Aporte empresario

La  Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y la Asociación de Empresarios Nacionales (Enac)  convocan a un acto para propiciar la conformación de “un acuerdo social responsable, un contrato social donde las Pymes sean protagonistas”.

La cita es el 5 de junio en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, y se espera que más de quinientos empresarios concurran con sus propuestas a un documento que los convocantes llaman “Aportes del empresariado nacional para la reconstrucción de la Argentina productiva”, que será presentados ante dirigentes políticos partidarios, sindicales, sociales y empresariales.

En este contexto, el presidente de Apyme, Eduardo Fernández, instó a “volver a debatir el papel de los empresarios nacionales y las Pymes en un modelo de desarrollo inclusivo” ya que, recalcó, “es muy importante volver  a ubicar en el centro del debate el papel económico, político, social e institucional del empresario nacional, indispensable para la recuperación del país”.

Al respecto, dijo que “es fundamental  la referencia a José Ber Gelbard y la experiencia del Pacto Social que se firmó con la CGT en 1972 y que se plasmó en un programa de gobierno en 1974”.

Una experiencia que, recordó, “difiere totalmente de las posturas políticas que proponen la desaparición del Estado, que -según ese enfoque-  sólo impone  trabas y costos cuando interviene en la economía”.

Y añadió que la gestión de Gelbard en el gobierno nacional, “se tradujo en una cantidad de medidas importantísimas, basadas sobre la idea de que el Estado, los trabajadores y los empresarios están llamados a sentarse juntos para planificar la economía y el desarrollo nacional”.

Algo que “se relaciona también con los necesarios límites que deben ponerse a los sectores económicos concentrados, a los que se suele presentar en los medios como ‘los empresarios’, dejando de lado a la inmensa mayoría de ese universo,  los empresarios nacionales, de los cuales más de un noventa por ciento somos los micro, pequeños y medianos”.

Tras lo que resaltó que, desde diciembre de 2015, “se promovió desde el gobierno la concepción de que el objetivo del empresario es solamente obtener un máximo de utilidades sin ningún tipo de trabas, porque esas ganancias se derraman hacia el resto de la sociedad”, pero este enfoque “lleva a que en un país como Argentina, con casi 45 millones de habitantes y un territorio extensísimo, haya una gran riqueza que llega a muy pocos”.

Modelo productivo

Asimismo, Apyme apuntó contra el plan de facilidades de Afip presentado recientemente por el ejecutivo, al que tildó de “ineficaz para frenar la crisis”, ya que “lo que se necesita es una moratoria y la urgente suspensión por 180 días de embargos a las Mipymes”.

El plan “no facilita la imprescindible regularización del enorme  stock de deudas tributarias y previsionales de las micro, pequeñas y medianas empresas”, pero tampoco frena el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal ni suspende por 180 días los embargos de cuentas bancarias de las Mipymes -que es atribución de la Afip-, algo que solicitó Apyme.

Por eso, Apyme remarca que si el ejecutivo quisiera solucionar el problema, “debería recurrir a un decreto de necesidad y de urgencia o enviar al Parlamento un proyecto de moratoria tributaria y de seguridad social con eliminación de intereses y sanciones y refinanciación de deudas vencidas a muy largo plazo con tasas blandas”.

Y advirtió que la mayoría de las Mipymes “poseen cuentas embargadas y deudas que al actualizarse con intereses superan una o varias veces el capital más las multas y los gastos causídicos provenientes de los juicios”.

Por eso, denuncia Apyme que carece de sustentabilidad un simple acogimiento a un plan de facilidades que mayormente caducará ante la imposibilidad de pago, con las penalidades del caso, al tiempo que reitera “la urgente necesidad de discutir medidas integrales para la emergencia y establecer un verdadero diálogo social para sentar las bases de un modelo con industria nacional, Mipymes fuertes, equidad distributiva y justicia social, un  mercado interno pujante y exportaciones que incorporen valor agregado de acuerdo con una posición soberana de nuestro país en el contexto global”.