La denuncia sobre los usos y fines de la inteligencia artificial por parte de las empresas que la impulsan, realizada por un programador de Anthropic luego de renunciar, volvió a poner en discusión los peligros de una carrera descontrolada y mesiánica impulsada por un puñado de mega millonarios y corporaciones. Mientras los trabajadores luchan contra la incertidumbre, las consecuencias laborales, sociales y ambientales de esas transformaciones, una fracción de los mega ricos prepara refugios privados para sobrevivir a las catástrofes que imagina. En Mendoza, empresarios ligados al universo tecnológico y al gobierno de Javier Milei proyectan uno de ellos. El problema no es una máquina que haya decidido rebelarse contra la humanidad, sino un capitalismo que desarrolla fuerzas productivas extraordinarias bajo el mandato de la acumulación, la competencia y la guerra.
¿La inteligencia artificial terminará con la humanidad? Formulada de ese modo, la pregunta conduce al fetichismo, porque convierte una tecnología producida por seres humanos, empresas, trabajadores, científicos y Estados en un sujeto dotado de voluntad propia. La inteligencia artificial no posee intereses económicos, no necesita conquistar mercados ni decidió incorporarse a la competencia militar entre las grandes potencias. Quienes sí tienen intereses y organizan su desarrollo son enormes corporaciones privadas respaldadas por Estados que consideran el dominio tecnológico como un componente de su poder económico y geopolítico. Por eso no pueden descartarse las advertencias surgidas desde el interior de esas compañías. Jacob Coxon, investigador de 27 años que trabajó en el entrenamiento de modelos primero en OpenAI y luego en Anthropic, abandonó esta última empresa y denunció que los principales laboratorios avanzan hacia sistemas cada vez más poderosos sin garantías suficientes acerca de su control. Según relató, la velocidad de la competencia termina subordinando las precauciones y afirmó que esas empresas están “jugando con nuestras vidas”.
El problema comienza donde termina la explicación de una inteligencia artificial autónoma y aparece la pregunta por quién la posee, quién decide qué investigar y para satisfacer qué necesidades. Detrás de la carrera contemporánea por la IA existen cantidades gigantescas de capital, centros de datos, energía, semiconductores y trabajo altamente especializado cuya propiedad está extraordinariamente concentrada. La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) calculó que apenas cien empresas, fundamentalmente estadounidenses y chinas, concentraban el 40 por ciento de la investigación y desarrollo empresarial vinculada con estas tecnologías, mientras Estados Unidos dispone de más de la mitad de la capacidad mundial de cómputo. En el caso chino, cabe destacar que existe una resolución por la cual ningún trabajador puede ser despedido para ser reemplazado en sus funciones por alguna IA.
Esa misma institución de la ONU advirtió que, si no existe una intervención política capaz de modificar su distribución, los beneficios de la automatización tienden a favorecer al capital sobre el trabajo. La IA ofrece capacidades que podrían reducir jornadas laborales, facilitar investigaciones científicas, democratizar conocimientos y mejorar servicios públicos, pero bajo las relaciones capitalistas existentes cada incremento de productividad aparece también como amenaza de desempleo, precarización o intensificación laboral. Ninguna de esas consecuencias es una decisión de los algoritmos, sino el resultado de relaciones sociales que coloca extraordinarios avances científicos bajo la propiedad y el control de una minoría.
La cuestión es también inseparable del imperialismo. Estados Unidos concentra buena parte de las patentes, la infraestructura y la capacidad empresarial vinculadas con la inteligencia artificial, mientras Washington procura preservar su predominio sobre semiconductores, plataformas digitales y capacidad de cómputo. A ello se suma una demanda creciente de electricidad, minerales estratégicos y recursos naturales, lo que convierte la carrera tecnológica en otra dimensión de las disputas globales por mercados y territorios. Las corporaciones, a su vez, aceleran el desarrollo porque ninguna está dispuesta a ceder posiciones frente a sus competidores, el mismo mecanismo que Coxon identificó al explicar por qué incluso quienes reconocen los riesgos continúan avanzando.
Bajo la competencia capitalista, aquello que resulta racional para una empresa que busca conquistar mercados puede producir consecuencias irracionales para el conjunto de la sociedad. Algo semejante ocurre entre las grandes potencias cuando subordinan los avances científicos a su confrontación económica y militar. No hace falta imaginar una máquina rebelándose contra la especie humana para reconocer el peligro de una organización social capaz de poner tecnologías extraordinarias al servicio de la guerra, la vigilancia y la acumulación privada. El caso más emblemático de esto lo constituye la empresa del magnate tecnofascista recientemente radicado en la Ciudad de Buenos Aires Peter Thiel: Palantir, principal contratista del Pentágono y del Estado de Israel, que pone el desarrollo de avanzada de la inteligencia artificial en función de los genocidios y crímenes imperialistas.
