La controversia provocada por la actualización de las tarifas eléctricas en el Amba, puso al descubierto la necesidad de que el FdeT construya una orgánica política propia y dinámica en la que se puedan discutir y acordar la política económica y social en un contexto de profunda crisis que afecta, principalmente, a los trabajadores.
Las Resoluciones 106 y 107/2021 de la Subsecretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial el 30 de abril último, a través de las cuales se estableció una adecuación en las tarifas de energía eléctrica en el Amba que implica un incremento del nueve por ciento a partir del 1° de mayo, puso al descubierto la imperiosa necesidad de que el Frente de Todos (FdeT), en línea con lo planteado por el PC recientemente, construya “una orgánica política que lo convierta no solo en una coalición electoral sino en una plural y diversa fuerza política frentista” en la que puedan construirse los acuerdos políticos básicos para enfrentar la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa el país.
La cuestión energética -como la Hidrovía, solo por nombrar otro caso paradigmático- condensa las dificultades internas y externas que atraviesan a una coalición de gobierno cuya característica principal es su amplitud y que le permitió triunfar en las elecciones generales de 2019.
Con la verdadera “pesada herencia” dejada por el macrismo y con la imprevista crisis socio-sanitaria provocada por la pandemia, que elevaron la pobreza al 42 por ciento a nivel nacional según el Indec, se vuelve necesario y urgente, por un lado, tomar medidas que permitan contrarrestar el impacto económico que la crisis tiene sobre los trabajadores y, por el otro, dar la batalla cultural necesaria para que no sean la derecha y el capital concentrado los que impongan la agenda de debate en la Argentina.
Esto último hace imperioso que los cuadros políticos con responsabilidades institucionales de altísimo nivel, no ofrezcan carroña a los buitres.
En las últimas horas trascendió que el aumento del nueve por ciento publicado en el Boletín Oficial, tras las audiencias públicas realizadas en marzo, no contaba con el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien habría decidido echar a Federico Basualdo, subsecretario de Energía.
La desavenencia surge de miradas contradictorias al interior de la coalición de gobierno, entre quienes sostienen la necesidad de disminuir el déficit fiscal -por ende reducir subsidios- y mantener en equilibrio la macroeconomía mientras se negocia la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario, y quienes sostienen que en medio de la profunda crisis social la única salida es recomponer el poder adquisitivo del salario y así reactivar el mercado interno, para lo cual es menester incrementar subsidios para contener el precio de las tarifas de los servicios públicos.
Ambas posturas pueden parecer razonables y se alejan, la segunda más que la primera, de las políticas ortodoxas y neoliberales exigidas por los grandes grupos económicos.
Mantener la estabilidad macroeconómica para cerrar un acuerdo con el FMI, que permita al sector privado un acceso al crédito más barato como condición para enfrentar la pospandemia, es una salida elemental en el marco de una economía capitalista dependiente como Argentina.
Pero los escenarios no son “ideales”, por el contrario, tienen lugar en contextos específicos. La situación socio-económica de la clase trabajadora no admite otra política más que la de la recuperación inmediata del ingreso.
Sin embargo, el ritmo inflacionario de los últimos quince meses se muestra por encima de los salarios, tanto del sector público, como del privado y el no registrado.
La situación demanda, entonces, poner todas las cartas sobre la mesa y discutir, de cara a la sociedad y con protagonismo de las organizaciones políticas, sindicales y sociales, un programa de gobierno con medidas concretas y ejecutables en el corto plazo, que permitan revitalizar el papel del Estado en la economía, recuperando resortes estratégicos para la soberanía y economía nacional como la Hidrovía.
Pero también la implementación de programas de crédito e incentivo a la producción y el consumo, financiados con una extensión del impuesto a las grandes fortunas mediante una nueva ley del Congreso. Para ello es fundamental que el FdeT, como coalición, logre construir una institucionalidad en la que se puedan discutir cómo llevar a cabo estas medidas o aquellas alternativas que emerjan del debate político y social, con el objetivo de recuperar la iniciativa frente a la agenda de la derecha.
Los números
Desde la última prórroga del congelamiento tarifario, dispuesta en diciembre de 2020, se sabía que este año la discusión sobre el nuevo esquema de tarifas iba a poner en tensión a la coalición gubernamental,
Después de más de un año sin incrementos, amparado por la emergencia económica y sanitaria provocada por la pandemia, el margen para actuar era escaso.
Durante marzo se llevaron a cabo las audiencias públicas convocadas por el Enre, en las que las empresas distribuidoras de energía, Edenor y Edesur, reclamaron subas de entre 28 y 34 por ciento para clientes residenciales, y de hasta 45 puntos para el resto de los usuarios.
Por su parte, de haberse aplicado los criterios tarifarios que venían del Gobierno Cambiemos, el aumento tarifario hubiera alcanzado el 160 por ciento promedio.
Es en este contexto que, finalmente, el Enre determinó un incremento del nueve por ciento para encarar el tan mentado “esquema tarifario de transición”.
