La actividad minera está desarrollada muy por debajo de su potencial y capacidad, al tiempo que se encuentra monopolizada por empresas extranjeras que exportan mucho y declaran y aportan poco. “Chacho” Mena, Secretario General del Sindicato del Personal Jerárquico de trabajadores mineros, afirmó que “el rol del Estado en la planificación y gestión minera debe ser primordial”.
Una vez decretada la cuarentena a nivel nacional por la pandemia provocada por el Covid-19, el gobierno nacional habilitó la explotación minera por considerarla esencial. Según datos del Centro de Información Minera, dependiente del Ministerio de Producción, en 2017 —último año con información disponible— el Estado nacional recaudó poco más de cuatro mil setecientos millones de pesos en conceptos de regalías e impuestos. La actividad minera en Argentina fue descentralizado en la década del noventa por las políticas neoliberales; la explotación en la actualidad de estos recursos corresponde a las provincias y se encuentra privatizada, por lo que los estados provinciales deben enfrentar negociaciones en desigualdad de condiciones con las principales mineras del mundo.
La explotación minera en el país, básicamente oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno, hierro, litio, potasio, minerales nucleares y otros es considerada de las más diversificadas en el mundo, pero solo son explotados el treinta por ciento de la capacidad. En otras palabras, existe aún hoy un setenta por ciento de recursos que no son explotados. Además, una de las variables que más conflictos genera allí donde se instalan las mineras es la cuestión medioambiental; en la última década los pueblos de San Juan, Mendoza o Catamarca, solo por citar algunos, pueden dar cuenta de los efectos de la minería indiscriminada y extractiva. En resumen, se advierte rápidamente que la minería es tanto una actividad con un enorme potencial como eje de conflictos debido a la explotación extranjera y la poca capacidad de intervención de las comunidades y el Estado en la propiedad y objetivos de la producción.
Surge entonces el siguiente interrogante: en un contexto de crisis internacional, a cuya gravedad la pandemia está profundizando sin saber aún a ciencia cierta los alcances de la misma ¿no sería una salida plausible y necesaria la nacionalización del comercio exterior minero y la estatización de la producción bajo el control de las comunidades involucradas, los trabajadores y el Estado nacional?
Al respecto Marcelo Mena Muñoz, Secretario General de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) y referente del Partido Comunista de San Juan, explicó que “el 2020 nos encuentra atravesando un desafío a escala planetaria, en el que la lucha contra la pandemia es una tarea de todos los trabajadores y trabajadoras de la minería”. En esta batalla, “estamos decididos a encararla con determinación y responsabilidad”.
En ese sentido, enfatizó que “la minería como actividad en Argentina puede ofrecer un escenario esperanzador” frente a una situación en la que “las industrias del mundo crujen, las principales economías se desestabilizan y los mercados caen estrepitosamente, y junto a ellos los commodities se devalúan”.
¿Por qué en la actividad minera, bajo conducción del Estado y los trabajadores puede ser una salida a la crisis en la que Argentina, como parte del mundo, está inmersa? Mena afirmó que “en estas semana queda en claro que la minería recobra su importancia pública ya que fue una de las primeras actividades que fueron declaradas como imprescindibles para sostener la actividad económica en el contexto de la pandemia”.
Para dar cuenta de esto, Mena hizo referencia a la actualidad del sector, al afirmar que “si bien el trabajo que se viene realizando en Argentina es mucho, a todas luces es insuficiente”. Estableciendo un contrapunto, sostuvo que “basta comparar la participación de la minería en los productos internos brutos de países de la región para reafirmar lo dicho”. Por ejemplo, “en Chile la minería representa el diez por ciento del producto bruto nacional, en tanto que en Perú alcanzó el nueve por ciento en el año anterior. Sin embargo, en Argentina la minería aporta apenas un 0,6 por ciento” y explicó que “esta diferencia, sobre todo con Chile, no se debe a la falta de minerales en el suelo argentino, sino al lugar asignado a esta actividad dentro de los estados”.
Dada la situación, Mena dijo que “es evidente la necesidad de implementar una política estratégica minera a largo plazo que garantice el crecimiento de la actividad, sobre todo teniendo en cuenta los estudios económicos más recientes que establecen la posibilidad real que la minería alcance, mínimamente, el cinco por ciento del producto bruto argentino en el corto plazo”. Para lograr estos propósitos, puntualizó una serie de iniciativas que se podrían tomar, como por ejemplo “avanzar en una nueva Ley Nacional de Minería, que reemplace al obsoleto Código de Minería del año 1886, ya que es imposible seguir pensando la minería desde la perspectiva de hace un siglo y medio”.
Y no dudó en sentenciar que en ese proceso “el rol del Estado en la planificación y gestión minera debe ser primordial, la participación accionaria del Estado en las distintas empresas ofrece un camino de desarrollo y garantiza la continuidad de la actividad”. De acuerdo a esta valoración, concluyó que “la creación de una Empresa Nacional Minera es un camino que se puede y debe tomar en paralelo para el desarrollo soberano y sustentable”.