La historia adquiere un tono grotesco cuando algunos de los principales beneficiarios de este modo perverso de organización del mundo comienzan a preparar sus propios lugares de salvación. En Mendoza, sobre unas 32.000 hectáreas del Valle de Uco, el empresario tecnológico Martín Varsavsky impulsa Wamani junto con otros inversores, entre ellos Alec Oxenford, empresario de Internet y embajador del gobierno de Javier Milei en Estados Unidos.
Sus propietarios imaginan el predio como un refugio capaz de sostenerse ante una guerra nuclear u otra catástrofe global gracias a su distancia de los principales blancos militares y a su disponibilidad de agua, alimentos y energía. Allí existen viviendas prefabricadas, paneles solares y una pista de aterrizaje, y sus planes incluyen producción agropecuaria y sistemas informáticos capaces de funcionar aun ante una caída de las redes globales.
Varsavsky tampoco está solo en esas fantasías de supervivencia privada, porque magnates tecnológicos como el propio Thiel, Elon Mark y Mark Zuckerberg realizaron inversiones semejantes en otras partes del mundo. Ni hablar de la posibilidad de escapar a Marte, imaginada por Musk, ante un cataclismo global. Pero ¿quién irá a trabajar en Marte? ¿Quién va producir los microchips necesarios para que “trabajen” los algoritmos? Ahora la Argentina gobernada por Milei comienza a aparecer dentro de esa geografía destinada a las grandes fortunas, mientras el gobierno promueve mecanismos para atraer extranjeros ricos mediante inversiones y garantizarles que fuguen sus ganancias. No estamos ante poblaciones pobres intentando escapar de guerras provocadas por otros, sino ante integrantes de la élite económica mundial comprando territorios desde los cuales esperan atravesar intactos el eventual derrumbe del orden injusto que los enriqueció y, con él, según prevén en sus cálculos, el de todo el planeta.
La imagen se vuelve todavía más reveladora cuando se pregunta qué clase de sociedad imaginan en esos refugios después del desastre. El capital puede acumular tierras, servidores, alimentos y paneles solares, pero ningún multimillonario puede reproducir individualmente las complejas relaciones sociales de las que depende su propia existencia. Harían falta trabajadores que cultiven, reparen máquinas, produzcan energía, curen enfermedades y sostengan la infraestructura que transforma una fortuna en condiciones materiales de vida. Hasta las fantasías de autosuficiencia de los ricos confiesan así aquello que el discurso meritocrático pretende negar, porque ninguna riqueza existe independientemente del trabajo social que la produce. Cuando los beneficiarios del capitalismo imaginan que ese mismo orden puede desembocar en una catástrofe, su respuesta no consiste en transformarlo sino en comprar una salida individual. El refugio se convierte entonces en una metáfora de clase. Frente a problemas producidos socialmente y de alcance planetario, unos pocos pretenden apropiarse también privadamente de la supervivencia.
El gobierno de Milei encaja a la perfección en esa lógica. Su proyecto para la Argentina no apunta a desarrollar soberanía científica y tecnológica ni a colocar las nuevas fuerzas productivas al servicio de una estrategia nacional, sino a ofrecer recursos, energía, territorio y condiciones privilegiadas al capital transnacional concentrado. Una política emancipatoria debería avanzar en la dirección contraria y discutir la propiedad de la infraestructura digital, la protección del trabajo, el control democrático de los datos, la formación científica pública y la soberanía energética. Se necesita más ciencia y más tecnología, no menos, pero sometidas a necesidades sociales y decisiones democráticas y no al poder de accionistas cuyo objetivo es reproducir su capital.
Por eso, más allá de sus motivaciones, la denuncia de Coxon merece ser escuchada sin necesidad de aceptar las profecías apocalípticas acerca de una inteligencia artificial convertida en sujeto todopoderoso. El dilema decisivo no enfrenta a los seres humanos con las máquinas. Enfrenta la posibilidad de utilizar las enormes capacidades creadas colectivamente por el trabajo y la inteligencia para ampliar la libertad humana con un orden social que insiste en apropiarlas privadamente y cuyos beneficiarios, mientras tanto, comienzan a construir refugios para sobrevivir a sus propias consecuencias depredadoras.
