos de los usuarios luego de la primera ola de calor del verano, que dejó sin luz a más de treinta mil hogares esta semana.
La primera ola de calor del verano redundó en lo que ya es costumbre para miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires: cortes de luz, algunos de ellos extensos, que afectaron especialmente a personas mayores y comerciantes, además de alterar la posibilidad de sostener los cuidados mínimos de higiene frente a la pandemia. Esta vez, los apagones afectaron a más de 34 mil personas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. En barrios como Almagro, los usuarios remarcaron que los cortes de luz se extendieron por más de tres días consecutivos.
Así una vez más la bronca de los usuarios recayó sobre las empresas prestadoras de servicios, Edenor y Edesur, quienes vieron sus canales oficiales en redes sociales saturados de mensajes de los usuarios, los cuales fueron desde el reclamo hasta la resignación. Entre los que alzaron la voz se encontró el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien cuestionó a Edesur por los diferentes apagones y solicitó a las autoridades provinciales y nacionales sanciones para la empresa.
“Es una situación gravísima, potenciada por la pandemia y las altas temperaturas. Tenemos de un lado a una empresa que tuvo ganancias siderales gracias a los tarifazos de los últimos años y, del otro, a miles de bonaerenses de una prestación deficitaria”, aseguró Lorenzino. Además, el Defensor del Pueblo fue crítico respecto al accionar del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) ya que “hace más de seis meses hicimos un pedido formal debido a las fallas en el suministro eléctrico y el incumplimiento de los planes de obras comprometidos".
Edesur es una empresa perteneciente al grupo italiano Enel (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) y tiene entre sus accionistas locales a Nicolás Caputo, el amigo más personal y cercano al expresidente Mauricio Macri. Desde el año pasado distintos sectores del Frente de Todos, entre ellos los intendentes del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires y el Partido Comunista, vienen pidiendo por la estatización de la empresa creada por el Estado en 1992 y concesionada desde hace casi treinta años al sector privado.
El reclamo para que el Estado recupere el control de la distribución de energía eléctrica en el Amba está bien fundado: ganancias enormes por parte de las empresas en los años más difíciles económicamente para la población, justamente cuando esta hubo de soportar los tarifazos, falta de inversión, mal servicio, recargas injustificadas en las facturas y personas electrocutadas por conexiones clandestinas se encuentran entre los motivos que justifican que el 75 por ciento de los usuarios, según un relevamiento realizado por tres consultoras contratadas por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, estén de acuerdo con la reestatización del servicio si Edesur no mejora el servicio.
Justamente hace poco semanas, a raíz de la noticia de que el grupo mediático Vila-Manzano había adquirido Edenor a Pampa Energía, de Marcelo Mindlind y Joe Lewis, nos preguntamos en Nuestra Propuesta Diario si acaso no era momento para plantear la recuperación de las empresas de servicios públicos. Vale recordar que el servicio no ha mejorado, a pesar de la cantidad impresionante de recursos que recibieron las energéticas durante el período 2015-2017 gracias a dos medidas trascendentales del macrismo: los tarifazos —con tarifas especiales para las empresas electrointensivas— y la condonación de deuda por parte de Cammesa —Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A— a distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap, a quienes se le condonó en 2016 19 mil millones de pesos.
