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Sáb, Oct

Política

Javier Milei festeja sus primeros treinta días de gobierno celebrando una inflación de 25,5 por ciento y una nueva vuelta de rosca en la soga con que el FMI acogota a los trabajadores argentinos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, amenazó: si el Congreso no aprueba a libro cerrado la ley ómnibus “sería una muy mala noticia”, lo que desde su perspectiva va a llevar a que el gobierno que encabeza Javier Milei instrumente “medidas más duras”. Pero no sólo esto, ya que tras celebrar el acuerdo alcanzado con el FMI, dijo que el paquetazo que intenta imponer la Presidencia Milei, “sienta las bases para la reconstrucción del país” y aseveró que “está muy claro que la sociedad acompaña esto”.

Respecto a lo que pasó en la reunión que sostuvo con la delegación técnica del FMI, celebró que el staff del Fondo que visitó Argentina, vaya a recomendar al Directorio del organismo que acepte las nuevas metas y habilite un desembolso de 4.700 millones de dólares, algo que no quiere decir que el Tesoro reciba dinero nuevo. Lejos de esto sólo se trata de un asiento contable que permite que Argentina pague los vencimientos de capital de diciembre, enero y abril a cambio de contraer un poco más de deuda y que, por supuesto, requiere el compromiso de profundizar el ajuste y la recesión.Caputo hizo hincapié en que la delegación técnica del FMI que visitó el país, remarcó que “el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macro económica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto”.

Todo esto, traducido al criollo, quiere decir que el FMI se aseguró que Argentina tiene un gobierno que está dispuesto a estrujar la naranja todavía más de lo que hizo su predecesor, al tiempo que con su blitzkrieg contra los trabajadores, exhibe que está decidido a avanzar en una reestructuración absolutamente regresiva de la matriz económica y productiva, pero también social del país. Y que si para esto debe pegar palos, lo va a hacer.

Pero aunque el FMI esté contento y Caputo lo celebre, quienes no tienen demasiados motivos para estarlo son los trabajadores. Es que aunque durante 2023 los sueldos de los conveniados, en promedio, lograron sostenerse cerca del nivel de inflación, pero esto cambió drásticamente a partir de que Milei entró a La Rosada y con la  mega-devaluación aceleró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) rezagando sustancialmente a los salarios.

En este punto vale señalar que el acuerdo fue anunciado por Caputo, que al emitir su mensaje aparecía flanqueado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien hasta hace menos de dos meses era su socio en la consultora Anker, que es la firma desde la que en su breve interregno fuera de la función pública, el ahora titular de Economía se dedicó a hacer negocios financieros e inmobiliarios con el sector privado y el Estado.

Y también es prudente remarcar esto del breve interregno. Es que Caputo, junto a la asunción presidencial de Mauricio Macri en 2019, se hizo cargo de la Secretaría de Finanzas desde donde seis días después y de la mano de Alfonso Prat Gay anunció que se liberaba el mercado cambiario lo que representó una formidable devaluación, que fue el principio de una etapa de ataque frontal al bolsillo de los trabajadores.

También tuvo un papel clave en la negociación con los fondos buitre que, amparados por el juez estadounidense Thomas Griesa, reclamaban el pago de lo que no había entrado en los canjes de deuda de 2005 y 2010. La inspiración de Caputo hizo que se les pagara más de lo que demandaban y, para hacerlo, el gobierno emitió el mayor volumen de deuda contraída en lo que hasta ese momento iba del siglo.

Esto no impidió que poco después aparecieran otros fondos que exigían su parte en el botín, por lo que de la mano de Caputo, la Presidencia Macri siguió endeudando a los argentinos y mientras crecía la deuda, lo hacían las comisiones. Hasta que un día se acabaron los prestamistas y entonces tras un paso como ministro de Finanzas, ya como titular del Banco Central, se sentó a la mesa en la que Mauricio Macri volvió a entregar a Argentina al FMI: este personaje es quien ahora vuelve a tener a su cargo la renegociación de una deuda que lo tiene entre los principales responsables de su génesis.

 

¡Felicitaciones Toto!

