El presidente estuvo en la provincia de Milagro Sala y, acompañado del gobernador, inauguró la presencia militar en la frontera para combatir el narcotráfico. Fue repudiado masivamente.
La visita que el presidente realizara la semana pasada a Jujuy para dar los primeros pasos en la concreción de su decreto 683/18, que habilita la intromisión de las Fuerzas Armadas en seguridad interior en concepto de narcotráfico, recibió en la provincia cordillerana un amplio rechazo de los sectores populares organizados.
Mientras el presidente hablaba en Tilcara ante un público, además de exiguo, selecto, en la capital provincial los organismos de derechos humanos, junto a movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones civiles, se manifestaron ante lo que consideraron la violación de un pacto importante de nuestra vida democrática: el que inhabilitaba a las fuerzas armadas, grandes responsables del genocidio de la última dictadura, a ejercer los roles para los que Macri, ahora, las habilita.
La presencia del presidente fue breve y constantemente secundada por el gobernador Gerardo Morales, uno de sus principales aliados entre los dirigentes de provincia y el mayor represor de estos días en la provincia de Milagro Sala. En Tilcara, a donde el presidente arribó tras cambiar su periplo a última hora, se vivió una pueblada en contra de la presencia. También en otros puntos de la provincia, como en el aeropuerto de la capital.
Los uniformados que se incorporarán a las acciones que ya realiza Gendarmería con numerosos efectivos, custodiarán la frontera a la altura de La Quiaca y sólo son una parte de los 3 mil que antes de fin de año el macrismo espera desplegar en toda nuestra frontera septentrional.
Se trata de la llamada Operación Integración Norte, que con sus uniformes verdes a la altura de Jujuy envía a la Bolivia de Evo Morales un mensaje muy poco cordial que, por todo lo demás, de integración sudamericana tiene muy poco. Además, tiene un precedente del que acaso sea consecuencia: el acuerdo firmado por el gobierno nacional en noviembre de 2016 con la Guardia Nacional de Georgia, el cual no significa otra cosa que subordinación de nuestras fuerzas armadas al mando estadounidense con objetivos estrictamente estadounidenses.
Sobre ello se manifestó la Asamblea Popular de la Puna, desde donde se apuntó que el acuerdo del 2016 “además, establece la instalación de Bases Militares encubiertas en áreas de recursos naturales estratégicos como Neuquén, Misiones y Jujuy”. Y se advirtió que esta presencia militar “favorece a la diplomacia estadounidense para coercionar sobre el actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos”.
La organización puneña también denunció que lo presentado por Macri en Jujuy “habilita en territorio nacional, escenarios de intimidación militar y abre la posibilidad de incursiones del Ejército Argentino bajo mando extranjero en agresiones a países sudamericanos”.
Por su parte, Leonardo Rosales, secretario del PC jujeño, convalidó esta tesis argumentando: “esta base militar tiene convenio con tropas norteamericanas y en el caso de La Quiaca, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo están tratando de proteger los intereses de la clase dominante y del imperialismo, que ha puesto su ojo sobre el litio”.
Sostuvo también que “dadas las políticas de ajuste comandadas por el FMI que está implementando el gobierno nacional y provincial, se espera que haya una convulsión social importante”. Por eso ratificó que lo anunciado por el presidente en Jujuy es “preocupante” y “ha despertado repudio en el pueblo”.
“Tratamos de que el pueblo tome conciencia de lo que está significando esta política de ajuste y represión, de la nueva teoría del ‘enemigo interno’”, dijo. Luego reconoció que “son muchos los frentes de lucha que tenemos en la provincia; uno de ellos es el hostigamiento a Milagro Sala y otro es la fragmentación del movimiento obrero debido a situaciones de división que se dan en la CTA”.
Pero afirmó: “a pesar de todo, los sectores populares y las organizaciones que denunciamos desde el primer momento lo que significaba Macri para nuestro país, venimos tratando de articular en unidad en acción pese a algunas diferencias de enfoque”.
