Legisladores de diferentes bancadas presentaron acusación constitucional en contra del Presidente de ese país por su responsabilidad en los delitos que se perpetran durante la sistemática represión desatada hace un mes.
Sebastián Piñera “es responsable de las brutales violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en estos días en Chile”, recalcó el diputado por el Partido Comunista, Daniel Núñez, quien es uno de los legisladores que suscribió la acusación constitucional en contra del Presidente de ese país, en la que se lo acusa de los delitos de ese tipo perpetrados por uniformados que actúan en la represión de la protesta popular que tiene lugar en ese país desde hace un mes.
El documento que fue presentado -entre otros- por parlamentarios del PCCh, Frente Amplio, el PS y el PPD y apunta contra Piñera quien, además de ordenar la represión, implementó el Estado de Emergencia y el Toque de Queda en un contexto en el que integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, perpetran delitos de violación y asesinato, pero también detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de personas.
Al respecto, Núñez fue contundente cuando recalcó que fue el presidente de Chile quien “tomó las decisiones políticas que condujeron al accionar de las fuerzas militares, policiales”, por lo que “es él quien tiene que responder por sus actos”.
De ahí que, puntualizó, “vamos a ocupar un mecanismo legal constitucional, vamos a usar las armas de la democracia para que Sebastián Piñera asuma su responsabilidad política que él elude”.
Por otro lado, también desde el PCCh, la diputada Carmen Hertz, destacó que la presentación responde a “un apoyo transversal a este imperativo ético, porque los diputados estamos obligados a usar las herramientas que la Constitución nos entrega para hacer efectivas las responsabilidades políticas”.
Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que “esta situación ha infringido claramente la Constitución y las leyes y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación”.
Además de los diputados comunistas, suscribieron la acusación, sus pares socialistas Jaime Naranjo y Emilia Nuyado, Jorge Brito de RD, Claudia Mix que integra Comunes, Tomás Hirsch por el Partido Humanista, Gael Yeomans de CS, Vlado Mirosevic del Frente Amplio y Carolina Marzan del PPD.
La historia de Chile presenta tres casos de presidentes que fueron acusados constitucionalmente. En 1868 se rechazó la acusación contra Manuel Montt, ya en 1931 fue aprobada la que pesó sobre Carlos Ibáñez del Campo y ocho años más tarde, la acusación contra Arturo Alessandri ni siquiera fue admitida.
Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, durante el último mes, en Chile fueron detenidas 5.629 personas y se contabilizan 2009 heridos ingresados en hospitales como consecuencia de la represión.
Advertencia
La diputada Hertz advirtió que “dada la honda preocupación de la comunidad internacional con lo que está sucediendo en nuestro país, se ha comprometido, a juicio nuestro, el honor de la nación”, por lo que “estimamos que no es posible que en este país se siga con la impunidad política, con la impunidad moral, con la impunidad social”.
En este sentido, vale citar que el eurodiputado Miguel Urbán, de la coalición española Unidas Podemos, visitó días atrás Chile, tras lo que junto a su par Idoia Villanueva, redactó un informe que acompaña una carta dirigida a la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.
Ahí se solicita que Mogherini exija a las autoridades chilenas que dejen de reprimir la protesta social, pero también que solicite información y explicaciones acerca de la actuación de los uniformados en tareas represivas.
Asimismo, insta a la UE a hacer valer la cláusula de democracia del Acuerdo de Asociación Económica que mantiene con Chile, que contempla la suspensión del pacto si en uno de los países no se respetan los derechos humanos o no se ejerce una “buena gobernanza”.
Urbán y Villanueva integraron una “misión de urgencia” que viajó a Chile impulsada por eurodiputados de IU, socialistas y comunistas. La misión concluyó que “en la crisis social actual, Chile sufre parámetros de represión similares a los ejercidos durante los tres últimos años de la dictadura de Pinochet”.
