La Cámara de Diputados buscará este miércoles abrir paso al tratamiento de la emergencia crediticia de las familias, mientras el oficialismo maniobra para impedirlo. Más de veinte millones de personas están endeudadas y millones acumulan atrasos en un escenario marcado por la caída de los ingresos, la desregulación financiera y el encarecimiento del crédito. Jóvenes y jubilados aparecen entre los más golpeados por una coyuntura que obliga a tomar crédito a tasas leoninas para sostener los gastos cotidianos. Frente a semejante cuadro, el gobierno de Javier Milei pretende reducir el problema a una relación entre particulares y rechaza cualquier intervención pública. El endeudamiento doméstico para subsistir se ha convertido así en una de las expresiones más crudas del ajuste sobre la clase trabajadora y los sectores populares.
Este miércoles 9 de septiembre, la Cámara de Diputados volverá a ser escenario de una disputa que excede largamente los límites del Congreso. Los bloques opositores buscarán reunir el quórum necesario para emplazar a las comisiones y acelerar el tratamiento de los proyectos destinados a enfrentar la crisis de endeudamiento de las familias, junto con la prórroga de la emergencia en discapacidad. En la sesión anterior habían reunido 133 voluntades, cuatro más que las necesarias para abrir el recinto, aunque el Gobierno desplegó desde entonces una fuerte presión sobre aliados y gobernadores para hacer caer la convocatoria. La Libertad Avanza intentó además encauzar las iniciativas por un cronograma de reuniones que llevaba la posibilidad de dictamen hasta fines de septiembre, una demora que la oposición denunció como una maniobra para enfriar el debate. Lo que el oficialismo busca mantener fuera del recinto es un problema que ya atraviesa la vida cotidiana de millones de personas y que constituye uno de los rostros más descarnados de su política económica.
La magnitud de la crisis desmiente cualquier intento de reducirla a casos individuales de personas que administraron mal sus ingresos. Más de veinte millones de argentinos tienen actualmente alguna línea de crédito abierta y las estimaciones disponibles ubican en cerca de los seis millones a quienes acumulan retrasos superiores a los noventa días. El propio Banco Central informó que en junio la irregularidad del financiamiento bancario a las familias llegó al 12,8 por ciento, mientras otros relevamientos que incorporan distintas fuentes de crédito elevaron al 17,5 por ciento la proporción del monto adeudado que se encontraba en mora. A fines de 2023 este último indicador rondaba apenas el 4 por ciento, por lo que el salto producido durante la gestión de Milei resulta inocultable. No estamos así ante una suma de malas decisiones domésticas sino ante una transformación acelerada de las condiciones materiales en las que millones de hogares reproducen su vida. Cuando el salario, la jubilación o el ingreso de un trabajador independiente dejan de alcanzar, el crédito ocupa el lugar que antes ocupaba el ingreso corriente y la deuda comienza a funcionar como prolongación artificial de un salario por demás insuficiente.
Ahí reside el corazón del problema que el gobierno se niega a reconocer. El endeudamiento creció porque millones de personas necesitan financiar alimentos, servicios, alquileres, medicamentos y otros consumos elementales, y la mora aumentó porque los ingresos dejaron de alcanzar incluso para sostener esas deudas. El Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) junto con la Fundación Friedrich Ebert (FES Argentina), muestra que el monto promedio adeudado por quienes se encuentran en mora alcanzó en junio alrededor de 1,3 millones de pesos y aumentó un 58 por ciento real en apenas un año. Más revelador todavía resulta que más de dos tercios de las personas que tenían sus préstamos al día en 2024 y luego pasaron a registrar atrasos no lo hicieron por haber incrementado su nivel de crédito, sino por la pérdida de ingresos reales. A su vez, más de la mitad de quienes están en mora adeudan montos inferiores a 500 mil pesos, una cifra asociada principalmente al financiamiento del consumo cotidiano y no a grandes compras o inversiones. La imagen que emerge es exactamente la contraria de la propaganda libertaria, ya que no hay una fiesta de consumo financiada con deuda sino hogares que recurren a préstamos, billeteras virtuales y tarjetas para atravesar el mes y que luego no pueden cancelar esas obligaciones porque el ajuste vuelve a achicar sus ingresos disponibles.
