La procuración falló en contra de la reforma previsional de 2017 ¿Se abre el camino para derogarla?
En los últimos días y tras conocerse que el gobierno comprometía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, se conoció una buena noticia: la Procuración General de la Nación ratificó la inconstitucionalidad de una parte de la Ley de Reforma Previsional, sancionada en 2017 y que modificó el cálculo de la movilidad jubilatoria en contra de los jubilados En efecto, el fallo del procurador ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, determinó que el artículo 2 de la ley “provoca un nítido perjuicio económico al jubilado”.
Hay que recordar que la reforma previsional del 2017 fue aprobada por el gobierno a fuerza de represión en las calles. La reforma formaba parte de un “paquete” de medidas que el gobierno, tras las elecciones del 2017, se propuso imponer para profundizar la política de ajuste. En concreto, la reforma previsional del macrismo consistió en un recorte de ingresos mediante un cambio en la fórmula de ajuste en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones.
Tras la reforma, solo en 2018, los jubilados perdieron 53 mil millones de pesos. Sumado a las pensiones y asignaciones, los trabajadores perdieron 64 mil millones. El monto representó más de diez mil por jubilado.
Según Paola Gallo Peláez, abogada especialista en seguridad social, la reforma previsional tuvo su primer paso en la ley que el gobierno denominó de “Reparación histórica”. Gallo Peláez explicó que “por esta ley se creó una Comisión para que presente en los próximos tres años un nuevo proyecto de ley del sistema jubilatorio”. Del trabajo de esa comisión salió el cambio de la ley de movilidad jubilatoria de 2017.
Un punto importante de la Ley de Reparación Histórica es que se alinea con el anexo IV del Informe del FMI de 2016. A partir de este punto, en la ley se crea una nueva prestación que se llama Puam: Prestación Universal para el Adulto Mayor, que equivale al ochenta por ciento de una jubilación mínima. La Puam, advierte Gallo Peláez, es el primer paso para crear un nuevo sistema de jubilaciones que niega el derecho de la jubilación plena a los trabajadores informales. Las consecuencias son severas si se tiene en cuenta que en Argentina, en la actualidad, más del cuarenta por ciento de los trabajadores no están registrados.
Ahora, tras la victoria electoral del Frente de Todos es preciso avanzar en un plan de reformas que genere las condiciones para que trabajadores y jubilados recuperen, además de la dignidad, lo perdido en estos cuatros años que fue mucho. Entre las tareas urgentes para que así sea, será necesario derogar la reforma previsional y diseñar un nuevo esquema que asegure una política de seguridad social integral para trabajadores, desocupados y jubilados.
Una vez más, insistimos desde Nuestra Propuesta, que emprender esta tarea implicará afectar intereses poderosos y concentrados que vienen siendo favorecidos desde hace años, algunos más otros menos: mineras, exportadores agrarios, los bancos, empresas prestadoras de servicios públicos y prepagas de salud.
Para decirlo sin eufemismos, para que los jubilados puedan recuperar algo de lo perdido, se deberán instrumentar medidas de fondo que demandarán una poderosa articulación político-social que resista la reacción de estos sectores y que avance en reformas estructurales que, seguro, incomodarán a muchos.