Con este telón de fondo, ayer jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dio a conocer el IPC de diciembre que fue del 25,5 por ciento, lo que representa casi el doble respecto al registrado el mes anterior. Así las cosas, 2023 cerró con una variación del 211,4 por ciento.

Se trata del primer relevamiento que se hace durante la Presidencia Milei, mandatario que hace poco abrió el paraguas anticipando que los que se darían a conocer ayer, serían números “horribles”, algo que también hizo extensivo para los próximos meses, pero no dudó en aseverar que se debe felicitar a Caputo, “si la inflación era del treinta por ciento”.

Es cierto que desde hace muchos años, Argentina está inmersa en un régimen de alta inflación y que el camino que lo construye es policausal y posee componentes exógenos y endógenos entre los que se destacan tres momentos clave: la dictadura de 1976, el menemismo y el macrismo que modificaron aspectos estructurales de la matriz económica y productiva del país.

Pero a la hora de explicarla, se acostumbra a hablar de puja distributiva, es decir, cómo se reparte la riqueza que produce el trabajo, aunque lo que se intenta ocultar bajo esa definición no es otra cosa que un episodio de la lucha de clases.

Otra recurrente argumentación a la que acostumbran a echar mano desde las propaladoras massmediáticas de la clase capitalista, es que hay inflación porque el Estado gasta mucho en áreas como asistencia social, Salud, Educación y el sistema previsional que desde esa perspectiva deberían pasar a manos privadas.

Estos razonamientos resultan tan pueriles como perversos, sobre todo si lo que se busca es justificar que aquello a lo que asistimos en apenas un mes de Presidencia Milei, no es otra cosa que al Segundo Tiempo que prometió Mauricio Macri y, encima, recargado. Y que es difícil obtener un resultado diferente al que exhibe el relevamiento del Indec, si desde La Rosada se perpetra una megadevaluación del 119 por ciento y en simultáneo se desarman todas las herramientas que permitían que el Estado interviniera mínimamente en el control de precios, al tiempo que se desregulan las tarifas que significan costos fijos para pequeños comerciantes, empresarios y familias trabajadoras.

Al respecto, algunos datos reveladores los aporta un reciente trabajo de la Central de Entidades Empresarias Nacionales que, entre otras cosas, da cuenta de que el 55 por ciento de los encuestados se vio obligado a bajar el consumo de carnes y casi la mitad tuvo que hacerlo con los lácteos.

El mismo relevamiento indica que apenas un siete por ciento de los consultados dijo que conserva alguna capacidad de ahorro, el treinta sostuvo que sus ingresos alcanza sólo para las necesidades básicas, casi la mitad señaló que debió reducir gastos y el veinte por ciento reconoció que no llega a fin de mes. Pero a la hora de ubicar responsabilidades sobre la actual situación, entre cuatro y cinco de cada diez de esos mismos encuestados, pusieron su mirada sobre Alberto Fernández, Cristina de Kirchner y Mauricio Macri, y sólo dos lo hicieron sobre Milei.

Por su parte, en medio de este escenario, la consultora Ecolatina advirtió que, en promedio, se puede esperar que la inflación se ubique por encima del veinte por ciento mensual en el período considerado entre diciembre y marzo, lo que hace preveer una caída del salario real superior al diez por ciento para ese período.

Esto plantea una amenaza clara de recesión, ya que en un escenario en el que el consumo privado explica más del setenta por ciento del PBI, la contracción salarial puede ser letal. Y asimismo todo hace indicar que esta situación va a complicar todavía más el panorama del empleo registrado.

Ya desde octubre, los datos que aporta el Sistema Integrado Previsional Argentino, vienen dando cuenta de que se registra una caída sostenida en la cantidad de asalariados registrados en el sector privado. Esto revierte una situación positiva que se venía verificando hasta agosto de 2023.