La situación entre la juventud ofrece una de las imágenes más brutales de este proceso. Entre los menores de 25 años, casi cuatro de cada diez jóvenes con deudas registran atrasos en sus pagos, mientras en provincias como Chaco la proporción se acerca a la mitad. Se trata de una generación que ingresa a la vida laboral bajo condiciones extendidas de precarización, informalidad, salarios bajos y alquileres prohibitivos, y que encuentra en las billeteras virtuales y en los créditos digitales una de las pocas puertas disponibles para cubrir un gasto inesperado o completar sus ingresos. Otro relevamiento reciente mostró que entre las personas de 16 a 29 años más de ocho de cada diez habían recurrido durante los meses anteriores a una nueva deuda para pagar otra obligación. La facilidad tecnológica para obtener dinero en pocos minutos oculta tasas extraordinariamente elevadas y convierte una necesidad inmediata en una cadena de refinanciaciones cada vez más difícil de romper. Que una parte tan importante de la juventud comience su vida adulta incorporada a circuitos de deuda y morosidad constituye una condena social que ningún discurso sobre la libertad individual puede disimular.
El otro extremo generacional tampoco queda al margen. Más de cuatro millones de personas en edad jubilatoria mantienen actualmente algún crédito, préstamo, saldo de tarjeta u otra obligación financiera, lo que representa alrededor del 44,6 por ciento de ese universo. En sólo un año la proporción de adultos mayores con deuda irregular pasó del 4,1 al 11,4 por ciento y ya son más de 457 mil quienes acumulan pagos atrasados o directamente impagos. El aumento acompañó la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y el encarecimiento de gastos indispensables, entre ellos alimentos, servicios y medicamentos. El ajuste previsional adquiere así una segunda dimensión, porque primero reduce el ingreso disponible y después empuja al jubilado hacia un mercado crediticio que cobra intereses por prestarle el dinero que necesita para vivir. La deuda no complementa en estos casos una capacidad de consumo creciente, sino que compensa provisoriamente lo que la política oficial quitó de los haberes y de las prestaciones sociales.
La geografía del endeudamiento confirma también su carácter profundamente desigual. En la Ciudad de Buenos Aires, por tomar un caso paradigmático, La Boca encabeza los registros de morosidad, seguida por barrios populares como Villa Soldati y Constitución, mientras los niveles más bajos se concentran en zonas de mayores ingresos del norte porteño. Allí donde los salarios son menores, la informalidad laboral es mayor y el margen para absorber aumentos de tarifas, alquileres y alimentos resulta más estrecho, el crédito más caro ocupa un lugar creciente. No casualmente los mayores porcentajes de mora aparecen entre los proveedores no financieros, como las cadenas comerciales que venden en cuotas, donde casi la mitad de la cartera registra atrasos, seguidos por las tarjetas no bancarias y los llamados “neobancos”. Son precisamente las formas de financiamiento a las que recurren con más frecuencia quienes tienen dificultades para obtener mejores condiciones en el sistema bancario tradicional. La desigualdad social se reproduce entonces como desigualdad financiera, porque quien menos tiene termina accediendo al dinero más caro y pagando intereses mayores para adquirir los mismos bienes indispensables.
Nada de esto puede separarse de las decisiones adoptadas por el Gobierno desde diciembre de 2023. El DNU 70 avanzó sobre la desregulación de las tarjetas de crédito y eliminó, entre otras disposiciones, el límite específico que la legislación establecía para los intereses punitorios, al tiempo que el programa económico impulsó una desregulación general del mercado financiero. El resultado se combinó con tasas extraordinariamente elevadas en segmentos que concentran a los sectores más vulnerables, ya que el Banco Central llegó a registrar tasas nominales anuales del 144 por ciento para préstamos personales otorgados por determinados proveedores no financieros. Ahora, frente a las consecuencias de esas decisiones, Milei pretende presentar el endeudamiento como un asunto privado en el que el Estado no debería intervenir.
