El Banco Nación evalúa presentar la recusación de Fabián Lorenzini en la causa Vicentin. El magistrado fue apoderado de la sucursal Reconquista de la entidad y, como tal, firmaba créditos a favor del holding durante la gestión de Javier González Fraga.
Se espera que durante las próximas el Banco Nación presente la recusación del juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, en la causa que lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin.
La decisión se basa en que Lorenzini no puede garantizar su imparcialidad en la causa, ya que desde 1997 y hasta 2018, el ahora magistrado fue apoderado de la sucursal Reconquista de la entidad bancaria y, como tal, firmaba créditos a favor del holding.
Esto durante la gestión de Javier González Fraga, quien está en el ojo del huracán por los créditos que otorgó a Vicentin. Como consecuencia de esto, el Banco Nación quedó en el tendal que dejó Vicentin, por lo que es el mayor acreedor con más de trescientos millones de dólares.
Pero asimismo, la presentación se fundamenta en que el noventa por ciento de la actividad del holding está radicada en Rosario, por lo que sería un juez de esa ciudad el que debería atender la causa.
La sospecha de las autoridades del Nación, es que la elección de Lorenzini se habría fundamentado en la posibilidad de tener un juez permeable a las requisitorias de la patronal.
Vale recordar que Lorenzini es el juez que rechazó la propuesta impulsada por el gobernador Omar Perotti con la idea de destrabar la situación de Vicentin, al tiempo que ordenó reponer al Directorio del grupo empresario.
La propuesta de Perotti se fundamentaba en que ese Directorio encabezado por Sergio Nardelli, tiene abiertas causas penales iniciadas por el vaciamiento de la empresa y, aunque sin resolver la cuestión de fondo, permitía destrabar la situación.
Apoyo
Mientras tanto organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, agrarias e indígenas suscribieron una declaración de apoyo a la “decisión estratégica del presidente Alberto Fernández de intervenir la empresa Vicentín y expropiarla para su utilidad pública”.
Entre otros, suscriben la Unión Campesinos Poriajhú, el partido Comunista de Chaco, la CTA y la CGT de esa provincia, la Federación Nacional Campesina, la Liga de Trabajadores Rurales, Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, el Frente Grande y la Mesa Multisectorial Feminista.
“Avalar el saqueo o recuperar soberanía”, recalca la declaración, es la disyuntiva respecto a la situación del holding, y recuerda que el Decreto 522/2020, permitía que el Estado accediera a la información de las cuentas de la compañía, pero asimismo permitía “la conservación de siete mil puestos de trabajo evitando un proceso de desguace y extranjerización que aumentará aún más la concentración del sector agroexportador”.
Esta decisión política “permitirá tener una empresa testigo que pueda incidir de manera directa en la regulación del comercio exterior y podrá como empresa pública generar precios de referencia”.
También indica que una conducción pública de Vicentín, “con eje en la soberanía alimentaria, permitirá recuperar la capacidad del pueblo argentino para asegurar el abastecimiento interno de alimentos a precios razonables con equilibrio económico, social y financiero para todos les que vivimos del trabajo”.
Por lo que respalda “la urgente reparación del daño que Vicentín provoca al no responder ante sus deudas y dejar a la deriva a trabajadores, productores y empresas que dependen de ella y del conglomerado económico creado” y hace hincapié en que es preciso convertir a Vicentin en una empresa pública.
