El ataque de una patota dejó heridos con arma blanca y destrozos en la vivienda. Entre los atacantes se encuentra una ex funcionaria de la municipalidad.
Miembros de una comunidad mapuche de Bariloche fueron golpeados y heridos con armas blancas por una patota encabezada por quien dice ser el propietario del predio y su abogada, una ex funcionaria municipal.
El ataque tuvo lugar en la ladera sur del cerro Ventana, que perteneció históricamente a la comunidad Buenuleo, y se produjo una semana después de que desapareciera llamativamente la guardia policial dispuesta por la justicia en el marco de un hábeas corpus.
Marina Schifrin, abogada de la comunidad, pidió que se investiguen no sólo las lesiones por las que debió ser hospitalizado Ramiro Buenuleo, tajeado en la cabeza y el cuello, sino “a toda la asociación ilícita que primero sacó a la guardia y después protagonizó esta agresión brutal”.
El lote pastoril de 90 hectáreas en “Pampa de Buenuleo”, como figura en los mapas desde principios del siglo pasado, es un espacio en disputa entre esa comunidad, que inició en septiembre pasado el proceso de recuperación territorial, y Emilio Friedrich, quien asegura tener un boleto de compra-venta firmado por un lonko ya fallecido. La justicia provincial instruyó una causa por presunta usurpación pero el Tribunal de Impugnación de Río Negro, ante el planteo de la comunidad, la declaró incompetente y dispuso remitirla a la justicia federal de Bariloche.
En esa resolución, en diciembre, argumentó no sólo que la jurisdicción corresponde a Parques Nacionales sino que se investiga “un hecho calificado por lo imputados como de ‘posesión tradicional indígena’ sobre un espacio que entienden abarcado por dicha posesión (territorio incluido en el informe jurídico catastral realizado en el marco de la ley 26.061 y actualmente en el área de la Instituto Nacional Indígena, según nos informaran las partes)”, por lo que “no puede desconocerse que los intereses en juego trascienden simples intereses particulares”.
En un video registrado por los agresores, recuperado por la comunidad y difundido por el canal Wall Kintun TV se observa primero cuando intentan apartar por la fuerza a Buenuleo de la puerta de la casa. Después se ve cómo rompen los vidrios, se escuchan gritos desesperados de niños y la voz de un hombre que dice “no me importa que haya chicos, esta es mi casa”.
En un momento se corta la filmación pero sigue el audio, se escuchan mujeres gritando “basta, basta” y un niño que pide que “no lastimen a mis tíos”. Además de Buenuleo, que terminó hospitalizado con tajos en la cabeza, el cuello y la pierna, recibieron golpes Viviana Alvarez y un menor de catorce años.
Los atacantes identificados por la comunidad son Emilio Friedrich y Víctor Sánchez acompañados de la abogada Laura Zanoni (ex presidenta del Instituto de Tierras municipal de Bariloche) junto al empleado Alejandro Vera; todos comandaban un grupo indeterminado de personas. La patota persiguió, golpeó a mujeres, niños, jóvenes y adultos, lastimando con cuchillos,
La abogada denunció que desde la fiscalía de Bariloche le comunicaron que no quieren intervenir porque "hay una cuarentena" y las órdenes habrían sido emanadas por el fiscal jefe Martín Lozada. En la conversación que mantuvo con la fiscalía, solo se limitaron a "organizar una mediación" para la jornada de mañana viernes.
Desde septiembre de 2019 a la fecha la Comunidad Buenuleo viene denunciando en la Tercera Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal al mando del Fiscal Jefe Martín Lozada dando cuenta de las innumerables agresiones, hostigamiento y amenazas de muerte que vienen recibiendo.
El 10 de septiembre de 2019, se ha iniciado un proceso de recuperación territorial por parte de la comunidad Buenuleo. El territorio que la familia ancestralmente ha habitado, desarrollando su vida y realizado actividades ganaderas por años, ha sido comprado de manera fraudulenta por el empresario Emilio Freiderich. Se trata de unas noventa hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana a ocho kilómetros hacia el sur de Bariloche.
Desde aquel septiembre en el que circularon los videos que se veían a los matones de Friederich amenazando a los niños y niñas de la comunidad utilizando armas blancas hasta el día de hoy han sucedido distintas audiencias y reuniones frente a la justicia.
Pese a estas instancias formales donde la comunidad ha podido dar cuenta de su derecho ancestral mediante las pruebas que los abogados han ido presentando y el trabajo histórico antropológico que se viene realizando a través de reuniones e investigaciones hay un permanente hostigamiento hacia las familias que permanecen en la recuperación.