La posición es tan coherente con su programa como brutal en sus consecuencias, porque el Estado intervino para liberar las condiciones del negocio financiero y luego se declara ausente cuando millones de familias quedan atrapadas por esas mismas condiciones. El oficialismo garantiza la libertad del acreedor mientras abandona al trabajador endeudado frente al banco, la financiera, la billetera virtual o la agencia de cobranzas, por no mencionar el creciente rol de usurero que el narco viene ejerciendo en las barriadas populares más marginadas por el sistema capitalista.
La deuda se completa además con una dimensión cotidiana de hostigamiento que las estadísticas apenas alcanzan a mostrar. Personas que ya no pueden afrontar sus compromisos reciben llamados reiterados, mensajes intimidatorios y presiones de agencias de cobranza que convierten una situación económica angustiante en una forma permanente de disciplinamiento. Una audiencia realizada esta semana en la Legislatura porteña reunió a cientos de damnificados que denunciaron prácticas de acoso vinculadas al cobro de deudas, una escena que permite mirar detrás de las planillas del sistema financiero. El trabajador que se endeudó porque el salario no alcanzó termina presentado como culpable de una situación que fue producida por la caída de sus ingresos y agravada por las condiciones del crédito. Es la misma inversión de responsabilidades que atraviesa todo el discurso del gobierno, que transforma a las víctimas del ajuste en responsables individuales de las consecuencias del ajuste. Mientras tanto, bancos, financieras y grandes plataformas encuentran un mercado cada vez mayor entre quienes deben pedir prestado simplemente para sostener su vida cotidiana.
Por eso el debate que mañana intentará abrirse paso en Diputados no puede limitarse a una discusión técnica sobre refinanciaciones, plazos o tasas. Lo que está en cuestión es quién debe pagar las consecuencias de una política que deterioró los ingresos populares, multiplicó la mora y extendió el negocio financiero sobre las necesidades más elementales. Es indispensable ofrecer mecanismos de refinanciación accesibles, limitar las condiciones abusivas del crédito y proteger a las familias frente al hostigamiento de los cobradores, pero ninguna salida será duradera mientras el salario y las jubilaciones continúen subordinados al ajuste.
El verdadero desendeudamiento exige recomponer ingresos, trabajo, jubilaciones y derechos sociales, porque sólo así el crédito puede volver a ser una herramienta virtuosa y dejar de funcionar como sustituto del salario. Entretanto, en el campo popular sigue sin aparecer un programa claro con los pasos que necesitamos dar para salir de este laberinto. En tal sentido, resulta prioritario deshacernos de la estafa de una deuda externa ilegal e impagable, legitimada por el anterior gobierno y profundizada por el actual, mediante la cual el FMI nos está empujando al abismo, así como también establecer un impuesto permanente a las grandes fortunas para redistribuir la riqueza generada por la clase trabajadora y avanzar hacia una nueva ley de servicios financieros que reemplace la vigente ley impuesta por la dictadura, con el objetivo de facilitar la igualdad de oportunidades y el progreso social.
El gobierno intenta impedir el debate sobre el desndeudamiento porque reconocer la emergencia crediticia significaría admitir que detrás de los números que exhibe como éxitos de su programa existe una sociedad obligada a endeudarse para sobrevivir. La crisis de las familias endeudadas no es una anomalía del modelo de Milei sino una de sus consecuencias más visibles y, precisamente por lo tanto, enfrentarla supone también enfrentar el modelo económico que la produjo. Para eso no alcanzan los debates parlamentarios: hace falta organizar la bronca, impulsar la movilización popular y darle forma a una alternativa política programática que se plantee con firmeza dar vuelta esta tragedia social y garantizar una vida digna para todos.
