Aporte solidario…¿y después?

El viernes pasado el ejecutivo reglamentó la Ley 27605 de Aporte Solidario y Extraordinario, que alcanza a alrededor de doce mil contribuyentes que, si pagan, permitirá que el Estado se haga con trescientos mil millones de pesos que deben asignarse a medidas tendientes a “morigerar los efectos de la pandemia”.

Vale recordar que la Ley que fue sancionada por el Congreso el 4 de diciembre y se promulgó dos semanas después, establece un aporte por única vez de una tasa del dos por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de doscientos millones de pesos y puede alcanzar a alrededor de doce mil contribuyentes.

Para el caso de fortunas de más de ochocientos millones y menos de 1.500 millones, el aporte se elevará al tres por ciento y 0,25 más para quienes superen la última cifra.

De acuerdo a la base de datos que posee la Afip, son 380 personas las que se encuentran en esta situación y sus aportes alcanzarían el 55 por ciento del total de lo recaudado por el Aporte Solidario.

Según ese organismo, el 42 por ciento de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados, son activos y bienes dolarizados, mientras que el 92 por ciento de esos bienes está declarado en el exterior.

En ese segmento hay mucho de los alrededor de 130 mil millones de dólares declarados bajo el paraguas del blanqueo auspiciado por Mauricio Macri. La medida no obligó a repatriar, por lo que garantizó la posibilidad de seguir teniendo fortunas en el exterior sin el temor de que sus poseedores debieran pagar multas si eran descubiertas.

La ley 27605 determina que una cuarta parte de lo recaudado se va a destinar a exploración, desarrollo y producción de gas natural, un veinte por ciento para la adquisición de equipamientos sanitarios para enfrentar la pandemia y porcentajes similares van a ir a apoyar a empresas pyme y a becas Progresar, mientras que el resto se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante programas que incluyen la participación de cooperativas formadas por moradores de las localidades y barrios alcanzados.

Hasta convertirse en Ley, la iniciativa que presentaron Carlos Heller y Máximo Kirchner, tuvo un largo recorrido a lo largo del que fue resistida y atacada desde el universo del capital y sus propaladoras massmediáticas.

Pero contrariamente a los argumentos que se esgrimieron en su para descalificarla, la norma está lejos de ser confiscatoria y excepcional, sino que aparece que como bastante moderada si se la compara con otras de características similares que avanzan en diferentes puntos del planeta.

Bolivia promulgó la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, un tributo anual y permanente que se aplica a quienes poseen un patrimonio superior a 4,3 millones de dólares.

Pero también en otros países de la región como Brasil, Perú y Ecuador se intenta avanzar con tributos similares, principalmente, orientados a combatir el impacto negativo que provoca la pandemia. Y en Chile el Congreso tiene a su consideración un proyecto en tal dirección, que permitiría recaudar hasta 6.500 millones de dólares para financiar una renta de emergencia destinada a atenuar los efectos económicos de la pandemia. La iniciativa que fue descripta como “un acto de justicia” por la diputada comunista Karol Cariola, encontró fuertes trabas por parte de la bancada oficialista.

Por otra parte, normas que buscan que el Estado obtenga aportes extraordinarios provenientes de las grandes fortunas, también avanzan en países como Italia, España, Suiza y Rusia.

Diferencias

El Banco Mundial hizo un trabajo en el que analiza la estructura tributaria de diferentes países, en el que se señala que los impuestos sobre patrimonios y rentas que se cobran en Argentina, representan sólo el 12,9 por ciento del total, lo que los pone muy por debajo del promedio de la región que es del 26,5 por ciento.

Ahí también se advierte que esta característica regresiva del sistema tributario, se profundizó durante el Gobierno Cambiemos, período en el que los impuestos directos fueron recortados 3,3 puntos que –por supuesto- es dinero que el Estado evitó cobrar a los que más tienen.

Por su parte, el rango de la recaudación tributaria en relación al PIB que se cobra en Europa se ubica en promedio del 22 por ciento, mientras que el de EE.UU. es similar al de nuestro país. Claro que allá, por evadir impuestos, Al Capone fue a parar a Alcatraz y aquí, tras evadir pagar impuestos por 450 millones de pesos/dólares, Mauricio Macri acabó en la Rosada.

La maniobra implicó el cierre de la empresa Sevel que dejó a quince mil trabajadores en la calle y una deuda de 170 millones de dólares que fue estatizada, esto es, pagada por todos los argentinos.

Pero hay otra diferencia. Europa y EE.UU poseen estructuras tributarias basadas en el cobro de impuestos directos, mientras que en Argentina, el mayor peso de la recaudación cae sobre el consumo directo como en el caso del IVA.

Asimismo, la evasión tiene otros mecanismos. Un trabajo de la consultora francesa Capgemini, recalca que 114 mil residentes de Argentina poseen bienes personales superiores al millón de dólares, mientras que de acuerdo a los datos de la Afip hay sólo 32.484 individuos que declaran haber pasado ese límite.

Otro dato interesante es el que aporta el trabajo realizado por los economistas Thomas Piketty, Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman que explica la forma que adquirió la concentración de riqueza en Argentina a partir de 1976.

Se señala ahí que desde ese año, el enriquecimiento de los súper ricos de nuestro país representó sólo incremento patrimonial, porque la inversión cayó en catorce mediciones anuales. Y se destaca que la concentración del ingreso continúa siendo elevada, ya que del diez por ciento de la población volvió incrementarse durante la Presidencia Macri, hasta llegar a casi el 33 por ciento, ayudada por una estructura fiscal que acentuó su carácter regresivo.