Que el ombú no tape el bosque

“Esto se va a agravar, no tiene posibilidad de salir bien”, alertó el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galiotti, al referirse a la reacción oficial que salió al cruce de la situación que atraviesa esta ciudad en la que, tras el asesinato de cuatro personas que estaban trabajando, se desencadenó un estado de parálisis en el transporte y el terror hizo que la vida local se trastocara drásticamente. 

En menos de una semana un sicario ultimó a Bruno Bussanich, quien tenía 25 años y estaba trabajando en una estación de servicio. Antes fueron asesinados con la misma metodología los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, de 43 y 32 años, y el colectivero Marco Daloia, de 39, que agonizó 72 horas antes de fallecer.

Lo que pasó es terrible pero no escapa a un escenario recurrente que atraviesa a esta ciudad de forma creciente y desde hace varios años. Y como cada vez que tiene lugar un pico de violencia de estas características, Rosario se convirtió en tapa del prime time de la massmedia, así como objeto de respuestas gubernamentales que -cada vez- compiten con la anterior para lograr más espectacularidad,

pese a que a priori suele saberse que en todos los casos se trata de recetas que transitan hacia un callejón sin salida.

Y esta vez no es la excepción. Si la imagen más terrible de la semana fue la de los trabajadores asesinados y la de sus familias, la más patética fue la que dejó el video oficial que los ministros Bullrich y Petri difundieron por redes sociales para hacer la venta de su incursión en Rosario.

Ahí, con una estética propia de película de guerra, se ve a los titulares de las carteras de Seguridad y Defensa, con rictus aplomado, bajando de un helicóptero para marchar decididos vaya a saberse hacia dónde. Y todo con la música de fondo de The Beginning of the War, algo que envidiaría el mismísimo coronel Kurtz.

La escena siguiente, la que fue transmitida casi por cadena nacional, mostró a ambos junto al gobernador Maximiliano Pullaro en una ronda de prensa en la que se adelantaron algunos aspectos, no muy novedosos, de la receta que esperan implementar. Entre los anuncios que se sucedieron en estos días aparece el “Reglamento General para el Empleo de las Armas” destinado a las fuerzas federales, que es una vuelta de rosca más a la doctrina Chocobar y que si prospera va a permitir, básicamente, que se autorice a que cualquier policía dispare balas de plomo si considera que está en un “peligro inminente”.

Por otra parte, desde el gobierno, volvieron a reafirmar que tienen en carpeta un proyecto para involucrar a los militares en tareas de seguridad interior, algo que fue ratificado no hace mucho por Javier Milei, quien reconoció que la iniciativa ya estaba escrita. Y, asimismo, se planteó que el caso de Rosario amerita la aplicación de la Ley Antiterrorista, algo que se vuelve sumamente peligroso en momentos en que la represión de las fuerzas que comanda Bullrich, se multiplica cotidianamente contra trabajadores que salen al cruce del ajuste que impone el gobierno.

También se anunció el envío de fuerzas federales para actuar en tareas de seguridad ciudadana en Rosario. La iniciativa que ya demostró ser inútil para combatir a las bandas que actúan en esa ciudad, esta vez además fue bastante mezquina, ya que llegaron 450 gendarmes que se sumaron a los 2500 que ya estaban destacados ahí.

Los tres mil uniformados son bastante menos de los cinco mil que dispuso Bullrich para el operativo que instrumentó para aislar a Milei de quienes se acercaron a protestar en las inmediaciones del Congreso, el pasado 1° de marzo.

Y otro dato más que habla de lo improvisado de lo que se está haciendo: la ministra de Seguridad mandó 450 gendarmes a Rosario, hace menos de un mes, el clásico entre Newell’s Old Boys y Rosario Central, requirió de mil efectivos destacados en las inmediaciones del Estadio Marcelo Bielsa.

Pero esto no es todo, ya que por medio de Patricia Bullrich, se anticipó que La Rosada va a proponer el tratamiento parlamentario de una “ley antimafias” como “la de Bukele”, así como el de un proyecto de ley de extinción de dominio, algo que fue corroborado por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien por medio de su cuenta en la red social X, sostuvo que “vamos a enviar una nueva ley al Congreso para que se aceleren los procesos de secuestro, decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico”.

En otros momentos, el actual titular de la cartera de Justicia, intervino en la defensa de Iván Villalba, en un juicio que tenía sentado a este individuo en el banquillo de los acusados, imputado en una causa por narcotráfico que se celebró en Paraná, tal como da cuenta en las publicaciones del sitio Fiscales.gob.ar que depende de la Procuración Fiscal de la Nación.

También en la capital entrerriana, Mariano Cúneo Libarona, se desempeñó como abogado defensor del fallecido ex intendente Sergio Varisco, quien fue condenado a seis años y medio de prisión, porque se lo encontró penalmente responsable de tener vínculos con una banda de narcotraficantes. A poco de que se leyera la sentencia al dirigente del PRO, el actual ministro aseveró que “le van a tener que dar una medalla a Varisco y pedirle perdón”.

Y, antes de eso, fue abogado de Mario Segovia, más conocido como “El Rey de la Efedrina”.