Y como para redondear este combo, tal como lo explicó por medio de un comunicado el FMI, lo que acaba de firmar con el gobierno compromete a que nuestro país cierre 2024 con un dos por ciento de superávit fiscal, cuando venimos de un déficit fiscal primario del 3,5. Cumplir esta promesa va a representar un ajuste brutal que pone en el ojo del huracán a toda la línea de subsidios - fundamentalmente a la energía-, pero también al sistema jubilatorio que representa lo que este gobierno y el FMI perciben como la situación paradigmática de lo que denominan gasto. Y, en esta dirección, vale recordar que no hace mucho, el propio Caputo adelantó que existe la intención de recortar medio punto del PBI podando jubilaciones.

Pero asimismo, merced a esta renegociación que conlleva un compromiso de acumulación de reservas del orden de los mil millones de dólares, para lo que va a quedar poco y nada es para la importación de insumos para la industria, lo que es una promesa de ajuste en la producción y destrucción de trabajo calificado.

En síntesis, el acuerdo es una vuelta de rosca más en una situación de fragilidad que ya tiene Argentina y que se potencia en medio de un escenario global sumamente volátil en el que las principales formaciones estatales protegen sus economías, mientras que la Presidencia Milei iza la bandera de remate.

Por convicción y sumisión perruna al FMI y todo lo que representa, se fomenta una severa restricción monetaria para buscar desacelerar la economía de forma lo suficientemente drástica como para morigerar la curva inflacionaria ascendente. Y aunque por retracción de consumo, en algún momento, la inflación pueda acomodarse en un rango relativamente aceptable, esto va a dejar un tendal de fábricas cerradas y pérdida de puestos trabajo, así como caída de la actividad y en términos reales de la recaudación impositiva.

Esto es otra de las claves de lo que se viene, ya que atenta contra el objetivo manifiesto del gobierno que es el déficit fiscal primario cero, pero como un perro que se muerde la cola, tal ajuste no puede traer otra cosa que más caída de la actividad económica, lo que provoca despidos y depreciación del salario real. Y el que se queda sin trabajo o gana menos, lo primero que hace es dejar de pagar impuestos, entre otros los vinculados al consumo como el IVA, sencillamente porque consume menos. Esto lleva a que haya más déficit y, por eso, lo que se viene es otra ronda de más ajuste ¿Será entonces cuando aparezca algún iluminado para intentar imponer un DNU que, por ejemplo, reviente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y otras joyas de la abuela? Claro que todo esto podría evitarse si se le cobraran impuestos a quienes se debe cobrar y se pusiera el ojo sobre los grandes evasores, con el mismo rigor con que se pretende condicionar y reprimir a quienes protestan porque tienen hambre, miedo de quedarse sin laburo o a no tener un lugar para vivir porque no pueden pagar el alquiler.

Pero todo esto es impensado para un gobierno que representa una clara expresión de lo que toca en el contexto del actual capítulo de la crisis del capitalismo, que parece haber agotado todas sus respuestas paliativas y que alcanza las dimensiones culturales y sociales muy profundas, exhibiendo el carácter totalitario del sistema en su expansión más cruel que se extiende hacia todos los ámbitos de la vida humana.

Y es con este telón de fondo, con el que es preciso hacer un esfuerzo para fomentar el autoanálisis que ayude a comprender la naturaleza de esta crisis, pero también para evitar que ante ella se vuelva a entrar en automatismos a la hora de reiterar caminos de construcción que ya demostraron que, por lo menos, resultan insuficientes.

Porque lejos de haber nacido de un repollo, este nuevo pustch contra la clase trabajadora que encabeza la Presidencia Milei, es producto de un sistema que aunque en algún momento puede llegar a hacer pequeñas concesiones, tiene por objetivo el blindaje de la propiedad privada, garantizando la defensa de las clases propietarias frente a cualquier intento por parte de los desposeídos de avanzar hacia formas de igualitarismo, esto es, hacia una forma de democracia económica. Y es ahí entonces donde aparece el límite, o el posible límite, a tanta pavada criminógena como aquella a la que asistimos por estos días. Es decir, el hartazgo de la clase trabajadora, del sujeto social de nuevo agredido que es el que debe imponer el límite, pero también es desde donde se tiene que construir otro tipo de soluciones que respondan a una necesidad histórica que es cada vez más evidente.

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