Un informe de la AGN reveló que la Revisión Tarifaria Integral que tuvo lugar en 2016 bajo la gestión de Cambiemos estuvo amañada. Según la auditoría, el ministerio de Energía de Aranguren le permitió a Edenor y Edesur que inflaran el precio de la energía con el propósito de justificar los tarifazos. Así, para 2018 las tarifas habían aumentado hasta un 2.300 por ciento.
Las empresas responsables de la distribución eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, Edenor y Edesur, inflaron con el aval del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) macrista los costos del servicio de la luz para justificar los tarifazos de Juan José Aranguren.
Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que dictaminó que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que firmó el gobierno de Mauricio Macri con Edenor y Edesur, “benefició a las distribuidoras en detrimento de los usuarios ya que se aprobaron costos operativos mayores a los reales”.
El “dibujo” de los números en la RTI se llevó a cabo cuando Aranguren era ministro de Energía. Según la AGN, el gobierno de Macri le permitió a Edenor inflar un 54 por ciento y a Edesur un 61 por ciento los precios reales del servicio. Gracias a la trampa, ambas empresas tuvieron ganancias adicionales por 2193,9 millones y 2027,21 millones de pesos, respectivamente.
Asimismo, las tarifas alcanzaron incrementos acumulados de hasta 2.300 por ciento en agosto de 2018, “en detrimento del bolsillo de los usuarios y de la calidad del servicio recibido”.
Como si fuera poco, la AGN también consignó que durante la gestión de Aranguren se estableció una nueva fórmula para determinar las bonificaciones a las que tienen derechos los usuarios por cortes de suministro, que favorecieron a las empresas eléctricas respecto a la situación anterior.
De esta manera, con la anuencia del gobierno de Macri e inflando los precios del servicio y rebajando las bonificaciones por cortes de suministro, las dos empresas que se reparten el negocio de la energía eléctrica en el Amba tuvieron sus años de gloria, mientras los usuarios perdían buena parte de su poder adquisitivo, en gran medida debido a la política tarifaria del macrismo.
Tajada
Las empresas del sector energético, tanto generadoras como transportadoras y distribuidoras, integran el grupo de empresas que gracias a la política económica de Macri mayor tajada sacaron del proceso de transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital durante el gobierno de Cambiemos.
Las ganancias siderales de las energéticas, se debieron a la cantidad impresionante de recursos que recibieron durante el período 2015-2017, gracias a dos medidas trascendentales del macrismo: los tarifazos -con tarifas especiales para las empresas electrointensivas- y la condonación de deuda por parte de Cammesa -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A- a distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap.
Hay que recordarlo, Cammesa condonó, en 2016, 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, pese a prosperar los tarifazos.
Así las cosas, a Edenor se le condonaron 1229 millones de pesos, a Edesur 429 y a Edelap 1798. Esta condonación de deuda fue fundamentada con un artículo ridículo incluido en el presupuesto 2017: según el artículo 15 se le reconocía a las empresas provinciales estatales y privadas del sector la diferencia de dos años entre tarifa congelada y los nuevos precios tras los tarifazos.
Es decir, surgió de un cálculo de diferencia entre lo que cobraron y lo que hipotéticamente podrían haber cobrado. Para los cálculos alcanzó con declaraciones juradas de los grupos económicos y no se exigió ninguna documentación que avale y justifique los números presentados.
Ahora sabemos que las enormes ganancias de las eléctricas, que supusieron al mismo tiempo una merma en los ingresos de los trabajadores, fueron posibles gracias a un conjunto de políticas económicas perfectamente diseñadas e implementadas.
Ante semejante maniobras, la distribución eléctrica en el país continúa en manos privadas ¿no es momento de plantear la recuperación de las empresas de servicios públicos?