El juez Ariel Lijo determinó que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúe con las tareas de transmisión de lo acontecido durante la dictadura en los espacios de memoria que están en Ciudad de Buenos Aires.
El brutal pustch que la Presidencia Milei viene perpetrando contra todo aquello que tenga que ver con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se topó durante los últimos días con dos frenos. Uno fue sin dudas la movilización popular que convocada por los organismos de Derechos Humanos y la otra provino desde un lugar, quizás, menos esperado cuando el juez Ariel Lijo dio luz verde a una presentación de la legisladora porteña, Victoria Montenegro, y determinó que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúe con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura en los espacios de memoria que están dentro de Ciudad de Buenos Aires, esto es, los predios y edificios donde funcionaron los campos de concentración Escuela de Mecánica de la Armada, Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
Como se recordará, sobre fin de año, el gobierno nacional arreció con los despidos de personal de la Secretaría de Derechos Humanos y anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, todo en el contexto de una medida que fue tan brutal que, por ejemplo, el Sitio de Memoria ubicado en Virrey Cevallos debió permanecer cerrado por falta de personal que pudiera abrir sus puertas.
“Hay una movilización, un alerta en el movimiento popular respecto a esto, hay una defensa y esto se notó en el abrazo y festival que recientemente hicimos en la Ex Esma”, sostuvo Malena Silveira quien representa a la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) en la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, tras lo que celebró que “también haya reacciones de otros ámbitos que no son el movimiento popular, como en este caso desde el Poder Judicial”.
Pero fue clara al recalcar que no hay que bajar los brazos, ya que resulta preciso “ir avanzando en la resistencia que vamos encontrando y construyendo” y para eso “desde los organismos venimos tendiendo puentes con diferentes organizaciones del campo popular como sindicatos, personalidades, sectores políticos, culturales y sociales para ir encontrando modos de articulación que permitan defender mejor a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
Con este telón de fondo, Malena Silveira, dijo que la resolución de Lijo “es muy importante”, ya que de alguna manera busca frenar el vaciamiento que se viene profundizando a partir de que el Ministerio de Justicia dispuso el cese de las contrataciones de personal que, oportunamente, se habían hecho por medio de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Se trata de trabajadores que fueron precarizados por el propio Estado, que se desempeñaban en diferentes sectores y que recibieron la promesa del ministro Cuneo Libarona de ser recontratados por el Estado Nacional por medio de la modalidad prevista en el Artículo 9, siempre y cuando se acogieran al retiro voluntario. Pero aunque buena parte se sumaron al retiro voluntario, nunca fueron reincorporados.
“A la falta de continuidad de los contratos precarios, se le suma la quita de los incentivos que hace que se baje el salario de los trabajadores que no fueron despedidos, cuya gran mayoría pierde a raíz de esto más de la mitad de los haberes que percibían”, denunció la integrante de la Ladh y lamentó que esto hace que “se produzca, de hecho, un desmantelamiento de la Secretaría que a diferencia de lo que hicieron con el Ministerio de la Mujer al que de entrada cerraron, en este caso van desangrándola de a poco, vaciándola y hostigando a los trabajadores”.
Entre las principales áreas afectadas aparecen los Sitios de la Memoria “que además de los recorridos en los que se cuenta la historia de cada lugar y de quienes pasaron por ahí durante la última dictadura, también tienen áreas de investigación y conservación”, al tiempo que constituyen prueba judicial mientras que las causas por los crímenes del genocidio estén abiertas.
“Por eso es que estos lugares deben estar protegidos”, puntualiza Malena Silveira y recuerda que “además hay una normativa que determina qué es lo que se puede hacer y qué no, porque cada segmento de esos edificios y predios posee marcas y registros de aquellos que pasaron por ahí y son objeto de búsqueda de nuevos hallazgos que a partir de los trabajos de conservación puedan constituir memoria y prueba judicial”. Y, entonces, “lo que hace el juez Lijo es establecer un límite que dice con claridad que los sitios deben seguir funcionando, que hay que seguir manteniéndolos y que son prueba judicial”.
Asimismo, la integrante de la Ladh advirtió que otra de las áreas que está siendo atacada es el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, “que es de alguna manera el heredero de la Conadep”, ya que ahí se concentra la base de datos a la que se va ingresando cada hallazgo vinculado a personas detenidas desaparecidas, sobrevivientes y aquellas que resultaron asesinadas.
“Se consignan los datos personales, también dónde fueron secuestrados, por qué campos de concentración pasaron y toda la información que se tenga acerca de cada caso en particular”, pero asimismo “la historia de la búsqueda de esas personas y así se va sumando información sobre cada compañero y compañera”, por lo que el Registro “condensa esas historias y lo que hicimos desde 1983 para construir Memoria, Verdad y Justicia”.
