Buenos Aires y el conurbano se convierten cada vez más en un coto de caza para el negocio inmobiliario. Y mientras tanto crece el lobby de los que buscan la derogación de la ley de alquileres.
Aunque durante los últimos días la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, desestimó los trascendidos que indicaban que el Gobierno nacional analizaba suspender la Ley de Alquileres sancionada en 2020, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, persisten los planteos que buscan fomentar la derogación de la norma.
En este contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que es preciso “derogar la ley de alquileres” y lo hizo en el marco de un acto en el que realizó anuncios dirigidos a beneficiar al sector del negocio inmobiliario, mediante el financiamiento y exenciones impositivas para inquilinos y propietarios.
Las medidas anunciadas entre bombos y platillos, hablan bastante a las claras acerca de qué modelo de sociedad es la que se viene cocinando. Conforme resigna la bandera de la movilidad social ascendente, el Estado Liberal Burgués abandona una de sus principales promesas, esto es, la del sueño del acceso a la vivienda propia.
Y entonces ya no dedica sus esfuerzos a financiar ese objetivo, algo que durante varias décadas se hizo mediante el fomento del crédito hipotecario en el que la banca estatal tenía un papel fundamental, sino que apunta a otro más modesto que es financiar a una reducida porción de la sociedad, para que pueda acceder a alquilar.
Pero además de responder a una clara mirada ideológica, esta postura oculta tras de sí a un formidable negocio que como el inmobiliario, es parte constitutiva del bloque de la clase capitalista que de la mano del PRO gobierna en la Ciudad desde 2007.
En este sentido algunos datos son francamente reveladores. Un relevamiento llevado a cabo por el Colegio de Escribanos de la Ciudad, da cuenta de que 2022 fue un año formidable para el sector inmobiliario, ya que fue el año en el que más escrituras de firmaron desde 2017, con un registro récord en algunos meses como diciembre cuando se escrituraron más de cuatro mil compraventas, lo que representa un 26 por ciento más que durante idéntico período de 2021.
Y, al respecto, también señala que de las 33.753 operaciones que se realizaron, sólo 1.441 correspondieron a hipotecas lo que representa una merma del orden del 7,4 por ciento en comparación con el año anterior, algo que señala la casi inexistencia del crédito hipotecario.
Con este telón de fondo el mercado inmobiliario acentúa su direccionamiento hacia los sectores de ingresos medios altos y altos, así como a convertir a la vivienda en resguardo de inversión y ahorros, lo que la aleja cada vez más del acceso para los sectores de ingresos medios y bajos.
Pero esto no es todo. Según un trabajo hecho por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales, pese a la ley vigente, en el Área Metropolitana de Buenos Aires seis de cada diez alquileres se formalizan eludiendo lo que dice el texto de la normativa lo que implica la aplicación de aumentos por encima de lo establecido por la ley, subas trimestrales y contratos que se sustancian verbalmente, lo que deja a los inquilinos en una situación de suma vulnerabilidad.
Las cifras son alarmantes: la mitad de las personas que alquilan se ven obligadas a hacerlo sin que se sustancie un contrato y en el sesenta por ciento de los casos se verifica la aplicación de aumentos superiores a lo que permite la ley. Por lo que no sorprende que más del sesenta por ciento de los hogares que alquilan esté endeudado y en tres de cada diez casos, deban disponer más de la mitad de sus ingresos para poder pagar el alquiler.
Y en este punto, hay que destacar que en lo que va del año creció un veinte por ciento la oferta de alquileres temporales dolarizados. De acuerdo a lo que dice el Índice de Contratos de Locación que confecciona el Banco Central, en la Ciudad la oferta para alquiler tradicional alcanza a las 1600 unidades habitacionales en base a contratos de tres años con un aumento anual indexado por inflación que se coloca en el rango del 110 por ciento.
Pero los alquileres temporales que se ofrecen por medio de plataformas desreguladas y en dólares supera a las 17 mil unidades según datos oficiales, aunque la realidad indica que esta metodología se suele emplear para eludir la legislación y fijar arbitrariamente el precio del depósito inicial, aumentar trimestralmente el monto del alquiler y cargar sobre el inquilino aquel derivado de cualquier problema o rotura que pudiera surgir en el inmueble.
Y, asimismo, esto fomenta la existencia de un subregistro de este tipo de oferta que actúa al amparo del Ente de Turismo de la Ciudad, que por la Ley 6.255 es la autoridad de aplicación que debe regular los alquileres temporarios destinados al turismo.
En su registro aparecen 360 inmuebles que es una cantidad que irrisoria comparada con las no menos de setenta mil unidades habitacionales que es la oferta que surge de un simple relevamiento por las plataformas digitales que se dedican a esta actividad.
En este marco, mientras con fondos públicos sigue subvencionando al sector inmobiliario, el Gobierno de la Ciudad persiste en disminuir y subejecutar el presupuesto destinado a Vivienda tal como lo viene haciendo desde 2007.
Hace dos un informe que elaboró la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías que integran entre otros el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, advirtió que en la Ciudad el déficit habitacional ascendía a 11,6 por ciento. Y que trescientas mil personas residían en villas y asentamientos, otras 7.500 tenían que soportar situación de calle y un 35 por ciento de las familias pagaba alquiler.