Un problema estructural

“En todo esto hay una secuencia que vale tener en cuenta”, puntualizó Gallioti y recordó que cuando el entonces gobernador Omar Perotti nombró a Marcelo Saín como secretario de Seguridad y a Víctor Sarnaglia al frente de la Policía de Santa Fe, “sostuve que los dos juntos no podían estar”, ya que “Saín iba por descabezar el sistema político- mafioso de la provincia, del que Sarnaglia es un actor principal”.

El resto es historia conocida y, finalmente, Saín fue acorralado hasta que debió abandonar el cargo ¿Pero qué fue lo quedó entonces? “En Santa Fe hay vínculos históricos
entre el poder fáctico, empresarios, la estructura política- institucional y la policía que va mutando de acuerdo a las características del negocio que sea mas rentable, en el que siempre el puerto aparece como un factor clave”, sostuvo el titular del PC rosarino.

Y, en tal dirección recordó que sólo entre 2022 y 2023 hubo varios decomisos de cocaína por volúmenes multimillonarios, que se llevaron a cabo en puertos de la zona administrados por Vicentín y otros que tuvieron lugar en Australia y Barcelona, sobre cargamentos de este narcótico que habían partido de terminales portuarias rosarinas del mismo holding.

Así las cosas, Galiotti fue contundente cuando señaló que los crímenes de trabajadores que se perpetraron durante las últimas jornadas, constituyen “un claro acto dirigido a paralizar la ciudad”, pero también alertó que con estos actos cobardes que horrorizan a la sociedad, “pretenden plantar un ombú para que no se pueda visualizar el bosque”.

Y añadió que de lo que persiguen es “que se respeten los acuerdos que han establecido durante tanto tiempo con el sector mafioso”, porque “la mafia disputa con el Estado y se establece como un poder real”.

Por otro lado recalcó que “como PC repudiamos el mensaje de la militarización”, ya que “conocemos las experiencias de Colombia y México, donde abordajes de ese tipo, sólo lograron que se multiplique la violencia y la matanza de inocentes”.

De ahí que, sin dudarlo, remarcó que lo que pasa en Rosario “no es una guerra y no se necesita una ley contra las mafias, porque los instrumentos existentes son suficientes para hacer auditoría seguir la ruta del dinero, lo que permitiría ver donde se lava y quiénes son los actores de ese procedimiento”.

Y añadió que “esta tarea es la que inició Saín en Santa Fe y por eso, ese poder mafioso hizo que lo echaran”.

Con este telón de fondo, Galiotti lamentó que “no hay nada que indique que esto se vaya a frenar” y volvió a insistir con el papel que en esta historia tiene el tráfico que se hace por el Río Paraná, las terminales portuarias de Rosario y su zona de influencia.

Pero también la creciente presencia que en la zona tienen agencias extranjeras, básicamente, de origen estadounidense.

Durante la Gestión Perotti, efectivos de la Policía de Santa Fe que integran la Unidad Especial de Investigación del Crimen Organizado (UEICrO), recibieron capacitación por parte de instructores del FBI, pero también realizaron tareas similares la Policía de Filadelfia y la de Colombia, tal como oportunamente lo advirtió el propio secretario del PC de Rosario.

Y al promediar 2022, Perotti anunció que su provincia iba a recibir asesoramiento por parte de la embajada de EE.UU. “para investigar delitos federales como el narcotráfico y el crimen organizado”, algo que traducido al castellano significa lisa y llanamente el reconocimiento de que se abrían las puertas para que la DEA desembarcara oficialmente en la provincia y la región.

“Siempre que participa EE.UU. por medio de la DEA y otros organismos, se multiplica la militarización del conflicto”, denunció Galiotti y recalcó que esto además “no sólo se introduce el negocio del control del narcotráfico, sino también el negocio de la venta y control de armas para armar al delito organizado, en el tienen absoluta incidencia las fuerzas policiales que son parte de este problema”.

Ahora, la novedad es que la Presidencia Milei dio luz verde a un acuerdo con EE.UU. que permite que integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de ese país se instalen en la Hidrovia Paraná-Paraguay.

“EE.UU. ya controla el negocio de las drogas legales, pero también quiere hacerlo con el de la ilegales que es tanto o más rentable que el otro, además, es el principal consumidor de drogas del planeta”, recordó”, el dirigente comunista.

Tras lo que resaltó que Rosario aparece como una suerte de laboratorio para la instalación de un clima de terror y demanda de “seguridad a cualquier costo”, que se pretende imponer en el resto del país, “para que la sociedad acepte la idea de que es preciso combatir al delito con intervención militar, por eso los términos de ‘guerra a las mafias’ o ‘narcoterrorismo’ con las que machaca Bullrich”, alertó Galiotti pero insistió que “ante esto decimos que la actual situación no se resuelve con guerra, sino con justicia y la presencia de un Estado, que quienes hoy gobiernan no quieren”.

Y después denunció que “militarizando y con la aplicación de la Ley Antiterrorista con la excusa de perseguir al narco, van a apuntar contra los luchadores sociales y políticos, que vamos a acabar siendo las víctimas de esta Ley Antiterrorista que aprobó Cristina Fernández de Kirchner y que, como PC, oportunamente denunciamos”, ya que “estas cosas se sabe como comienzan, pero nunca se sabe como pueden acabar, pero lo que es seguro es que nadie se va a equivocar si piensa que va a terminar mal”.