Más allá de los números

A menos de una semana de que el gobierno anunciase, con bombos y platillos, que la pobreza disminuyó, los sectores populares sufrieron un nuevo choque con esa realidad que el gabinete niega. Es que abril comenzó recargado, con fuertes aumentos en las tarifas del gas, transporte público, peajes y GNC. “Cada vez más argentinos están saliendo de la pobreza” escribió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una columna publicada en la edición dominical de La Gaceta de Tucumán, inaugurando así el mes de abril pero repitiendo, por enésima vez, las falacias sobre las que construye el relato oficial. Lo escrito por Macri se asienta, hay que decirlo, en los datos publicados por el Indec el miércoles pasado. Según el organismo oficial la pobreza en 2017 se redujo hasta el 25,7 por ciento, una baja de 4,6 puntos en relación al 2016. Pero, recordemos. “Este es el punto de partida para que me evalúen” había exclamado el presidente cuando en 2016 difundió que el índice de pobreza en Argentina era del 32,2 por ciento. Vale rememorar que, desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2016, en Argentina hubo un apagón estadístico: el Indec decidió, con la excusa de diseñar nuevas herramientas de medición “más creíbles” que las de Guillermo Moreno, no producir estadísticas. Sucede que el rediseño metodológico en el Instituto coincidió con el primer semestre del mandato de Macri ¿Qué sucedió en ese período? Se produjo una devaluación de más del cuarenta por ciento, las tarifas aumentaron más de un quinientos por ciento y la inflación promedio fue de un veinte por ciento. Todo eso sólo en el primer semestre del 2016. Así las cosas, Macri y el gabinete presentaron un índice de pobreza -32,2- que incluía el desastre generado por la política económica del primer semestre pero que no aclaraba cuál era el punto de partida real en diciembre de 2015. En otras palabras, la derecha se autoimpuso un termómetro absolutamente descontextualizado y diseño una metodología de medición que permita mostrar un descenso de la misma bajo su gestión. A los números de laboratorio presentados por el gobierno y el Indec se le opone un termómetro difícil de contrarrestar: el de “la calle” y el bolsillo de los trabajadores ¿Cómo es posible que la pobreza haya disminuido si el poder adquisitivo del salario, jubilaciones y asignaciones se vio erosionado en el bienio 2015-2017? ¿Cómo puede haber menos pobres si el aumento del empleo fue menor al de la población económicamente activa? La política económica del gobierno es clara y tiene un objetivo central: operar una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital en el menor tiempo posible. Es en esta política que se enmarcan medidas como los techos en las paritarias, los tarifazos, la baja de retenciones a las exportaciones o la eliminación de subsidios, solo para mencionar algunas de ellas. En este escenario, la inflación no es más que el reflejo de la puja distributiva que se da en el país y en la que el gobierno interviene para favorecer a los sectores patronales. Estado y corporaciones Desde los primeros tarifazos a comienzos de 2016, en las notas de este diario venimos alertando que el nuevo esquema de tarifas que se quiere imponer en el país obedece a un rediseño de la estructura económica basado en el saqueo de la riqueza y el ajuste para favorecer a los grupos económicos. La composición de clase del gobierno nacional alcanza para sostener esta querella. Nombres como Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Joe Lewis se han ganado un espacio destacado en las crónicas que buscan desenmascarar al bloque de poder dominante. Ello sin perjuicio de los apellidos que componen el gabinete y se encuentran de los dos lados del mostrador, esto es, en el sector privado y la gestión del Estado: los Peña Braun, Etchevehere, Quintana, Aranguren y Caputo. Todos bajo la conducción de Macri y la Embajada de Estados Unidos. A la lista que encabezan Nicky Caputo y Marcelo Mindlin hay que sumar un nuevo integrante, el financista Rogelio Pagano, un ex ejecutivo de Pampa Energía y Edenor que ahora controla las cuatro distribuidoras de luz de la provincia de Buenos Aires. Tal como denunció Alfredo Zaiat en Página/12, el empresario -de bajo perfil público- administra las empresas Eden, Edea, Edes y Edelap. Para que esto pueda ser así contó con el apoyo indispensable de la gobernadora María Eugenia Vidal. No podía ser de otra manera: la posición de Pagano es inédita ya que le permite monopolizar la distribución de la energía eléctrica en la provincia, violando el marco regulatorio vigente. De esta manera, Pagano tiene bajo control toda la provincia de Buenos Aires menos el conurbano bonaerense que, ¡oh casualidad! se lo reparten entre Edenor -Mindlin-Lewis- y Caputo -Edesur-. Pagano usó como trampolín a Pampa Energía y Edenor tal como lo hizo uno de los empresarios favoritos en la Rosada: Marcelo Mindlin. Este fundó un verdadero imperio económico gracias a los tarifazos que aprobó Aranguren en el sector energético. Con las ganancias compró Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente y señalado como uno de los testaferros de la familia Macri y de Mauricio. Ahora, este parece seguir el mismo camino gracias a Vidal y a fuerza de tarifazos. En 2016 logró imponer aumentos que fueron desde el cien hasta el 215 por ciento. En 2017, se le permitió un nuevo incremento de 125 por ciento más un adicional de diez puntos porque, supuestamente, el grupo cumplió con un plan de inversiones de casi seiscientos millones de pesos. En el primer trimestre de 2018 el precio de la energía ya aumentó un 32 por ciento. Mientras esto ocurre, el costo de la Canasta Básica Total aumentó -sólo en febrero e incluyendo tarifas- un 3,3 por ciento. Aumenta el costo de vida para las personas y aumenta las ganancias de las grandes empresas ligadas al gobierno nacional ¿Casualidad o causalidad? Cualquiera sea el caso, que Pagano adore el dinero no es más que una casualidad irónica, más aún en tiempos de Pascua cristiana y pesaj.